Denuncia contra el intendente de Allen y un empresario de medios: como está la investigación judicial
En julio pasado comenzó la investigación preliminar de la fiscalía y se están realizando peritajes contables por la denuncia contra jefe comunal libertario Marcelo Román y Sebastián Ocampo, dueño de una radio y un sitio web.
La investigación que involucra al intendente de Allen, Marcelo Román (La Libertad Avanza), acusado por el delito de peculado, y al empresario de medios Sebastián Ocampo, señalado por usurpación de cargo público, lleva cinco meses de análisis de la información.
El expediente se abrió tras una denuncia del Tribunal de Cuentas de Allen realizada el 2 de julio, que advirtió que Ocampo habría ejercido funciones propias de un funcionario sin contar con ningún nombramiento oficial y, además, utilizaba un teléfono celular pagado por la Municipalidad, con el aval del jefe comunal.
Si bien, la normativa procesal establece que las investigaciones preliminares cuentan con un plazo general de seis meses, durante el cual la fiscalía debe reunir pruebas, ordenar medidas y definir si formaliza la imputación, archiva el caso o solicita una prórroga excepcional. Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, ese plazo no se aplicaría de manera estricta cuando las personas investigadas son funcionarios públicos. Por lo tanto podría haber novedades posiblemente antes de la feria judicial de enero.
Por estos días avanzan los estudios contables que llevan adelante los peritos del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial de Río Negro. La investigación está a cargo de la fiscal María Celeste Benatti, con la supervisión de la fiscal jefa Graciela Echegaray.
Denuncia realizada por el Tribunal de Cuentas de Allen
La fiscal Benatti lleva adelante la investigación contra Román por el presunto delito de peculado, mientras que Ocampo es señalado por su intervención en los hechos y por usurpación de autoridad, figura prevista en el artículo 246 inciso 1 del Código Penal.
Diario RÍO NEGRO accedió a la resolución de la Fiscalía N°4 que dio origen a la causa y que identifica como eventuales imputados al intendente, en calidad de autor de peculado, y al empresario como partícipe del mismo delito y además acusado de ejercer funciones públicas sin título válido.
El hecho investigado abarca un período que va desde fines de 2023 hasta abril de 2025, lapso en el que se estima que Román habría entregado un teléfono celular municipal para uso de Ocampo, quien no tenía ningún vínculo laboral con el Estado local.
En el mismo período, la fiscalía sostiene que Ocampo «habría ejercido funciones públicas municipales sin nombramiento alguno expedido por autoridad competente», un punto central que motivó la intervención del organismo de control.
La denuncia fue presentada ante la fiscalía por integrantes del Tribunal de Cuentas, entre ellas Florencia Torres Castaños y María Belén Villar, junto al asesor letrado Ezequiel Martínez. También figuran los nombres del presidente del cuerpo, Matías Piergentili, y de Facundo Jara Godoy.
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