Estafa con planes sociales en Neuquén: por qué hubo condenas a prisión y otras en suspenso
De las 12 personas condenadas, ocho recibieron penas de cumplimiento efectivo -irán a la cárcel si la sentencia queda firme-. El Tribunal diferenció la responsabilidad y la situación personal de cada una.
Abel Di Luca y Ricardo Soiza, responsables de los grupos Anaya y Rivadavia, dos de los que recibieron las penas más altas. (Matías Subat)
Cuando la fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén presentó su acusación por la estafa con planes sociales, en septiembre de 2023, diferenció los cinco niveles en los que estaba organizada la banda. Por entonces hablaba de una asociación ilícita con jefes, colaboradores inmediatos, reclutadores, extractores y beneficiarios. Las penas que se dieron a conocer este jueves respetan muy poco aquel orden jerárquico porque los jueces, luego del juicio más extenso de la historia provincial, les asignaron otras responsabilidades a cada uno de los 12 condenados.
Las condenas más altas, 5 años de prisión efectiva, fueron para el exministro de Desarrollo Social, Orlando Abel Di Luca, el excoordinador Provincial de Administración, Tomás Siegenthaler, y el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza.
Es la única coincidencia plena: los jueces Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla les atribuyeron la máxima responsabilidad en la maniobra, y para los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez, y el representante del fiscal de Estado Gustavo Kohon, ocupaban el Nivel 1, jefes de la asociación ilícita.
Di Luca «participó activamente»
«Di Luca ocupó un cargo de subsecretario, luego fue ministro, era quien realizaba o suscribía los actos administrativos, participó activamente y con conocimiento de la maniobra», dijeron en en veredicto.
En la sentencia de responsabilidad habían destacado con mayor relieve: el exfuncionario «fue parte de la arquitectura de las maniobras defraudatorias, era consciente y ejecutor principal de un esquema sistemático de desviación de fondos públicos destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad, traicionando la confianza pública y violando los deberes más elementales de su cargo, todo ello con plena consciencia de la ilicitud de su conducta y con la voluntad deliberada de consumar el delito durante un período prolongado de tiempo».
«Rol protagónico» de Soiza
Respecto de Soiza, dijeron el jueves en el veredicto que «era la persona de mayor jerarquía que recibía todo el dinero recaudado de estas maniobras». Aunque siempre negó su responsabilidad, «no cabe ninguna duda del rol absolutamente protagónico que tuvo en esta administración fraudulenta», dijeron los jueces.
Siegenthaler y la falsa contabilidad
En cuanto a Siegenthaler, «recibía todos los mails de las planillas que se utilizaban para pagar, pero luego se registraba contablemente otra cosa. Toda esta falsa contabilidad de la administración de los planes sociales no se podría haber llevado a cabo sin su activa participación«.
Sánz y Osuna, los cabecillas que no fueron
Para la fiscalía, en el Nivel 1 también están Néstor Pablo Sánz y Marcos Ariel Osuna. El Tribunal tiene una opinión distinta, incluso les aplicó diferentes penas: 4 años y 6 meses y 4 años, respectivamente, ambos de cumplimiento efectivo.
«Sánz se encontraba en un nivel jerárquico superior», dijeron expresamente en el veredicto. «De hecho, en alguna oportunidad, reemplazó a Soiza mientras estuvo de licencia». Añadieron que «participó en esta maniobra durante todo el período» y su contribución «fue sumamente importante».
En cuanto a Osuna, «su rol también fue destacado, y sin ser máxima autoridad de la repartición era un pequeño coordinador de esa área».
Gallo y Oviedo, el Nivel 2
En el esquema de trabajo de la fiscalía, el Nivel 2 lo ocupaban al auditor contador Julio Arteaga; José María Gallo; Carolina Reznik (ambos directores Generales de Finanzas) y Julieta Oviedo (directora de Tesorería).
Gallo y Oviedo fueron condenados a 3 años y medio de prisión efectiva. El primero tuvo una participación acotada en el tiempo porque se jubiló, pero «lo encontramos responsable de autorizar el libramiento de cheques y los pagos (de subsidios) a empleados de la administración pública» sabiendo que no podían cobrarlos.
