El sindicato de los judiciales de Neuquén calificó de «codiciosa» la actitud de los jueces

La lucha por el ajuste salarial en el Poder Judicial de Neuquén quedó atrás pero las secuelas todavía se perciben. El gremio de los trabajadores replicó con dureza a la Asociación de Magistrados, y denunció que «a una camada de funcionarios el Tribunal Superior de Justicia les reconoció un 30% por tareas extraordinarias», durante el atraso generado por las medidas de fuerza y dijo que es «ilegal».

El titular del sindicato, Claudio Salazar, añadió que la Asociación que reúne a jueces, fiscales y defensores de la provincia tiene una actitud «codiciosa» que «genera y profundiza divisiones internas con los trabajadores y de cara a la sociedad aumenta el desprestigio y desaprobación general del Poder Judicial».

Tras un largo conflicto, el gremio Sejun y el Tribunal Superior de Justicia llegaron a un acuerdo salarial para todo el año que consiste en aumentos trimestrales por IPC y sumas fijas de más de 1 millón de pesos por empleado excepto vocales, jueces de cámara y de primera instancia, fiscales jefes, defensores de circunscripción y secretarios de cámara.

Los motivos del malestar de los jueces

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La Asociación de Magistrados le hizo saber al presidente del TSJ, Gustavo Mazieres, la «preocupación» y «malestar» que le generó el aumento salarial «parcialmente diferenciado». Remarcó que «el funcionamiento del servicio de justicia en épocas de medidas de fuerza es realizado, casi en su totalidad, por aquellos a quienes se pretende excluir del acuerdo salarial».

La presidenta de la Asociación, Patricia Lúpica Cristo, expresó también en la nota a Mazieres que «el malestar se ve reflejado particularmente en aquellos funcionarios con categorías más bajas, que vieron que sus salarios en muchos casos resultaban similares o inferiores a los de agentes administrativos, personal este último que no tienen firma ni responsabilidad funcional en los diversos procesos judiciales».

La réplica del Sejun

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La respuesta del sindicato a través de Claudio Salazar fue que «respecto de los salarios de funcionarios/as con categorías bajas que compara con salarios igual al que percibe el personal administrativo, debo aclarar que esas situaciones resultan en escasos números porque son trabajadores/as que llegaron a las categorías superiores rindiendo, en algunos casos con títulos universitarios y con mucha antigüedad; obviamente no tienen firma, pero su trabajo lo realizan con la toda la responsabilidad funcional requerida en el puesto laboral concursado».

«Por otra parte -dijo Salazar- como en anteriores situaciones de conflicto, el Tribunal Superior de Justicia, a través del Comité de Emergencia intenta minimizar el atraso generado por las medidas de fuerza, pero esta decisión del TSJ favorece a una camada de funcionarios/as porque se les reconoce un 30% por “tareas extraordinarias”, el que no debiera pagarse, porque ellos ya perciben el 25% de responsabilidad funcional».

«Es decir, que durante nuestro conflicto tuvieron un premio estímulo extra ‘ilegal’ con resultados negativos en la tramitación de los expedientes atrasados, prueba de ello es que al retomarse la actividad normal nuestros compañeros/as están trabajando para culminar y poner al día el trabajo en todas las dependencias«.

El dirigente sindical señaló que se refiere a funcionarios de las categorías MF5 a MF7, en las que hay abogados, contadores y licenciados en sistemas por ejemplo.

Por último, Salazar se permitió «llamar a la reflexión» a la Asociación de Magistrados y los convocó a «cambiar esta actitud histórica y codiciosa porque genera y profundiza divisiones internas con los trabajadores y de cara a la sociedad aumenta el desprestigio y desaprobación general del Poder Judicial».