El PRO le pidió explicaciones a un juez de Neuquén por un fallo: respondieron es «un intento de condicionar»

«¿Por qué no se dicta la prisión preventiva del presunto narco, si el fiscal la pide y la funda?». La pregunta se la hizo el bloque de diputados del PRO al juez de Garantías de Junín de los Andes, Maximiliano Bagnat, a través de una nota que recibió en su correo electrónico institucional. El caso que originó el pedido de explicaciones ocurrió en San Martín de los Andes, y terminó con el gobernador Rolando Figueroa participando de la demolición de la casilla donde vivía el acusado.

El 14 de mayo un hombre fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de un arma de fuego de uso civil. El juez que intervino, Eduardo Egea de Chos Malal, le ordenó no comunicarse con sus vecinos y presentarse todos los viernes en la comisaría más cercana a su casa. El 1 de agosto, después de un allanamiento en la vivienda, le encontraron 35 gramos de cocaína, dinero y teléfonos celulares.

Esta segunda formulación de cargos, por tenencia, le tocó a Bagnat, que mantuvo las medidas y rechazó el pedido de prisión preventiva del fiscal jefe Gastón Ávila. El fundamento que usó para solicitarla fue el de la reiterancia: el imputado tenía dos investigaciones abiertas, sin condena firme en ninguna.

El funcionario explicó, según la propia página web de la fiscalía, que el juez no dictó la detención por reiterancia ya que «no es de aplicación automática, y que si no se encuentran reunidos los riesgos procesales de entorpecimiento probatorio o de peligro de fuga, no procede la prisión preventiva aunque haya una nueva formulación de cargos».

Ávila no apeló la decisión.

El acusado está actualmente viviendo en El Bolsón. La última audiencia que tuvo fue vía Zoom, el lunes 1 de septiembre. Egea le impuso concurrir a la comisaría más cercana de la localidad rionegrina, los lunes y viernes, y la prohibición de contacto. La casilla de San Martín fue derribada ante los ojos de Figueroa, el intendente Carlos Saloniti y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, entre otras autoridades.

La fiscalía anticipó que le formulará cargos al imputado por otro delito: amenazar al juez de Faltas que dispuso la clausura primero, y la destrucción del lugar después.

Los argumentos «son malos»

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Marcelo Bermúdez, Damián Canuto, Mercedes Tulian y Verónica Lichter son quienes le enviaron el mail a Bagnat en el que le reclamaron «los fundamentos que lo hayan motivado a decidir la inaplicabilidad de la prisión preventiva en un caso de narcotráfico».

El bloque del PRO promovió la reforma del Código Procesal Penal para incorporar la reiterancia.

En el correo le remarcaron que la Legislatura «asumió la decisión (y responsabilidad) política de brindar a los jueces de la provincia la herramienta jurídica necesaria para coadyuvar a la persecución del delito investigado» pudiendo ordenar la preventiva, a pedido de un fiscal, hacia «un sujeto que hace del delito un «oficio» o «profesión».

«En esa resolución el juez invocó, para no aplicarla, un entendimiento, un criterio que no es propio del Código Procesal Penal de Neuquén, sino que lo hizo con fundamentos del Código Procesal Penal de la Nación», dijo Canuto a RÍO NEGRO.

Cuando se le recordó que Ávila no pidió que esa decisión fuese revisada por un tribunal, el diputado enfatizó: «no, el juez decide, la fiscalía cumplió en pedir la prisión preventiva». E insistió: «el juez me tiene que a mí dar una razón y esto es una explicación razonable, por qué en todo caso queremos entender por qué no se aplica una ley que está sancionada».

Canuto aseguró que no se trata de «un apriete». «Caemos en el delirio de estos tipos de creer que son, por que actúan como tal, que son intangibles, que están en el Olimpo de los ciudadanos», subrayó.

Mencionó que los jueces y juezas de Neuquén no pueden ser evaluados por el Consejo de la Magistratura, como estaba previsto en la Constitución provincial, por decisión de la Corte Suprema, y le bajó el precio al rol de superintendencia que tiene el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). «¿Vos crees seriamente que eso es suficiente cuando la ciudadanía cada vez reclama más transparencia y más claridad en sus funcionarios? Termina siendo una decisión, te diría corporativa, la del control interno de los funcionarios», afirmó.

«Presión indebida»

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Bagnat no respondió el mail, sino que el Colegio de Jueces del interior le contestó directamente a Zulma Reina, la diputada a cargo de la presidencia de la Legislatura.

Planteó que «existen vías recursivas específicas» para cuestionar una resolución. Básicamente: si las partes no estaban de acuerdo con la decisión (en este caso la fiscalía) podían apelar. Señaló que en el sistema procesal penal provincial, las audiencias son públicas y quedan grabadas, por lo que se puede acceder a los videos para conocer los argumentos de un fallo en una determinada causa (salvo las que involucran delitos sexuales).

«El requerimiento directo de explicaciones a un juez por otro poder del Estado, sobre un caso en trámite o resuelto, fuera de esos cauces no se encuentra previsto en nuestro sistema y podría vulnerar el principio de división de poderes, reconocido en el art. 1 de la Constitución Nacional y de la Constitución de la Provincia del Neuquén», agregó el Colegio que reúne a todos los jueces y juezas de Garantías del interior, desde el norte hasta el sur.

Destacó que la función judicial «no se limita a la aplicación automática de las normas, sino que implica su interpretación, ponderación y, en su caso, control de constitucionalidad y convencionalidad».

«La nota vincula explícitamente la decisión del juez con una ley que los firmantes impulsaron y aprobaron, sugiriendo que no aplicarla equivale a frustrar una «decisión política» de la Legislatura. Esto puede percibirse como un intento de condicionar la interpretación judicial de la norma a la voluntad legislativa, cuando la función judicial implica precisamente el control de constitucionalidad y la interpretación autónoma de las leyes», remarcó.

Aseguró que la pregunta de «¿por qué no se dicta la prisión preventiva?» se «acerca a un cuestionamiento público que puede generar presión indebida».

«El control institucional de la función judicial debe canalizarse a través de los procedimientos previstos por la Constitución y las leyes, evitando mecanismos que puedan interpretarse como una forma de presión política o mediática sobre casos concretos«, cerró la respuesta firmada por Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo, presidente y vice del Colegio, respectivamente.

El TSJ: al tanto, pero por ahora no opina

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La Asociación de Magistrados y Funcionarios también se expresó en una nota dirigida a la Legislatura.

Indicó que «más allá de los errores, aciertos y desaciertos que se puedan imputar a la actuación de jueces y funcionarios judiciales y de las críticas que se formulan al Poder Judicial -algunas fundadas y otras no-, la instancia judicial sigue siendo el último bastión que tiene el ciudadano para buscar protección frente a los abusos del poder -político, económico, y de cualquier otra naturaleza-, como así también para dirimir los conflictos que se plantean en el ámbito de la sociedad neuquina».

Además informó de lo ocurrido al TSJ.

RÍO NEGRO consultó oficialmente para saber si sus integrantes iban a pronunciarse. La contestación fue que estaban al tanto pero que «no está previsto el tratamiento en el corto plazo».

Figueroa respaldó la «ley de reiterancia» cuando se discutió en la Legislatura. Fue durante un acto en Casa de Gobierno. Sentado a su derecha estaba el presidente del TSJ, Gustavo Mazieres. El mandatario le entregó en julio por decreto al Poder Judicial un aporte no reintegrable de $24.052.528.394,41 para que tape su déficit.