Bariloche: detectan graves desmanejos en la política de tierras durante la gestión Gennuso

Una auditoría realizada por Tribunal de Contralor sobre la gestión del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas durante el gobierno anterior comprobó la entrega de más de 1.700 lotes a adjudicatarios que no reunían los requisitos, además de pagos no documentados y numerosas irregularidades en los manejos contables.

El presidente del Tribunal, Estanislao Cazaux, dijo que lo ocurrido es “escandaloso” y que las actuaciones continuarán ahora con sumarios de investigación contra los funcionarios responsables, en los que “tendrán la oportunidad de defenderse”. Adelantó que varias de las conductas observadas pueden constituir delitos penales.

El informe difundido por el Contralor está restringido a los años 2015 al 2018. Por el gran cúmulo de observaciones decidieron desdoblar la auditoría y dejar los años siguientes (hasta 2021) para una segunda etapa. Pero Cazaux dijo que de acuerdo a las constataciones preliminares, el modus operandi fue el mismo.

El período investigado tomó el último año de gobierno de la exintendente María Martini y los primeros de su sucesor Gustavo Gennuso. Involucra el paso por la presidencia del Instituto de Laura Zannoni (quien ingresó con Gennuso en 2015) y de su sucesor José Mella, quien antes fue vicepresidente. En los años posteriores de la gestión de JSRN también pasaron por la presidencia del organismo Javier Giménez y Paula Meira.

Cazaux dijo que el Instituto “no respetaba la ordenanza de contrataciones”, entregó materiales de construcción sin remito ni comprobantes y acumuló omisiones variadas en el manejo de las cuentas bancarias, cuyos saldos registran desajustes no explicados al cierre de cada ejercicio.

“Sin auditoría, esto iba a quedar en la nada”, dijo el funcionario. Señaló que el resultado del trabajo ya está en manos del Concejo Municipal, que deberá definir si aprueba los balances de los años auditados y qué otros caminos corresponde seguir.

Cazaux realizó su presentación flanqueado por los otros dos vocales del Tribunal, Damián Vila y Esteban Romero. Dijo que “lo más grave fue la entrega de lotes sin ningún parámetro”.

La ciudad acumula desde hace años un grave déficit habitacional y el Instituto de Tierras y Viviendas administró todo ese tiempo un registro de demandantes, con miles de anotados. Pero en los hechos el otorgamiento de lotes se canalizaba por un circuito paralelo, la mayor parte a través de cooperativas y mutuales.

Abusos en la entrega de lotes

Según Cazaux, esa operatoria registró irregularidades de todo tipo, ya que de un total de 3.852 lotes adjudicados en el período, hubo 1.758 (el 45,6%) terminaron en manos de personas que “no se encontraban en el listado” y no cumplían los requisitos.

Explicó que el Instituto en teoría debía documentar qué criterio rigió en la selección de los adjudicatarios, si había un orden de mérito, por ejemplo, con prioridad para madres solas, personas con discapacidad, adultos mayores o solicitantes sin empleo. Pero nada de eso ocurrió.

Según el detalle agregado al informe, de los beneficiarios que accedieron a lotes por el sindicato de Luz y Feurza el 52% de los adjudicados no estaban en el listado de requirentes, que era una condición obligatoria.

Por la Asociación Mututal del Transporte de la Patagonia el 42% de los beneficiarios arrastraban la misma irregularidad, por el gremio Utedyc el 14% y el caso extremo es el del gremio de Saneamiento. Del total de los aspirantes aprobados a través de esa entidad el 93% no estaban en el registro.

Cazaux dijo que la aplicación reiterada de ese criterio fue un mecanismo de “clientelismo político” y una burla a las personas que suelen realizar colas en la oficina de Instituto para anotarse, con la esperanza de recibir un lote.

Otras falencias documentadas son los créditos que se aprobaron de modo discrecional y sin fundamentación alguna, ya que había adjudicatarios que recibían su terreno con un plan de pago a 3 años, otros a 10, y otros hasta 50 años. “¿Por qué esos plazos? Nadie lo dice”, observó el titular del Contralor.

Dijo también que se realizaron y pagaron obras “sin soporte técnico” y que hubo retenciones no rendidas de tributos que correspondían a la Arca (exAfip) y a Rentas de la provincia, lo cual “constituye un delito”. Afirmó que el Instituto “pagaba 28 líneas de telefonía celular” y hay pasajes a Buenos Aires abonados por el IMTV por viajes de sus directivos e incluso familiares.

Señaló que “si el objetivo era solucionar el problema habitacional de las personas, así no lo estaban haciendo”. Consideró además que “si el Instituto fuera una empresa deberia estar cerrada hace rato. Ninguna empresa puede funcionar con una administración fiscal y contable tan paupérrima”.