La obra social de Río Negro y Neuquén declarada en crisis busca información para no perder sus convenios
Se trata de la entidad que representa a los empacadores, que la semana fue considerada en "situación de crisis" por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud. Su vicepresidente, Máximo Santibañez, dijo que la ya estarían en condiciones de revertir la decisión.
La Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén lanzó hace unos días un trabajo activo para recolectar la información que se le solicitó y revertir la decisión de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación que, la semana pasada, decidió declararla en crisis por una serie de irregularidades en su administración.
El proceso fue confirmado a Diario RÍO NEGRO por el vicepresidente de la entidad, Máximo Santibañez, quien a su vez es desde hace cuatro semanas secretario general del sindicato del sector.
El dirigente recordó que la obra social viene atravesando situaciones «complicadas» hace tiempo. De hecho, afirmó que se encuentra en concurso de acreedores desde 2005, instancia que, sin embargo, no impidió la continuidad de su funcionamiento.
Dijo que el planteo de la Superintendencia llegó como consecuencia del trabajo de revisión habitual que realiza ese organismo y tuvo su origen en septiembre, cuando solicitó el cumplimiento de 19 puntos administrativos a la entidad.
Tras cumplir con la mayoría de los requisitos, detalló que quedaron pendientes de cumplimientos tres de ellos, lo que derivó en la declaración de crisis por parte de Nación.
Una obra social declarada en crisis: prestadores, afiliados y balances
Santibañez explicó que desde el Gobierno nacional se requirió, en primer lugar, que todos los prestadores que trabajan con la entidad se encuentren «al día» con la Superintendencia.
En función de eso «estamos pidiendo clínica por clínica que presenten su documentación para poder mostrarla nosotros también y no tener ningún problema», comentó el vicepresidente de la obra social.
Sostuvo que no se trata de una intimación, sino de una solicitud formal con el objetivo de no afectar los convenios prestacionales vigentes, tanto en Neuquén como en Río Negro, donde el sindicato tiene presencia.
«Es algo que por ahí escapa de nosotros, entendemos que en todo caso la Superintendencia debería dirigirse a cada clínica o sanatorio para que estas envíen la documentación que haya que enviar», sumó Santibañez.
El secretario general del sindicato afirmó que también se les solicitó la plantilla actualizada de afiliados.
Según explicó, esa cifra es especialmente difícil de determinar, porque la actividad de los empacadores de fruta «tiene mucho de estacional», haciendo que el número final tenga importantes variaciones de acuerdo al momento del año que se tome como parámetro.
Consultado por el último registro de asociados, evitó dar una cifra final y dijo que el dato todavía está siendo determinado por la obra social, con la finalidad de presentarlo inmediatamente al organismo nacional.
Santibañez, quien asumió en reemplazo en Marcos Bielma, precisó que la Superintendencia de Salud también exigió la remisión de algunos balances y estadísticas para acreditar la situación financiera y patrimonial de la entidad. Adelantó que lo más probable «es que estemos enviando toda esa información la semana que viene».
«Queremos sacar la obra social de la convocatoria de acreedores»
Al repasar la gestión de la obra social, destacó que actualmente no tiene deudas con ninguno de sus prestadores. «Se viene trabajando bien, queremos sacarla también de la convocatoria de acreedores que comenzó hace ya casi 20 años», dijo.
El referente gremial valoró además el acompañamiento al personal que se desempeña en los galpones de empaque y la decisión de otorgar prestaciones no solo al trabajador, sino también a sus familias.
La cartera nacional plasmó su decisión la semana pasada con una serie de resoluciones en el Boletín Oficial.
Allí se informó que las auditorias realizadas sobre un grupo de obras sociales, entre ellas, las de los empacadores, habían detectado problemas referidos al cumplimiento de prestaciones médicas, aspectos jurídico-institucionales, indicadores económico-financieros, capacidad de repago y atención a los afiliados.
La evaluación se concretó bajo los parámetros establecidos por el Decreto 1400/2001, normativa que regula el procedimiento de crisis y liquidación de los Agentes del Seguro de Salud.
Según se aprecia en su sitio web, la obra social tiene delegaciones en Cipolletti, Villa Manzano, Centenario, Cinco Saltos, Fernández Oro, General Roca, Villa Regina, Chimpay y Lamarque.
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