Crece el conflicto millonario por el loteo El Michay en Fernández Oro

El conflicto por el loteo El Michay, en Fernández Oro, no es reciente. Se trata de una disputa que lleva más de una década y que combina expansión urbana, controles municipales, desarrollos privados y la situación de familias que hoy viven en un barrio en crecimiento, pero sin reconocimiento formal.

Mientras los vecinos piden una salida que les permita regularizar su situación y acceder a servicios básicos en condiciones normales, el Municipio sostiene que la chacra donde se asentó el emprendimiento está en zona rural y que nunca fue habilitada para urbanizar. En el medio, un extenso derrotero administrativo y judicial marca el pulso de una discusión que sigue abierta.

Este medio trato de comunicarse con el desarrollador, pero no obtuvo respuestas hasta el momento de publicación de esta nota.

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Un conflicto que inició en 2014 y que actualmente asciende a cifras millonarias

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El conflicto por el loteo El Michay se fue gestando de manera progresiva. Según consta en la documentación municipal, la subdivisión y venta de parcelas comenzó entre 2013 y 2014 sobre una chacra ubicada al sur de la Ruta 22, en una zona que el Código de Planeamiento Urbano clasifica como rural. Desde el Municipio aseguran que, desde las primeras presentaciones, se advirtió a los responsables del desarrollo que el sector no era apto para urbanizar.

Sin embargo, mientras se sucedían los rechazos administrativos, el proyecto avanzó en el plano privado. Las ventas de lotes continuaron y el barrio empezó a consolidarse. Vecinos que compraron en esos años relatan que conocieron la propuesta a través de publicaciones y contactos informales, incluso por redes sociales, y que al momento de adquirir los terrenos no fueron informados de la existencia de un conflicto con el Municipio ni de que el loteo no contaba con aprobación oficial.

La situación derivó en una primera intervención concreta en 2017, cuando el Municipio clausuró el loteo por orden del Juzgado de Faltas y reiteró públicamente que no permitiría nuevas construcciones ni aprobaría escrituras en ese sector. Un año después, en 2018, el Ejecutivo dictó una resolución que declaró formalmente inviable el fraccionamiento, dejando asentado que la chacra se encontraba en zona rural y que la presentación de proyectos no otorgaba derechos adquiridos.

Aun así, el asentamiento siguió creciendo. En 2021, un informe técnico volvió a ratificar que el área estaba clasificada como Zona Rural Irrigada y que no podía ser urbanizada ni incorporada a la red de servicios. Para entonces, el barrio ya contaba con numerosas viviendas y familias radicadas de manera permanente.

En 2022, tras constatarse construcciones excedentes, el Juzgado de Faltas aplicó multas progresivas y el Municipio inició una ejecución fiscal para cobrar las sanciones acumuladas. Ese proceso judicial tuvo un punto de inflexión en junio de 2024, cuando la Justicia rechazó la ejecución por una cuestión formal vinculada al título presentado, sin pronunciarse sobre la legalidad del loteo ni sobre la zonificación del predio. Tras el fallo, el Ejecutivo volvió a iniciar la demanda bajo el formato indicado por el tribunal.

En ese recorrido, el conflicto quedó marcado por decisiones administrativas, avances privados y un barrio que creció mientras la discusión institucional seguía abierta, dando lugar al actual reclamo de los vecinos por una solución que contemple la realidad consolidada del lugar.

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El reclamo de los habitantes de El Michay: «es un total estado de abandono»

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“Nuestro barrio surgió aproximadamente en 2013 como parte del proyecto privado de desarrollo urbano denominado ‘El Michay’”, explican los vecinos del barrio en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Señalan que al momento de comprar se les informó que sería “un proyecto residencial y productivo” y que el terreno contaría con provisión de energía eléctrica a cargo del desarrollo inicial.

Con el tiempo, aseguran, advirtieron que la situación administrativa era distinta. “Este loteo fue realizado de manera irregular, sin las debidas diligencias en la municipalidad, ni las obras correspondientes”, sostienen, y agregan que esa información “nos fue omitida”, pese a que afirman que desde 2014 existía un litigio entre el desarrollo y el Municipio.

También plantean que, aunque hubo medidas legales, “nunca se impidió la continuidad del desarrollo y la venta de lotes a nuevos vecinos”. Hoy describen un barrio “constituido con aproximadamente 200 familias, con niños escolarizados y muchos vecinos realizando actividades laborales en la localidad”.

Sobre el impacto del conflicto, afirman que la disputa entre el Municipio y los desarrolladores, que “actualmente asciende a cifras multimillonarias”, generó “un estado total de abandono” hacia quienes viven allí. Cuestionan además declaraciones públicas del asesor legal municipal y califican como “sumamente grave” cualquier referencia a la demolición de viviendas.

En cuanto a los servicios, explican que Edersa presta energía “como si esto fuese una chacra de gran consumo a través de un único pilar”, con una distribución interna que “no fue hecha correctamente”, lo que deriva en un servicio deficiente. Añaden que el pedido municipal de no ampliar la potencia “profundiza el estado de abandono y precariedad”.

Frente a este escenario, señalan que se organizan como vecinos autoconvocados y que su objetivo es “la regularización del barrio, su anexo al Barrio Isla 10”. Consultados sobre acciones futuras, respondieron: “Algunos vecinos estamos iniciando algunas acciones legales” y, respecto al cambio de zonificación, indicaron que “lo viable siempre fue un pedido de excepción”, aunque consideran que el panorama podría modificarse con “la propuesta de un nuevo proyecto de cambio y creación de nuevas zonas y la regularización de otros barrios en nuestra misma situación”.

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Conflicto en el loteo El Michay: qué dijo el municipio de Fernández Oro

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Desde el Ejecutivo municipal, el responsable del área Legal, Martín Rebaliatti, sostuvo en diálogo con este medio que el origen del conflicto es que el fraccionamiento se realizó en una zona donde la normativa lo prohíbe. “La situación del barrio es que está en zona de chacras. Es una chacra que la han ido loteando de manera irregular, porque nunca tuvo la habilitación”, afirmó.

Según explicó, los propietarios presentaron proyectos desde 2014, pero fueron rechazados. “Tienen varias notas diciéndoles que no, que no se podía hacer porque es una zona de chacras”, indicó Rebaliatti, y remarcó que esas definiciones se mantuvieron a lo largo de distintas gestiones municipales.

En relación con el fallo judicial de 2024, Rebaliatti aclaró que no implicó un aval al loteo. “No es que el tribunal falló a favor del Michay. Lo que dijo es que había que usar otro tipo de documentación para ejecutar la multa”, explicó, al señalar que el rechazo se debió a una cuestión técnica formal y no al fondo del conflicto.

En ese sentido, sostuvo que la sanción sigue vigente. “La multa no se diluyó. Se volvió a iniciar la demanda con el formato de documentación que solicitaba el tribunal”, señaló, y agregó que actualmente el reclamo continúa su curso administrativo y judicial.

El asesor legal también remarcó que cualquier cambio de uso del suelo depende de una decisión política. “La única forma de que esa chacra pueda ser loteable es que el Concejo Deliberante establezca que esa zona es loteable”, afirmó. “Mientras esté prohibido, está prohibido”, insistió, al explicar que la Asesoría Legal debe actuar conforme a las ordenanzas vigentes.

Por último, aclaró que no es intención del Municipio avanzar con desalojos. “No es el ánimo del municipio desalojar”, dijo, aunque subrayó que su función es hacer cumplir la normativa. “A mí me pagan para cumplir las ordenanzas”, concluyó.