Oviedo «era una funcionaria pública que integraba el servicio financiero permanente bajo el ala de Tomás Siegenthaler. Ha participado completamente en toda la maniobra«.
Reznik, un escalón más abajo
¿Y Reznik? Su rol era gestionar los expedientes administrativos, y salió de Nivel 2 por varias razones: el corto tiempo que ocupó el cargo de directora de Finanzas (luego de la jubilación de Gallo); su condición de madre; uno de sus hijos padece serios problemas de salud. Le aplicaron 3 años de prisión en suspenso.
Arteaga tendrá un juicio aparte cuando mejore su salud.
Alfredo Cury, un caso especial
El abogado Alfredo Cury ocupaba un lugar en el nivel 5, los beneficiados con la maniobra, y recibió una pena de prisión efectiva: 3 años y 6 meses.
El veredicto le dedicó varios párrafos a su situación. «En todo momento el doctor hizo hincapié que solo se le había reprochado el cobro de 10 cheques. Si bien esto es cierto, esos cheques forman parte de una forma de contribuir a una operación que tiene todo este impacto. Se trata de dinero destinado a personas en situación de vulnerabilidad en un complejo de acciones para financiar un partido político. Y esto es grave».
Destacaron también que el imputado «en todo momento negó haber trabajado en la administración pública» y se demostró que tiene nueve años de antigüedad en el Estado. Además reconoció que trabajó para el diputado Claudio Domínguez, «que casualmente aparecía dentro de la evidencia ofrecida por la fiscalía como liderando un equipo de referentes políticos que recibían dinero».
Recordaron también que cometió los nuevos delitos antes de que le otorgaran el sobreseimiento por una suspensión de juicio a prueba concedida en agosto del 2019.
Y por último, dejaron sentado que una de las pautas a evaluar es la actitud del imputado posterior al delito. «Sobre este punto, la imagen de Cury al ir reclinado en el asiento de un auto conducido por Osuna, recorriendo los domicilios de las personas investigadas para recolectar dispositivos electrónicos, teléfonos y computadoras para sustraerlos de la investigación, tal lo retratado por distintos testigos en la primera etapa de juicio, excede por mucho el rol de un abogado defensor y muestra una conducta que no permite realizar un pronóstico de reinserción social favorable».
Prisiones en suspenso
Por último, el Tribunal dictó prisiones en suspenso para quienes ocupaban el Nivel 4 en el organigrama de la fiscalía: Isabel Montoya, Valeria Honorio y Emmanuel Victoria Contreras.
Eran extractores y reclutadores, no administraban fondos ni se demostró que se quedaran con dinero. Por ese motivo , los jueces tampoco hicieron lugar al decomiso de sus bienes (inmuebles y automóviles).
Las dos mujeres, además, tienen hijos a cargo.
El detalle
En síntesis, las penas fueron las siguientes:
Ricardo Soiza, Tomás Siegenthaler y Orlando Abel Di Luca: 5 años de prisión efectiva
Néstor Pablo Sánz: 4 años y 6 meses de prisión efectiva
Marcos Osuna: 4 años de prisión efectiva.
Julieta Oviedo, Luis María Gallo y Alfredo Cury: 3 años y 6 meses de prisión efectiva.
Laura Reznik, Isabel Montoya, Valeria Honorio y Emmanuel Victoria Contreras: 3 años de prisión condicional.
En todos los casos la accesoria de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Cuando la fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén presentó su acusación por la estafa con planes sociales, en septiembre de 2023, diferenció los cinco niveles en los que estaba organizada la banda. Por entonces hablaba de una asociación ilícita con jefes, colaboradores inmediatos, reclutadores, extractores y beneficiarios. Las penas que se dieron a conocer este jueves respetan muy poco aquel orden jerárquico porque los jueces, luego del juicio más extenso de la historia provincial, les asignaron otras responsabilidades a cada uno de los 12 condenados.
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