Acuerdan “pausar” un conflicto de tierras entre mapuches y privados en la cordillera
El litigio es por unas 600 hectáreas ubicadas en el departamento Ñorquinco. Hubo una conciliación ante las denuncias cruzadas por una recuperación territorial y por 30 días hábiles no se puede innovar.
Imagen difundida por el Parlamento Mapuche de las edificaciones y candado en un territorio que reclama una comunidad. Gentileza
Las denuncias cruzadas entre la comunidad mapuche Ancalao y un privado, Pablo Pradena, quedaron en pausa con un acuerdo de partes para no avanzar en el conflicto territorial que se desató la semana pasada en la zona de Alto Río Chubut, en la cordillera rionegrina, en la que se dio intervención a la Dirección Provincial de Tierras.
El fin de semana se conoció una denuncia por amenazas a integrantes de la comunidad Ancalao por parte de empleados de la estancia El Foyel, luego de una posesión territorial de referentes mapuches ante el avance de construcciones en un área que reclaman como parte del territorio comunitario.
El fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien, promovió una audiencia conciliatoria de partes en el Juzgado de Paz de Ñorquinco, que se concretó ayer, ante las denuncias cruzadas existentes por la posesión de esta fracción de tierra en la cordillera.
En este contexto, las partes acordaron poner en pausa el litigio por 30 días hábiles, con el compromiso de Pradena de no avanzar en la construcción de la vivienda que realizaba y de la comunidad de retirarse del lugar, mientras que se mantiene el permiso para que una familia de la comunidad tenga su ganado en estas tierras, según informó Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche de Río Negro.
La Dirección de Tierras interviene
El director de Tierras de la provincia, Diego Lawrie, dijo a RÍO NEGRO que en este litigio hay “denuncias cruzadas” y que acudieron a la audiencia convocada por el fiscal que pretende que se “determine a quiénes corresponden los derechos de esa fracción de tierra”. Estimó que la discusión abarca una superficie de unas 600 hectáreas.
El funcionario admitió que la comunidad Ancalao tiene un expediente en la Dirección de Tierras que data de 1935, pero “nunca se fijaron los límites del territorio que ocupa”. En tanto, el privado, Pradena, “detenta una posición de tierras fiscales” cuyo expediente tiene 30 años, que “no fue iniciado por él, fue cambiando la titularidad”, aclaró.
Lawrie especificó que las tierras en disputa están bajo la denominación de Lote 76 de la sección novena, en el departamento de Ñorquinco, y señaló que hay una diferencia conceptual cuando la comunidad mapuche considera “territorio comunitario” y para la provincia son “tierras fiscales”.
La Dirección de Tierras deberá analizar los expedientes que tiene en su poder, tanto de la comunidad como del poseedor privado, en una tarea compleja para dirimir quién tiene razón en este conflicto de intereses.
Rodean estas tierras en conflicto varias estancias privadas de grandes superficies, muchas de capitales extranjeros.
El Parlamento Mapuche denuncia un “modus operandi”
Carriqueo, del Parlamento Mapuche, afirmó a RÍO NEGRO que este caso es similar a otros conflictos territoriales en Río Negro. “La Dirección de Tierras opera en estos casos, sabe donde están las comunidades y son las mismas familias las que aparecen históricamente ligadas al despojo, hacen transferencia de las tierras fiscales de unos a otros hasta que le venden a extranjeros o son testaferros de ellos”, denunció.
Según Carriqueo, en este litigio, inicialmente tuvo posesión de tierras fiscales la familia Sede, luego pasó a manos de Moana y finalmente a Pradere, quien oficia también de capataz de la estancia El Foyel, que pertenece a capitales extranjeros.
El referente mapuche denunció que el objetivo final de este privado sería anexar estas tierras a la estancia que pertenece a propietarios emiratíes y señaló que una de las personas denunciadas por amenzar a la comunidad el viernes, cuando se presentó con la Policía, es el administrador de la estancia El Foyel, Andrés Saint Antonin.
Recordó que en este caso, hubo denuncias e inspecciones de la Dirección de Tierras en reiteradas oportunidades, en 2013 y en los últimos tres años de manera consecutiva. También indicó que la situación de la comunidad Ancalao o la posesión de tierras fiscales en litigio son parte del expediente de la Comisión Investigadora que creó la Legislatura años atrás para investigar la cesión de tierras durante los gobiernos radicales.
“Lo tiene que resolver la Dirección de Tierras, en el mejor de los casos puede haber errores, pero no creo, para nosotros hay voluntad política de vender las tierras a los extranjeros y me temo que sea un negociado. Huele a corrupción”, enfatizó Carriqueo, quien consideró que la “historia del despojo”.
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