Conductores alcoholizados deberán pagar los gastos médicos: qué dice la nueva ley de Río Negro
El proyecto impulsado por Fernando Frugoni fue aprobado por mayoría en la Legislatura. La ley apunta a recuperar costos del sistema público de salud y fortalecer políticas de prevención y seguridad vial.
Río Negro cobrará la atención a conductores alcoholizados. Foto: archivo.
La provincia de Río Negro ya cuenta con una nueva ley que obliga a los conductores que provoquen siniestros viales bajo los efectos del alcohol o estupefacientes a reintegrar al Estado los gastos médicos y asistenciales derivados de la atención en hospitales públicos. La norma fue aprobada por mayoría en la Legislatura provincial y publicada en el Boletín Oficial.
La iniciativa establece que quienes ocasionen un accidente mientras conducen alcoholizados o bajo efectos de drogas deberán afrontar los costos que el sistema público de salud haya destinado tanto para su propia atención como para la de terceros afectados.
La ley también contempla otras conductas consideradas «irregulares graves», entre ellas cruzar semáforos en rojo, conducir a velocidades superiores a las permitidas, manejar de forma temeraria o circular sin licencia habilitante o con el carnet vencido.
Cuándo se aplicará la nueva ley
Según el texto sancionado, el recupero económico se aplicará únicamente en los casos en que las obras sociales o compañías aseguradoras no cubran los gastos ocasionados por la atención médica.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de Río Negro, que tendrá a su cargo determinar los montos a cobrar según el nomenclador oficial o las facturaciones emitidas por terceros prestadores.
Además, la reglamentación deberá establecer los mecanismos y plazos para que los responsables puedan realizar el pago voluntario de la deuda.
Qué pasa si el conductor no paga
La norma prevé que, vencido el plazo de pago, el Ministerio de Salud podrá emitir un certificado de deuda con carácter de título ejecutivo. Eso habilitará el inicio de una ejecución fiscal a través de la Fiscalía de Estado de Río Negro.
El procedimiento se apoyará en el Código Procesal Administrativo provincial y en el Código Fiscal vigente.
Otro de los puntos incorporados en la ley indica que quienes hayan protagonizado un siniestro y recibido asistencia en el sistema público deberán realizar una capacitación obligatoria en seguridad vial.
Asimismo, el 20% de los fondos recuperados será destinado a políticas de prevención y concientización:
- Un 10% irá a programas oficiales de seguridad vial.
- El otro 10% será para organizaciones civiles vinculadas a la temática.
Desde Seguridad Vial destacan una baja sostenida de los siniestros fatales
Mientras Río Negro avanza con una nueva ley para cobrar los gastos hospitalarios a conductores que provoquen siniestros bajo efectos del alcohol o drogas, desde el área de Seguridad Vial provincial remarcaron que en los últimos años se registra una caída sostenida de los hechos fatales en rutas y ciudades de la provincia.
De acuerdo a datos oficiales del Observatorio de Seguridad Vial, en 2023 se contabilizaron 68 siniestros fatales con 84 víctimas, mientras que en 2024 los registros descendieron a 54 hechos y 70 personas fallecidas. En 2025, en tanto, se reportaron 45 siniestros fatales y 62 víctimas.
Desde el organismo atribuyeron esta tendencia a los controles preventivos, operativos de alcoholemia y una mayor presencia policial en corredores turísticos y rutas provinciales y nacionales, especialmente durante períodos de alta circulación.
El informe oficial también señala que durante el primer trimestre de 2026 se registraron 14 siniestros fatales y 18 víctimas en toda la provincia. En Seguridad Vial destacaron que los operativos se concentran en accesos urbanos, rutas turísticas y sectores considerados de mayor riesgo.
La ley deberá reglamentarse en 60 días
El Poder Ejecutivo provincial tendrá un plazo de 60 días desde la publicación en el Boletín Oficial para reglamentar la aplicación de la norma.
La provincia de Río Negro ya cuenta con una nueva ley que obliga a los conductores que provoquen siniestros viales bajo los efectos del alcohol o estupefacientes a reintegrar al Estado los gastos médicos y asistenciales derivados de la atención en hospitales públicos. La norma fue aprobada por mayoría en la Legislatura provincial y publicada en el Boletín Oficial.
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