El caso Jofré expuso un aceitado sistema de pases entre el gobierno de Neuquén y los gremios

El tirador de San Martín de los Andes obtuvo un puesto en el Estado a través de una planta política, pero al poco tiempo lo licenció ATE. Es afiliado al MPN y trabajó antes en empresas de limpieza y mantenimiento que son proveedoras del gobierno provincial en tareas tercerizadas.





«¿Sabías que para UPCN el convenio colectivo de trabajo es solo para los que trabajan?». La protesta que hacía un afiche de la conducción «Verde y Blanca» de ATE contra el accionar de su sindicato adversario en la paritaria del ministerio de Desarrollo Social adquirió, desde el viernes pasado, insólito sentido.

Ahora se conoció que Pedro Jofré, el militante del sindicato que disparó con una arma calibre 32 en plena protesta en San Martín de los Andes, había obtenido un puesto en la administración pública a través de una curiosa forma de contratación de ese mismo convenio y que fue poco lo que llegó a trabajar.

Ingresó en planta política sin necesidad de ningún concurso para tareas que se describieron de «mantenimiento» y, al poco tiempo, ya había obtenido “una especie de licencia gremial” para mudarse a las oficinas de ATE.

Ni el propio ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, pudo clarificar el aceitado mecanismo de pases entre el gobierno y los sindicatos que quedó expuesto con el tiroteo de Jofré, también afiliado del Movimiento Popular Neuquino.

Antes de su ingreso al Estado, el ahora imputado había pasado por empresas como Carlos Barceló y Falken SRL, habituales proveedoras del Estado en tareas que mantiene tercerizadas, justamente como las de mantenimiento que se le asignaron por contrato en el 2019.

El convenio colectivo de trabajo de Desarrollo Social se aprobó en el 2017, luego de que se mantuviera paralizado durante años por diferencias en cuanto a la representación paritaria que debían tener UPCN y ATE. Es uno de los pocos sectores donde quedó en minoría el gremio que conduce Carlos Quintriqueo, quien presentó una cautelar para que los diputados no lo ratifiquen cuando llegó a la Legislatura, que no frenó su aprobación.

Una de sus cláusulas permite la contratación de personal en «cargos excluidos del convenio», aunque no especifica que lo hagan bajo la figura de planta política.

Pocos datos oficiales


El descontento de ATE con el resultado del texto que se negoció con mayoría de UPCN no impidió que también lo utilice para casos como el de Jofré.

Ningún dato público permite determinar qué cantidad de contratos hay en esa condición ni cuántas licencias gremiales tiene otorgadas y en vigencia el gobierno. El presupuesto aprobado para este año autorizó al ministerio de Desarrollo Social un plantel de 3.443 empleados en planta permanente y 638 temporarios, pero no contiene detalles sobre contrataciones en planta política.

Según el decreto 1522 que difundió el gobierno, el contrato de Jofré fue dado de baja el mismo viernes del tiroteo. También fue suspendida su afiliación por 90 días, por decisión de la comisión directiva nacional del sindicato.


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