Estafa con planes sociales en Neuquén: la última perito de la fiscalía expuso las inconsistencias patrimoniales de los imputados

La última testigo de la fiscalía en el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén se encargó de exponer lo que consideró inconsistencias patrimoniales, fundamentalmente del exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, y de Néstor Sanz, exdirector de Fiscalización de esa Unidad, funcionarios durante la segunda gestión del gobernador Omar Gutiérrez. En resumidas cuentas: aseguró que no tenían capacidad económica suficiente para justificar sus bienes.

Melisa Benítez Jaccod fue quien elaboró junto a Agustina Martínez el informe técnico contable que sostiene gran parte de la acusación de los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez.

En su declaración de ayer explicó cómo sobre la base de la información provista por ARCA (exAFIP) había detectado estas inconsistencias.

En relación a Marcos Osuna, exjefe del departamento de Gestión de Programas, la testigos señaló que: «observó un alto nivel de endeudamiento, a nivel financiero se observó situaciones de solicitar constantemente préstamos personales«. Agregó que realizaba muchas transferencias a sitios de apuestas, pero no aludió a ningún desfasaje entre ingresos formales y bienes adquiridos.

En el caso de lo que denominó la «pareja Sanz-Montoya» (Isabel, también imputada) hizo hincapié en que ella había obtenido el alta del monotributo el 10 de noviembre de 2022. Reportó como actividad económica servicios en un centro de estética, cuyo domicilio fiscal era Nicaragua y Costa Rica de Centenario. También mencionó dos recibos, cada uno por 8.000 dólares, que eran parte de las cuotas para cancelar un terreno en un barrio cerrado de Plottier valuado en 34.000 dólares (en conversión a pesos equivale a $8.547.140).

Para la contadora entre el patrimonio de inicio del grupo familiar y el de cierre (en el que cuenta además del loteo en Fincas del Nogal una Toyota Hilux), en el que se contrastan las remuneraciones que habían recibido, los gastos realizados y sus bienes, hay una inconsistencia valuada en $11.274.067,86.

En cuanto a Soiza, la testigo dijo que no sólo resguardó los fondos obtenidos en la «caja azul», sino que destinó parte del dinero a cubrir costos de mantenimiento de su local de comidas «El Faraón».

Esta conclusión, afirmó, surge de la información brindada por ARCA que indicó que el local tenía la CUIT inactiva por falta de presentación de declaraciones juradas. El total de compras en el período septiembre de 2021 a julio 2022 fue de $7.343.382,82, mientras que el total de ventas declaradas ascendió a $347.655,10.

Planteó que los ingresos de «El Faraón» (en el que computó las acreditaciones bancarias y las ventas) fueron de $8.909.214,10 mientras que los gastos (incluidos los salarios del personal) superaban los $14.220.459,20, por lo tanto la inconsistencia patrimonial escaló a $5.311.245,10.

Comenzarán a desfilar los testigos de las defensas

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Hoy la jornada estará dedicada al contraexamen de Jaccod, a partir de su declaración de ayer.

Desde el jueves 21, el tribunal comenzará a escuchar a los y las testigos ofrecidas por las defensas. Entre ellas está citada la excontadora general de la provincia, Esther Felipa Ruiz, que ya fue agendada para el próximo martes 26.

De acuerdo a la planificación original el juicio, que inició el lunes 21 de julio, se iba a extender hasta el 12 de septiembre, pero las partes desistieron de varios testigos, por lo que el número se redujo y las audiencias podrían finalizar antes de lo previsto.

En esta etapa se juzga la responsabilidad de 14 personas imputadas. Si son declaradas culpables habrá otro debate para determinar la pena.