Dos directivos de Educación imputados por la explosión en la escuela de Aguada San Roque
La jueza de Garantías tuvo por formulado los cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con homicidio culposo.
La audiencia se retomó hoy y las partes la siguieron por Zoom (Foto: captura de pantalla)
La jueza de Garantías, Laura Barbé, resolvió hoy tener por formulados los cargos contra dos directivos del Consejo Provincial de Educación -CPE- por incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso ideal con homicidio culposo, en la causa en la que se investigan las responsabilidades por la explosión de la escuela Nº 144 de Aguada San Roque, ocurrida el 29 de junio de 2021. En ese hecho murieron dos operarios, Nicolás Francés y Mariano Spinedi, y la maestra Mónica Jara.
Las personas acusadas en esta oportunidad son: el director general de Educación Rural, Fabio Luna, y de la directora Provincial de Nivel Primario, Patricia Cresatti, que se suman a los ocho imputados en una audiencia anterior.
Para Barbé los delitos que se les endilgan a ambos cumplen con lo exigido por la ley en esta etapa. Indicó que la queja del defensor particular, Gustavo Palmieri, tuvo una adecuada respuesta de parte de los acusadores, en cuanto a que hubo incumplimiento de las resoluciones del CPE, de la ley orgánica y del estatuto docente.
Tanto Luna como Cresatti deberán -al menos en esta instancia – ser sometidos a esta investigación para establecer si su incumplimiento tiene relación con las tres muertes.
«Conforme a los fundamentos entiendo procedente y adecuada, la formulación de la investigación pública y privada sobre las personas Luna y Cresatti», dijo Barbé.
En total, los imputados son diez, vinculados tanto al área de Obras Públicas, al ministerio de Educación y a la empresa encargada de la obra.
En la audiencia de abril, la jueza Patricia Lupica Cristo aceptó como acusados al subsecretario de Obras Públicas Roberto Deza, por administración fraudulenta en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público, a Carlos Córdoba, director de Obras Contratadas por estrago culposo agravado por su resultado muerte, en concurso real con administración fraudulenta.
También al director de Obras Contratadas, Raúl Capdevilla, acusado de estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta; al inspector de obra Sergio Percat, por estrago culposo agravado por su resultado muerte, en concurso real con administración fraudulenta.
El resto de los acusados son: el coordinador interinstitucional de la unidad de Planificación e Infraestructura, dependiente del Ministerio de Educación, Gabriel Potas, al que se le imputó incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real con homicidio culposo; Héctor Villanueva, socio gerente de Arte Construcciones; Diego Bulgheroni (representante técnico) ambos por estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta y el constructor Eduardo Afione, acusado por estrago culposo agravado por su resultado muerte.
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