Estafa con planes sociales: una de las acusadas figura como titular de un lote valuado en 34 mil dólares

Fincas del Nogal es un barrio cerrado de Plottier. Uno de los terrenos de ese loteo figura a nombre de Isabel Montoya, imputada en el juicio por la estafa con planes sociales de Neuquén. La fiscalía le intentó demostrar hoy al tribunal que el patrimonio de la acusada, pareja de Néstor Sánz, señalado como uno de los líderes de la asociación ilícita, no se condice con sus ingresos.

Para esto citó como testigo al administrador del consorcio del barrio, quien dijo tener en su poder el documento que acredita el cambio de titularidad. Allí consta que originalmente el lote era de César Rubén Tarifeño y que en 2022 se lo vende a Montoya por un valor de 34 mil dólares. Ella indica que va a cancelar la deuda en tres cuotas de 8 mil dólares, además de entregar como parte de pago un auto Chevrolet Cruze.

El administrador sostuvo que Montoya había informado que ante cualquier requerimiento dejaba el número de celular de Sánz.

En el interrogatorio la defensa de la acusada planteó que el terreno es un baldío (no hay construcciones allí) y que aún no se escrituró, por lo que continúa a nombre de Tarifeño.

La fiscalía convocó, además, a un inspector de comercio del municipio de Centenario con el fin de acreditar que la imputada había tramitado una licencia para abrir un centro de estética en la ciudad.

En lo que va del juicio ya se mostró como Sánz y Montoya retiraban dinero de un cajero automático del BPN (los tomó la cámara de vigilancia). En su declaración de 2023 ante la fiscalía el acusado relató que empezó a trabajar con Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales e imputado, el 10 de diciembre del 2015, con el primer gobierno de Omar Gutiérrez.

Apariencia de legalidad

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En la audiencia de hoy también asistió un contador que es auditor mayor de la Contaduría General de la Provincia. Fue el que supervisó el trabajo que hizo la testigo que declaró ayer.

Aseguró que de enero a junio de 2022 detectaron que no coincidía el listado de beneficiarios que enviaba el ministerio de Desarrollo Social, y variaba mucho el dinero que recibía cada uno por el mismo subsidio. Lo único que se mantenía invariable era el monto total.

Afirmó que esto le extrañó por que en general un programa tiene una asignación fija, por ejemplo en Nación, uno de los parámetros es el salario mínimo, vital y móvil.

Aquí había personas que aparecían cobrando 7.000 pesos y otras 8.000 pesos, sin razón aparente, ya que lo que se investiga es que justamente el monto del subsidio era superior y el resto se lo quedaban quienes participaban de la maniobra. E incluso se sospecha que una porción del dinero iba a financiar campañas del MPN, el partido que gobernó hasta 2023 la provincia y tuvo en sus filas al actual mandatario, Rolando Figueroa.

El testigo consideró que se intentó «dar una apariencia de legalidad haciendo coincidir los montos totales» de cada mes. Contó que es la primera vez que ve algo de este volumen, ya que los errores que suelen existir son más bien de tipeo. Precisó que a partir de 2024 cambió el procedimiento administrativo y sugirió que tuvo que ver con esta causa.

La estafa, a valores actualizados, está por encima de los mil millones de pesos. Se apropiaron por lo menos del 18% de los fondos destinados al subsidio a la desocupación laboral, sólo en la franja que va desde el 30 de septiembre del 2020 al 31 de julio del 2022.

Soiza sigue con domiciliaria

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El tribunal le cedió esta mañana la sala 12, donde se realiza el juicio, al juez de Garantías Luis Giorgetti para que defina si Soiza podía recuperar la libertad.

Ese fue el pedido que hizo su defensor, Alfredo Cury. Argumentó que el imputado no puede permanecer más en prisión domiciliaria, ya que las y los testigos que tenían temor de declarar se presentaron ante el tribunal, por lo que no existe según su perspectiva peligro de entorpecimiento. El fiscal Juan Manuel Narváez se opuso.

Giorgetti manifestó que la medida está vigente hasta el 25 de septiembre y el juicio en marcha. Con lo cual no se puede hablar de un proceso concluido. Además de que si finalmente Soiza es declarado responsable, las y los testigos podrían ser requeridos nuevamente para la etapa de imposición de la pena.