Anularon la inhibición de bienes de Gloria Ruiz y la exvice de Neuquén denunció «persecución política»
La expresidenta de la Legislatura obtuvo una resolución a su favor en un tribunal de revisión. También se benefició la exsecretaria de la Cámara. Hubo novedades con la causa en la Corte Suprema.
Un Tribunal de Revisión anuló este martes la inhibición general de bienes que había dispuesto el juez Lucas Yancarelli contra la exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, y la exsecretaria de la Legislatura, María Isabel Ricchini.
En la audiencia, Ruiz dijo que es víctima de «una persecución política» que «arrastra a toda esta gente y causa este dolor», en referencia a los demás imputados.
«Nadie se enriqueció, esto que hoy estamos atravesando, este dolor que sufro yo, mi familia y mi grupo de trabajo se debe a una persecución política. A una semana de las elecciones nacionales me formularon los cargos, y espero que la sociedad neuquina sepa lo que está pasando», agregó ante el Tribunal.
También dijo que «hay mucho dolor en la sociedad debido a esto que hoy por hoy estamos atravesando muchas mujeres y en este contexto que no debería ser».
El descargo de Ricchini
Ricchini, por su parte, se despegó de las dos acusaciones en contra por administración fraudulenta, como coautora y como partícipe. Dijo que la contratación con Big Sur Marketing para realizar videos promocionales provino «del sector de Prensa, no recuerdo bien los nombres».
Agregó que «la prestación se formalizó, hasta participaron empleados, diputados e integrantes del gremio ANEL. No hubo ningún tipo de perjuicio y mucho menos me he beneficiado».
La Casa de las Leyes
Algo similar ocurrió con la contratación de Pedro Ariel Sauer para la impresión de gigantografías y lonas para la Casa de las Leyes, cuyo director era Pablo Ruiz, hermano de la exvicegobernadora.
En ese caso, la exsecretaria de Cámara aclaró que la Casa de las Leyes «por organigrama» que viene de gestiones anteriores «es un área exclusiva dependiente de presidencia», es decir, de Gloria Ruiz. Las contrataciones «ya estaban realizadas, la deuda ya existía».
La formulación de cargos por presunto enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta, y la inhibición general de bienes fueron aceptadas el pasado viernes 17 por el juez Lucas Yancarelli, a pedido de la fiscalía de Delitos Económicos representada por Juan Narváez, Tanya Cid y Facundo Bernat, y la fiscalía de Estado por Gustavo Kohon. En cambio, el magistrado no hizo lugar a la declaración de causa compleja, y otorgó un plazo de investigación de cuatro meses.
Los defensores Alberto Balladini y Maximiliano Chacho Rodríguez (por Ruiz) y Marcelo Muñoz (por Ricchini) pidieron la revisión de la inhibición general de bienes. Este martes, un tribunal integrado por Carolina García, Marco Lúpica Cristo y Juan Pablo Encina Rivero revocó esa parte de la resolución de Yancarelli por «arbitraria», «contradictoria», «violatoria del principio de proporcionalidad», entre otros «vicios que no pueden ser subsanados».
La restitución de la camioneta
Fuera de la audiencia, el abogado Balladini pidió a este diario que se aclare una frase de la crónica de la audiencia de formulación de cargos. Dijo que no dio «un paso en falso cuando le pidió al juez que le restituyan la camioneta Toyota como depositario judicial» y el juez Lucas Yancarelli «le explicó que ese trámite lo debe hacer ante la fiscalía».
«Yo hice lo correcto, se lo pedí al juez, ¿cómo se lo voy a pedir a la contraparte?«, dijo Balladini a este diario.
Consultado el fiscal del caso Juan Narváez, señaló que «el defensor tiene que pedir la restitución de la camioneta a la fiscalía. Si la fiscalía no le hace lugar, se lo pide al juez«.
En la audiencia del viernes pasado, el juez Yancarelli le dio la misma respuesta: «los secuestros no son míos, y en ese marco el que resuelve si hace lugar o no a la devolución es la fiscalía. Si no le es favorable, pide la revisión».
En la Corte Suprema, sin abogados
El planteo de Ruiz ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó a la deriva con la renuncia de su equipo de abogados defensores, encabezado por Carlos Broitman.
Según se informa en el sitio web de la Corte, los abogados Fabián Javier Lekerman, Natalí Ximena Broitman, Patricio Winograd y Carlos Alberto Gerardo Broitman renunciaron por «diferencias irreconciliables» con la estrategia de defensa, una excusa formal cuando no se quieren detallar los verdaderos motivos.
El recurso de Ruiz ante la Corte ya tenía color sepia: le pedía al máximo tribunal que deje sin efecto la suspensión en el cargo de vicegobernadora que dispuso la Legislatura el 27 de noviembre de 2024. Luego se produjo su destitución por «inhabilidad moral» y ahora la formulación de cargos por presunto enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta.
Comentarios