Justicia «no arancelada», la propuesta del TSJ para eliminar tasas judiciales en Neuquén

La anticipó el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, en una reunión con diputados. Presentó el proyecto de presupuesto para el 2023, superior a 40.000 millones de pesos.

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén reconoció ayer que evalúa eliminar las tasas de justicia con el objetivo, en un futuro no muy lejano, de pensar en un servicio «no arancelado» para la provincia. El vocal Germán Busamia expuso ayer frente a los diputados los alcances del proyecto de presupuesto para el 2023 y allí explicó que el dinero que ingresa por estos conceptos no es significativo frente a la cantidad de trámites «enormes» que genera. Para el año que viene se prevé que represente menos del 0,9% del total de recursos.

El representante del TSJ puntualizó que se estima recaudar unos 350 millones de pesos, mientras que el monto global para el 2023 será de 40.000 millones.

Un 70% de esos ingresos serán propios, la mayoría por coparticipación federal, más otras fuentes de financiamiento como las tasas, mientras que el 30% restante se lo deberán pedir a la Tesorería.

Busamia indicó a los legisladores que los pedidos que se inician para obtener el beneficio de litigar sin gastos «generan una enorme cantidad de trámites» y evaluó que «la incidencia en los ingresos no es de tanto impacto como para no pensar en algo creativo y venir el año que viene a esta Legislatura a pedir suprimir las tasas de justicia».

Analizó que «por lo menos merece un análisis profundo» dentro del objetivo de ofrecer un servicio de justicia accesible y gratuito.

En diálogo con RÍO NEGRO, Busamia aclaró que todavía es «una idea en el aire», pues no está formalizado como un proyecto de modificación. Sí detalló que es algo que podría incorporarse en el nuevo código procesal civil y de familia que está en plena elaboración y consideró que también podría demandar una reforma sobre el Código Fiscal de la provincia, pues es el que establece las tasas.

Explicó que en un 30% de las demandas que se inician en el fuero civil la gente pide el beneficio de litigar sin gastos, lo que implica que se los exima de tasas y de pagar honorarios en caso de perder, y que en la mayoría de los casos se terminan concediendo, no sin antes abrir una prolongada maquinaria burocrática. El proceso demanda entrevistas con los solicitantes para analizar su condición económica, pedidos de informes a los registros de propiedad, entre otros trámites que se extienden en el tiempo.

«Es todo un despliegue de actividad que nos distrae de resolver los conflictos», planteó el vocal, quien sostuvo que no sería «descabellado» pensarlo como un estado de equilibrio: los recursos que eventualmente se perderían se recuperarían en el ahorro de trámites y agilidad del servicio.

Salarios, el principal gasto para 2023


Los números generales del presupuesto incluyen recursos por 40.388 millones de pesos y gastos en igual número. La mayor erogación, del 91%, se irá en salarios del personal.

Busamia explicó que están previstas para el año próximo 209 vacantes. El incremento de cargos estará dirigido fundamentalmente a cubrir puestos en las Oficinas de Violencia.

En cuanto a los gastos en infraestructura, prevén una inversión de 500 millones de pesos que irán a refacciones y remodelaciones, pero también a edificios nuevos como el de Plottier, Rincón de los Sauces, Añelo, San Patricio del Chañar y Villa La Angostura, entre otros. La mini ciudad judicial de Neuquén no quedó incluida.


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