Incendios forestales en Chubut: la causa judicial y el duro mensaje del gobernador Nacho Torres

Trata de establecer las responsabilidades penales. Presentaciones de instituciones y particulares. El gobernador Torres pidió que los culpables “se pudran en la cárcel”.

El desastre provocado por los incendios forestales en la cordillera de Chubut llegó a la justicia. La sede Fiscal Descentralizada de la ciudad de Esquel, a cargo del fiscal federal Santiago Roldán, inició una investigación penal para determinar la posible responsabilidad de funcionarios en el manejo del fuego.

Incendios en Chubut: un fiscal federal investiga a funcionarios


Tras varias denuncias de entidades y privados, Roldán busca establecer si existió incumplimiento de los deberes de funcionario público en la tarea de extinguir el fuego que se inició el 8 de diciembre en el Parque Nacional Los Alerces por la caída de un rayo, pero que recién se comenzó a combatir un día después.

La situación generada en el parque, que como informó RÍO NEGRO se reactivó en los últimos días provocando uno de los incendios forestales más graves de la historia, provocó el despido del intendente del lugar, Danilo Ocaño. Fue reemplazado por Ariel Rodríguez, un experimentado guardaparques, quien ya estuvo en el lugar.

La intervención de la Justicia Federal coincide con un reclamo formal de la Cámara de Turismo de Chubut (CATCH), que solicitó la renuncia de las autoridades locales del Parque, finalmente concretadas. La entidad empresarial denunció “errores estratégicos” y una cadena de omisiones que, según su planteo, agravaron las consecuencias del fuego. La investigación estuvo fundamentada en los informes del comando de incidentes y de dos denuncias penales presentadas por particulares.

Hay que recordar que el mismo 9 de enero pasado un grupo de vecinos solicitó que se investigue el accionar oficial por la posible comisión de delitos ambientales y funcionales. Y que el 22 de este mes la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces amplió la acusación hacia figuras penales como “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos”. La presentación describe un marco de “imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos” en las primeras etapas del combate al fuego.

Por las denuncias, Roldán ordenó una serie de medidas de prueba, tales como pedidos de informes a la Administración de Parques Nacionales (APN) y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Además, dio intervención a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Policía Federal Argentina para realizar pericias técnicas con la aclaración de que la instrucción avanza “cuidando de no afectar las tareas de combate del fuego” que continúan activas.

En Chubut ya se quemaron más de 35 mil hectáreas. Y la gravedad de los incendios aumentó en los últimos días debido a las condiciones climáticas. Altas temperaturas y fuertes vientos fueron determinantes para que las llamas avancen sin control en varias zonas de la cordillera chubutense, provocando un verdadero desastre ambiental nunca antes visto. La ausencia de lluvias fuertes y persistentes representa otro factor que impide el control del fuego.

Además del avance de la investigación, la Cámara de Turismo de Chubut elevó un informe al presidente de la APN, Sergio Martín Álvarez, en el que calificó el accionar de las autoridades como un “grave incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones”. De acuerdo a lo que confirmó este medio, la tarea llevada adelante por el fiscal federal apunta a funcionarios nacionales responsables del SNMF.

El documento que presentó la cámara cuestiona la capacidad de respuesta inicial. Si bien el incendio se habría originado por la caída de un rayo entre el 6 y el 8 de diciembre en el brazo sur del lago Menéndez, el foco recién fue detectado el día 9. Para la Cámara, el despliegue posterior fue insuficiente: señalan que se contó con apenas dos helicópteros y un hidroavión Tracker para operar en una zona de difícil acceso, pese a que los pronósticos de temperaturas extremas anticipaban un escenario de alto riesgo.

Además, advierte que la reiteración de incendios y los problemas de gestión podrían comprometer la condición del Parque Nacional como Patrimonio Mundial de la Humanidad, estatus otorgado por la UNESCO. Este estatus requiere de cuidados preventivos y conservación acorde con el lugar, lo que, a criterio de los representantes turísticos, no se viene cumpliendo. Y va más allá: el petitorio presentado por el sector turístico solicita una serie de medidas, entre ellas la renuncia de las autoridades responsables, una auditoría técnica independiente, la designación de funcionarios con experiencia en manejo de fuego, la implementación de un sistema de información pública diaria y la conformación de una mesa regional para redefinir los planes de contingencia.

Finalmente, el gobernador Ignacio Torres salió a reclamar por la incorporación de la figura del ecocidio en el Código Penal. Fue a través de su cuenta personal de la red social X y aludió a un proyecto que ya fue presentado por la senadora radical de Chubut, Edith Terenzi. “Hoy, más que nunca, en Chubut y en toda la Argentina, el que prende fuego a nuestro territorio tiene que pudrirse en la cárcel”, escribió Torres en una de las frases más duras de su última publicación.


El desastre provocado por los incendios forestales en la cordillera de Chubut llegó a la justicia. La sede Fiscal Descentralizada de la ciudad de Esquel, a cargo del fiscal federal Santiago Roldán, inició una investigación penal para determinar la posible responsabilidad de funcionarios en el manejo del fuego.

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