El otro despilfarro: en dos meses suspendieron la mitad de los juicios en Neuquén

El tiempo es un bien escaso, y caro. Las y los jueces perciben altos salarios para realizar juicios, entre otras audiencias; si esos juicios se suspenden cobran igual pero sin trabajar. En Neuquén, entre julio y septiembre se programaron 139 jornadas de juicio de las cuales se cancelaron la mitad. En la semana del 24 al 28 de octubre se agendaron cinco, y sólo se realizó uno.

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Toda la defensa pública de Neuquén reaccionó por una sanción que impuso un juez

Así consta en un informe que le presentó al Tribunal Superior de Justicia la Dirección de Asistencia a Impugnación y Coordinación General, que se encarga de manejar la agenda de las y los magistrados.

Detalla que 23 juicios se suspendieron por pedido del defensor particular, 14 por pedido del defensor público y 35 por pedido del Ministerio Público Fiscal.

«Afectación a los recursos»

«Esta alteración que se debe a la actuación de las partes necesariamente debe ser informada por el impacto que genera  en la labor de los jueces, la afectación al servicio de justicia y a los recursos del Poder Judicial», dice el escrito al que accedió Río Negro.

Las razones de las suspensiones son variadas. La queja de la Coordinación General es que no se cumplen los puntos de un acta firmada el 1 de julio del 2021 entre el Colegio de Jueces, el Tribunal de Impugnación, e informada a la fiscalía y la defensa.

Ese día se acordó que «las solicitudes de reprogramación de jornadas de juicio, por motivos debidamente justificados, deberán realizarse dentro de los 10 días de la notificación del mismo para posibilitar el agendamiento del juicio pendiente en otro legajo» y que «las solicitudes de acuerdos deberán ser presentadas hasta la audiencia de control de acusación».

Al principio se cumplió lo pactado, pero con el tiempo «nos encontramos con las mismas malas prácticas».

El malestar se produce en un contexto singular. El juez Luis Giorgetti apercibió a un defensor y una defensora por no presentarse a una audiencia, lo que motivó una reacción de todo el Ministerio de la Defensa. La sanción fue retirada.

La defensa pública exige que los notifiquen con 72 horas de anticipación, salvo en las audiencias de control de detención. para poder ejercer su tarea de manera eficaz y no sólo formal.

Ofiju Cutral Co vs. la Defensa

El viernes pasado hubo otro episodio, que motivó un frenético intercambio de correos entre la Oficina Judicial (Ofiju) de Cutral Co y el Ministerio Público de la Defensa.

Sucedió que toda esta semana se realizará un juicio por jurados en Zapala, y el imputado anunció, hace dos semanas, que había perdido la confianza en los defensores públicos de esa ciudad. En consecuencia, se hicieron cargo de su caso la y el defensores públicos de Cutral Co.

La Oficina Judicial Cutral Co tenía programadas para esta semana 11 audiencias de distinto carácter, de modo que le avisó al Ministerio Público que designara subrogantes en cada caso.

Grave afectación

La defensa pidió la reprogramación masiva de todas las audiencias. «A lo solicitado no se hace lugar, considerando la grave afectación al servicio de justicia», fue la respuesta de la Oficina Judicial.

María Luisa Andrada, una especie de defensora general en las sombras, armó un esquema de emergencia: logró acordar con la fiscalía la suspensión de algunas ausencias, y dispuso que defensores de otras jurisdicciones asistan, por zoom, aquellas que no pudo postergar.

Detrás de estos desajustes hay un poco de todo: pujas de poder, desinterés por sostener el sistema, recurrir al juicio oral como excepción y no como regla, y falta de una conducción que ponga directivas claras.

El Poder Judicial le sale muy caro a la ciudadanía -pidió 40 mil millones de pesos para el 2023- como para despilfarrar recursos en horas sin trabajar.