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En lo que va del año, Desarrollo Social recibió más de $1.600 millones para repartir en planes

La cartera de Abel Di Luca administra tres tipos de ayudas sociales, todos de escasa trazabilidad. No está claro cuántos son realmente los beneficiarios y qué importes reciben.

La millonaria estafa con planes sociales, de la que se van conociendo retazos semana tras semana, terminó de develar la falta de trazabilidad que existe sobre los fondos que administra Desarrollo Social. Algo similar a lo que había ocurrido tras el tiroteo en San Martín de los Andes, cuando el accionar del exempleado Pedró Jofré dejó expuesto un opaco mecanismo de contrataciones vía planta política para cargos sin estabilidad y de alta dependencia con el partido.

Solo en los primeros siete meses del año, el gobierno le transfirió a Desarrollo Social más de 1.610 millones de pesos para destinarlo a los programas de familia, desocupación laboral o subsidio social transitorio, los mismos que fueron utilizados para desviar fondos en la maniobra fraudulenta.

El gobernador Omar Gutiérrez y el ministro Abel Di Luca firman mensualmente los decretos con la asignación de un monto para cada programa, habitualmente a período vencido. Por ejemplo, el 22 de julio aprobaron los correspondientes a ese mes por unos 285 millones de pesos en total.

La cantidad de beneficiarios a los que asiste la provincia y su selección es por demás poco clara. Según dijo el propio director de Gestión de Planes Sociales, Ricardo Soiza, en una entrevista con RÍO NEGRO en junio pasado, son entre «23.000 y 24.000» personas.

Por la información oficial que pudo recabar este diario, en enero se previó para este año un universo de 6.000 beneficiarios de los tres programas de familia: los de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, los de Protección Integral al Adulto y la Familia y los de Protección Integral al Adulto Mayor.

En cuanto al subsidio provincial para la Desocupación Laboral, el presupuesto del 2022 fijó un universo de 10.000. Y para el Subsidio Social Transitorio, se estimó a principios de año una población alcanzada de 13.250 beneficiarios.


Beneficiarios e intermediarios, otro gris


Cómo se eligen, cómo se contactan y cómo es el trámite hasta que la persona obtiene su cobro, es aún menos rastreable. En algunos casos como el del subsidio transitorio, la provincia firma convenios con organizaciones sociales para que sean ellas quienes gestionen la ayuda.

Río Negro pudo acceder a las que hicieron de intermediarias en 2020, el primer año de pandemia (y de la estafa), pero en los últimos convenios esa información no está detallada. En el año mencionado, la provincia gestionó las ayudas con la asociación Petu Mongem (Esperanza De Vida), Un Día Diferente, la asociación civil Norma Plá, Luchando por el Oeste, Raíces de Mi Tierra, Manos Solidarias, Esperanza y Vida, Capacitación por Neuquén, Pensamiento Entramado para la Construcción de Subjetividad, Awkinko, Barrios Unidos en Acción, la sociedad vecinal de Don Bosco III, Club Valentina Sur y la fundación Incluir para la Igualdad.

Ese año, el total de dinero que se destinó a los tres programas sociales fue de unos 1.200 millones de pesos, siendo el de subsidio social transitorio el de la erogación más elevada: 556,4 millones.

En el 2021, la cifra total para los planes sociales creció un 68%, con cerca de 2.014 millones distribuidos según los decretos oficiales. Al subsidio transitorio le corespondieron 874,6 millones de pesos.


El monto y la firma


La mayoría de los decretos que autorizan las partidas mensuales para el programa de Subsidio Social Transitorio facultan al ministro de Desarrollo Social (Abel Di Luca desde diciembre del año pasado y, antes, Adriana Figueroa) o al funcionario que designen a «establecer los importes a asignar a cada uno de los beneficiarios».

El dato no es menor pues, de esa maraña administrativa, podría develarse quién ponía la firma para que subsidios que originalmente eran de 8.000 o 9.000 pesos crecieran a 49.000 sin que la persona a cobrar lo supiera.

En el caso de los subsidios de Desocupación Laboral, autorizan a la Dirección Provincial de Administración del ministerio de Desarrollo Social y Trabajo «a liquidar y pagar los importes correspondientes a cada uno de los beneficiarios».


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