El comité contra la tortura de Neuquén exigió ser incluido en el presupuesto 2024

La Legislatura de Neuquén no previó fondos para garantizar el funcionamiento del organismo, cuya misión es inspeccionar las cárceles.

El Comité Provincial para la Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles o degradantes fue creado hace 4 años, tardó 24 meses en llegar a la reglamentación y otro año más en la designación de sus integrantes. Durante todo el 2023 solicitaron que se les asigne un lugar y presupuesto para comenzar a trabajar. Ahora quedó fuera del presupuesto para 2024 y exigen que los diputados y diputadas corrijan la omisión.

Los diputados comenzarán en pocos días a tratar el presupuesto que envió el Ejecutivo, por un total de 2,06 billones de pesos. El Comité contra la Tortura presentó un proyecto al presidente la Legislatura, Marcos Koopmann para que la comisión de Hacienda (donde comenzará el debate sobre los números del año que viene) incorpore al Comité contra la Tortura en el presupuesto y los instrumentos de administración del próximo año.

Con forma de proyecto de resolución, el escrito planteó «incorporar en Presupuesto» general de la administración provincial para el ejercicio 2024, el presupuesto del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura creado por ley 3213.

Sus integrantes recordaron que el Comité surgió en respuesta a un mandato constitucional, que a su vez tuvo su origen en los compromisos internacionales adoptados por el país y por la provincia desde 2021, cuando creó por ley la conformación del organismo que se ocupará de velar porque los lugares de encierro en Neuquén sean de trato digno y humanitario.

Recordaron que aunque la entidad provincial tiene funcionamiento administrativo autárquico, los fondos para que actúe deben surgir del presupuesto provincial, por lo que solicitaron la incorporación al presupuesto que estará en debate.

La incorporación en el presupuesto «no solo debe garantizar su operatividad», recordó el Comité, sino que también marca la responsabilidad internacional y nacional de la provincia por el incumplimiento o la falta de puesta en marcha del organismo, al dejarlo sin recursos.


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