Después de la polémica por el balcón, ahora Cristina Kirchner reclama por sus visitas: pedido a la Justicia
Este viernes, previo al "banderazo" en su casa, la expresidenta dio a conocer el escrito que sus abogados enviaron al Tribunal que regula su prisión domiciliaria.
Cristina Fernández de Kirchner saluda desde el balcón de su casa. Foto gentileza Clarín - Matías Martin Campaya
Una nueva polémica se abrió alrededor de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. Tras la definición que la autorizó a salir al balcón, ahora la expresidenta reclama por sus visitas. Afirmó que hay una restricción arbitraria sobre quiénes pueden ir a verla. Antes del «banderazo» convocado para este viernes, Día de la Bandera, en su casa, la dirigente del PJ dio a conocer el documento que sus abogados enviaron al Tribunal.
Cristina Kirchner explicó que su queja es porque solo la pueden visitar sus familiares, abogados y médicos que figuren en una lista previa. Cualquier otra persona debe hacer un pedido por escrito al Tribunal y aguardar la autorización.
El pedido se dio a conocer mientras el kirchnerismo convocó a un “banderazo” para este viernes desde las 17 frente al departamento de la expresidenta.
«Un régimen de exclusión totalmente arbitrario», cuestionó Cristina Kirchner
Luego de explicar que solo la pueden visitar sus familiares, médicos y abogados, Cristina Kirchner cuestionó: «el resto de mis relaciones con el mundo exterior… amigos, amigas, compañeros, compañeras… y otras personas que conozco y me vinculo por el sólo hecho de ser una persona que tiene vida… cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización; en un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles».
Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy enviaron el escrito respondiendo a la exigencia del Tribunal de que, en un plazo de 48 horas hábiles, la expresidenta presente una nómina de personas habilitadas a visitarla durante su prisión domiciliaria sin necesidad de autorización judicial, debiendo solicitar permiso fundado para toda persona fuera de esa lista.
Los argumentos son:
- Falta de fundamento normativo y legalidad: Sostienen que la prisión domiciliaria solo impone una restricción ambulatoria y no faculta a los jueces a establecer reglas de conducta adicionales como las planteadas en la resolución impugnada. Dicen que esa facultad solo corresponde en casos de libertad ambulatoria (como la probation), lo que no se aplica aquí.
- Violación a derechos constitucionales: Afirman que la medida afecta derechos no restringidos por la pena, como el derecho a la vida familiar, social y política, citando jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Destacan que Fernández de Kirchner mantiene su rol político activo y que no debe condicionarse el contacto con dirigentes locales e internacionales a una autorización previa.
- Indeterminación e impracticabilidad: Critican que no se explicita la finalidad de la medida ni cómo se resolverán las solicitudes de autorización. Advierten que esto puede generar demoras, discrecionalidad y un sobrecarga innecesaria para el Tribunal.
«¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?», concluyó su publicación de X, con tono irónico, Cristina Kirchner.
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