Piden que dos directores del CPE sean acusados por la explosión en la escuela de Aguada San Roque
En el exterior, docentes afiliados al gremio ATEN acompañaron el desarrollo de la audiencia en el edificio judicial de Cutral Co.
En Cutral Co se realizó la audiencia de formulación de cargos (Foto: Andrea Vazquez)
La jueza de garantías Laura Barbé resolverá el viernes si acepta o no la formulación de cargos por incumplimiento de funcionario público con homicidio culposo para dos directivos del Consejo Provincial de Educación, ante la explosión de la escuela Nº 144 de Aguada San Roque, donde murieron tres personas.
Se trata del director de general de Educación Rural, Fabio Luna y de la directora provincial de Nivel Primario, Patricia Cresatti, quienes se suman a los ocho acusados el pasado 26 de abril. En la explosión seguida de incendio que ocurrió el 29 de junio de 2021 fallecieron de manera inmediata los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi. Mientras que el 12 de julio del año pasado murió la docente Mónica Jara, después de permanecer internada.
Esta mañana, la fiscal jefe Sandra González Taboada pidió que tanto Luna como Cresatti sean acusados por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público con homicidio culposo, en calidad de autores. En el mismo sentido, respaldaron la solicitud los abogados de la querella que representan a las víctimas Francés, Spinedi (operarios) y a la docente Jara, además está como querellante el gremio docente ATEN.
González Taboada reseñó lo ocurrido y recordó que la escuela Nº 144 «no estaba habilitada» para el dictado presencial de clases. Para acusarlos la fiscalía relató que Luna no informó al cuerpo colegiado y a la presidencia del CPE que la escuela estaba en obra y no estaba en condiciones de volver a las clases presenciales.
Esa «omisión» hizo que, en cumplimiento de la resolución que indicaba la vuelta a la presencialidad desde el 14 de junio, y como no se la incluyó expresamente, estaban en la escuela el 28 y la explosión fue al día siguiente.
Tampoco se advirtió a la directora Marta Báez y a la Supervisión que hasta «tanto sea habilitada y recibida por el CPE y el ministerio, no debían ingresar ni permanecer en el edifico personal docente, auxiliares y menos educandos«.
Estas dos omisiones derivaron en el inicio de las clases el 28 de junio, y eso hizo que estuviera Mónica Jara el 29 de junio. La fiscal jefe pidió que ambos sean acusados por incumplimiento de deberes de funcionario publico con homicidio culposo.
Desde la querella se indicó que «claramente estamos frente a un caso que presenta complejidades» y dijo que la investigación develó «una serie de incumplimientos» que en resultó en ser una «obra irregular, con contratos irregulares, con una situación con el gas que era clandestina«. Subrayó que no hubo control ni supervisión de los organismos de contralor, con plazos vencidos, y que «había documentación falsificada y se benefició económicamente y de manera indebida la empresa que los ejecutaba«, es decir, Arte Construcciones SRL.
Agregó que «hubo negligencia y desidia por parte de funcionarios debían velar por los docentes y el personal y los estudiantes». Los dos abogados de la querella respaldaron el planteo fiscal y la solicitud de plazos.
A su turno, el defensor particular de Luna y Cresetti, Gustavo Palmieri, pidió a la jueza de garantías que se rechace la formulación de cargos contra los dos. En sus fundamentos se preguntó: «en qué medida la actividad de estas personas (por los funcionarios) hubiera evitado la presencia de la docente en el lugar».
Agregó «¿qué deberían haber hecho? Supuestamente informarles que no debía ir, pero si el motivo por el cual fueron no era ese. No encuentro que hayan observado incumplimiento«. «No veo cómo las personas aumentaron el riesgo de ellos cuando el riesgo lo aumentaron las propias personas que estaban en el lugar», esbozó Palmieri.
Luego dijo que las circunstancias que produjeron la explosión e incendio «tienen que ver con el obrar negligente de otro grupo que está relacionado con la construcción misma» y con «los delitos de la administración pública que no me corresponde a mí ni a las personas defender».
Finamente pidió no admitir la formulación de cargos porque, según la evidencia analizada «el estándar de la causa probable como fundamento de formulación de cargos no se encuentra acreditado» por lo que debe desestimar los cargos».
La jueza Barbé luego de escuchar a las partes les anunció que se iba a tomar el tiempo necesario para resolver y lo fijó en 48 horas por lo que recién el viernes cerca del mediodía dará a conocer su resolución al respecto.
Mientras se realizó la audiencia afuera estuvieron los docentes del gremio ATEN que llegaron desde diferentes seccionales. En la sala, estuvo el secretario general, Marcelo Guagliardo. La audiencia que empezó después de las 9 tuvo al menos dos cuartos intermedios.
La jueza de garantías Laura Barbé resolverá el viernes si acepta o no la formulación de cargos por incumplimiento de funcionario público con homicidio culposo para dos directivos del Consejo Provincial de Educación, ante la explosión de la escuela Nº 144 de Aguada San Roque, donde murieron tres personas.
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