Estafa con planes sociales: una funcionaria declaró que el gobierno de Figueroa paga 7.500 subsidios por desempleo

Claudia Braceras es funcionaria del ministerio de Trabajo desde el 10 de diciembre de 2023 y fue una de las testigos ofrecidas por la fiscalía en el juicio por la estafa con planes sociales. Explicó que el aporte que entrega el Estado provincial hoy a quienes están desocupados se llama «incentivo económico a la empleabilidad» y se paga a 7.500 personas. La acusación quiere demostrar que la gestión anterior, en la cual se produjo la defraudación, tenía un sistema desprolijo y discrecional de asignación de subsidios.

En el interrogatorio, el fiscal jefe Pablo Vignaroli le preguntó a la testigo cuáles son los requisitos para postularse a esta ayuda. Braceras, que ocupa el cargo de subsecretaria de Atención a la Ciudadanía y Coordinación General de Gestión, dijo que las personas tienen que ser mayores de edad, residir en Neuquén, tener «el negativo de Anses», esto es una constancia que indica que no registran aportes en el último trimestre, además de que un equipo profesional evalúa su situación de vulnerabilidad. Para permanecer deben comprometerse a concurrir a capacitaciones.

En esta causa sólo se juzgó la estafa cometida con el otorgamiento del subsidio provincial para la desocupación laboral, que dependía del ministerio de Desarrollo Social entre 2020 y 2022, y la apropiación indebida de esos fondos. La administración del subsidio social transitorio está siendo investigada en otro legajo. Ambos se «reconvirtieron» en este incentivo.

Cuando asumió Rolando Figueroa como gobernador puso en cabeza del ministerio de Trabajo la asignación de estos aportes. En ese momento las personas que cobraban estos subsidios debían presentarse, en el caso de Neuquén capital, en el Ruca Che para ser censadas.

Según declaró Braceras la gestión de Omar Gutiérrez entregó unas planillas Excel que registraban entre 25.000 y 27.000 beneficiarios. «No estaba muy sistematizado», remarcó. En el relevamiento se presentaron «menos de 11.000» personas y actualmente son 7.500 las ayudas que se pagan a través del Banco Provincia de Neuquén.

Precisó que ella misma recibe de la auditoría del ministerio el listado con las altas y las bajas todos los meses. En el caso de las personas que comienzan a percibir el incentivo tienen 48 horas para abrir personalmente su cuenta. A través de un correo electrónico la funcionaria avisa al banco que están autorizadas a recibir el aporte.

Mencionó que cuando se hizo el censo en el Ruca Che aparecieron referentes que «venían con 100 o 200 DNI» para anotar personas. Subrayó que eran «vecinalistas, punteros del MPN o de organizaciones sociales». Se les contestó que esto era «sin intermediarios» y que el trámite lo debía hacer cada uno de los beneficiarios.

«Las personas nos preguntaban si no iban a necesitar un referente», recordó, por qué eran quienes los habían acercado a ese plan social, cuya retribución era asistir a marchas o entregarles parte del dinero.

El defensor e imputado, Alfredo Cury, le consultó si no había informado a la fiscalía sobre estos referentes que venían con documentos ajenos. La testigo, que además es abogada, respondió que eso no constituía en sí mismo un delito.

Como en esta parte del proceso el tribunal debe definir la pena que les cabe a cada una de las 12 personas condenadas por administración fraudulenta, los acusadores necesitan probar la extensión del daño. Por eso hoy declaró también un abogado de la fiscalía de Estado (la provincia es querellante en esta causa) que manifestó que se tramita una acción procesal administrativa contra los imputados que eran empleados públicos, por el perjuicio ocasionado al Estado, y dos demandas en el fuero civil contra quienes no lo eran.

Además se presentó una contadora, que es coordinadora de gestión centralizada de Recursos Humanos, para describir la antigüedad en el Estado y los cargos que ocuparon los imputados. Si eran o no funcionarios públicos no es un dato menor: eso los inhabilita acceder a una suspensión del juicio a prueba. Ninguno tenía sanciones disciplinarias previo a noviembre de 2023, cuando se les abrió un sumario administrativo a raíz de esta causa.