La Legislatura de Río Negro eliminó una tasa y quitó un aporte al gremio judicial

La Legislatura aprobó -en primera vuelta- la eliminación de la «contribución» al gremio judicial en ocasión de la tramitación de juicios patrimoniales.

La votación arrojó 34 votos a favor por respaldo de la bancada oficialista, la UCR, el ARI, el PRO, los libertarios César Domínguez, Santiago Ibarrolaza y Patricia Kid, además, de la autora Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro.

Nueve legisladores, de ambas bancadas peronistas, rechazaron el proyecto. No votó Magdalena Odarda que no estaba en ocasión de la votación, pero, después, pidió la inclusión de su negativa que ya había expuesto en su discurso.

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La sesión se realizó con un fuerte dispositivo de seguridad, con la sede legislativa vallada, y desplazó a un grupo de manifestantes de Sitrajur a la intersección de las calles San Martín y Belgrano.

Resta un segundo tratamiento y eventual aprobación para su sanción definitiva.

La iniciativa de Mansilla elimina directamente el artículo 178 de la Ley Orgánica de la Justicia que establece el pago del 2 por mil para el sindicato de los judiciales sobre los «montos juicios contenciosos y voluntarios».

Mansilla, como autora, abrió el debate y se centró en que ese pago de los contribuyentes nunca debió existir. Lo definió como «una imposición» y «peaje judicial» hacia el contribuyente y “un privilegio” de un gremio.

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Después, Odarda, de Vamos, afirmó que esta decisión “rompe la paz social” y “no soluciona nada” de “la crisis” y “la falta de credibilidad” por parte de la Justicia rionegrina, derivando después en un repaso de “hechos impunes”. Negó que esa tasa constituya una «barrera de acceso a la justicia» y entendió que los «obstáculos económicos son las costas judiciales exorbitantes, y la impunidad en casos sensibles de la provincia”.

Entendió que la modificación era un “ataque a los gremios y los trabajadores”. Similares posturas críticas sostuvieron sus pares Ana Mark y Leandro García, de PJ, y Luciano Delgado Sempé, de Vamos.

Este último entendió que la acción legislativa se vincula con una ofensiva contra “un gremio que no se arrodilla”, García reiteró que esa eliminación “no resolverá nada” de los problemas judiciales, y Mark vinculó esta medida con el posicionamiento de Juntos y “una alianza con los libertarios”, a partir de que la autoría pertenece a Mansilla, y lo proyectó como un riesgo frente a las definiciones electorales para el Congreso.

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Antes, el oficialista Lucas Pica encuadró el “acompañamiento” oficialista a la propuesta de Mansilla de que el gobierno provincial ya eliminó el año pasado cientos de tasas. Definió el pago al gremio como “anómalo” y “contra natura”, asegurando que solo existe en Río Negro.

Por su parte, el libertario Ibarrolaza adelantó su apoyo, aunque entendió que “el proyecto se queda corto” porque se debería incorporar también la eliminación de las contribuciones a los Colegios de Abogados, que perciben también el 2 por mil.

Igual ampliación fue planteada por el ARI, puntualmente por su presidente Javier Acevedo. “Hay que eliminar a los dos kioscos”, enfatizó. Luego, Mansilla aceptó abrir “esa discusión”, aunque se sabe que ella justifica el pago a las entidades de los abogados.

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En los cierres, José Luis Berros, por Vamos, remarcó que el objetivo es el “disciplinamiento” del gremio por parte del oficialismo mientras entendió que “usa” a la legisladora Mansilla en ese objetivo. Insistió en que estos cambios no aportarán nada a la mejora del servicio de justicia y, en cambio, aludió a la inclusión de exfuncionarios en ese Poder como un elemento perdidoso para su calidad.

Finalmente, Juan Murillo adelantó el apoyo del PRO porque se trata de un privilegio y una ventaja exclusiva de un sindicato. Incluso pidió repetir esa actitud con otros gremios, considerando que hay decisiones cedidas en favor de ATE y Unter. Recordó que el proyecto de esencialidad educativa, de esa bancada, fue aprobado en primera vuelta pero ya lleva un año “cajoneado”.

El debate parlamentario finalizó con el mensaje de Facundo López, que explicó la quita del aporte porque es «de exclusivo uso del sindicato» y comentó que, si fuera distinto a eso, el gremio judicial debió plantear que esa contribución se constituyera en un incentivo para los trabajadores judiciales. Defendió la eliminación de «un privilegio que tiene un sindicato” que debe «buscar el financiamiento» con el aporte de sus afiliados.

Después, el legislador del oficialismo asumió un relato más general y relacionado con el discurso del provincialismo de Juntos, respondiendo a las críticas opositoras frente a “los dos extremos mentirosos”.