El oficialismo busca aprobar la nueva Ley de Glaciares en medio de nuevas denuncias cruzadas
El proyecto para habilitar la minería en zonas actualmente protegidas obtuvo dictamen de comisiones y se vota este miércoles. La mayoría de los cordobeses de Llaryora votará en contra. Más acusaciones de conflicto de intereses.
El oficialismo busca aprobar la nueva Ley de Glaciares.
Urgido por ponerle fin a los cuestionamientos sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo buscará anotarse un triunfo parlamentario con la nueva Ley de Glaciares, que habilita la minería en zonas periglaciares actualmente protegidas. La Libertad Avanza tendría asegurados los votos para sancionar este miércoles la reforma, que continuará su recorrido en tribunales.
Los libertarios y aliados del PRO, la UCR y bloques de San Juan, Catamarca y Misiones se alzaron este martes con el dictamen de mayoría en las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, con 37 firmas de las 66 que componen el plenario. Presentaron dictámenes de rechazo Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica.
La modificación central de la ley consiste en darle a las provincias la potestad de definir qué áreas cumplen una función de reserva hídrica estratégica y cuáles no. La oposición advierte que el cambio es regresivo en términos ambientales porque invierte la lógica de los presupuestos mínimos nacionales y permite a un distrito tomar decisiones que pueden perjudicar cuencas enteras.
Con ese argumento, que se suma a la impugnación a las audiencias públicas por impedir la participación oral de más de 100.000 inscriptos en supuesta violación al Acuerdo de Escazú, distintos sectores ya planean ir a la Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la futura norma.
El plenario donde se firmó dictamen sumó una nueva polémica: los presidentes de las comisiones, los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, solo invitaron a exponer a los gobernadores que impulsan la ley (integrantes de la Mesa del Cobre y del Litio) y excluyeron al resto. Sin embargo, de todos los mandatarios citados, solo estuvo uno: el sanjuanino Marcelo Orrego. El resto envió a funcionarios.
Interesado en distintas inversiones mineras, entre las que se destaca el megaproyecto Vicuña, Orrego habló por Zoom y expresó su “compromiso taxativo” con el proyecto de ley. “Lo dice una persona que vive de una provincia donde el 83% son montañas; imagínense el significado que tiene el agua para nosotros”, dijo.
El mandatario sostuvo que “la minería genera una actividad enorme en generación de empleo directo e indirecto, y en la cadena de proveedores locales”. También destacó que se necesita de la industria que se desarrolla en provincias no mineras, como “la metalmecánica en Córdoba o Santa Fe”.
Conflicto de intereses
La Asociación de Abogados Ambientalistas denunció penalmente al secretario de Minería, Luis Lucero, “por su directa intervención en asuntos que benefician a empresas con las que tuvo vínculos previos”. Advierten que formó parte del estudio Marval O’Farrell Mairal, donde asesoró a empresas mineras del rubro como Xstrata, AngloGold Ashanti y Rio Tinto.
El propio Lucero solicitó en 2025 al Ministerio de Economía excusarse de las decisiones administrativas respecto de proyectos mineros puntuales, reconociendo su rol de asesoramiento legal a empresas. “Me abstuve en expedientes de mis clientes”, admitió al ser acorralado este miércoles por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).
Pese a esto, Lucero defendió la nueva ley y rechazó las críticas. “Decirnos que por esta ley los argentinos nos vamos a quedar sin agua es una mentira. Tratan de generar miedo en la gente que solamente lee un título de un diario o escucha al pasar un comentario periodístico. No es el agua algo que queramos atacar”, retrucó el funcionario.
Además de la denuncia contra Lucero, los abogados ambientalistas ampliaron evidencias en la Justicia por presunto conflicto de intereses de la senadora salteña Flavia Royón, representante del gobernador Gustavo Sáenz y uno de los votos a favor de la ley. También la acusan de trabajar para empresas mineras.
En el mismo sentido, advirtieron por nota a diputados que identificaron más casos de conflicto de intereses. “incluyendo participación en calidad de accionistas o socios, proveedores del sector, tenedores de activos de distinto tipo o familiares de estas personas”. Entre los apuntados figuran Nicolás Massot (Encuentro Federal) y el mendocino Emir Félix (Unión por la Patria).
La postura de los cordobeses
Como adelantó este medio, la mayoría de los cordobeses bajo el ala del gobernador Martín Llaryora votará en contra del proyecto. Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge y Carolina Basualdo fueron los primeros en adoptar esa posición, tal como hizo en el Senado Alejandra Vigo.
“Queremos inversiones en las provincias para hacer realidad el federalismo productivo. Lo que no queremos es que se convierta en el Caballo de Troya en contra de la fuerte dependencia institucional de estas provincias inducida durante años por el centralismo nacional para asegurar, con rigor técnico, los estudios de impacto ambiental que garanticen la sostenibilidad de los proyectos”, fundamentó Gutiérrez.
Y agregó: “Con el agua no se juega. La Constitución no obliga a elegir entre producir y preservar. Lo que sí exige es la conservación del ambiente para las próximas generaciones. Tratar esto con apuro e inmadurez institucional sólo conducirá a la judicialización de la cuestión”.
Alejandra Torres también objeta el proyecto. Aunque aún no blanqueó su voto en contra, advierte que los proyectos mineros avanzan hoy en día sin la reforma, y que además las decisiones de las provincias necesitan alguna validación científica externa. El cordobés restante, Ignacio García Aresca, no respondió a la consulta de este medio y mantiene la incógnita.
Corresponsalía Buenos Aires.
Urgido por ponerle fin a los cuestionamientos sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo buscará anotarse un triunfo parlamentario con la nueva Ley de Glaciares, que habilita la minería en zonas periglaciares actualmente protegidas. La Libertad Avanza tendría asegurados los votos para sancionar este miércoles la reforma, que continuará su recorrido en tribunales.
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