Mazieres, presidente reelecto del TSJ de Neuquén: test antidrogas, reunión sin celulares y mucha prudencia
Dijo que las críticas de los legisladores a las decisiones de algunos jueces "son parte del debate público" y que el Tribunal no tiene que intervenir a menos que se lo pidan por canales institucionales. Se refirió al presupuesto, la relación con Sejun y las deudas del Poder Judicial con la ciudadanía.
Gustavo Mazieres tiene su despacho en el cuarto piso del edificio de Alberdi 52, como el resto del Tribunal Superior de Justicia, pero pasa más tiempo en el segundo. Allí se instaló desde que asumió la presidencia en febrero de este año -y retendrá hasta principios del 2027- junto a un equipo que cumple las funciones de un gabinete político. Se reúnen todos los jueves a la mañana con una regla de acero: los celulares quedan afuera. «Para que nada nos distraiga», aclaró el juez.
En ese lugar recibió el viernes a diario RÍO NEGRO para una entrevista a agenda abierta durante 45 minutos. Es difícil sacarle una definición concreta sobre cualquier tema en particular: «prudencia» es el norte que guía sus declaraciones. Esquiva opinar de casi cualquier asunto que genere controversia.
Lo que sí confirmó fue que él y su equipo de gobierno se hicieron el narcotest siguiendo un protocolo que estableció el servicio de Salud Ocupacional del Poder Judicial, porque la ley que impone exámenes toxicológicos para la permanencia en el cargo, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, no está reglamentada.
«Nos pareció que era importante tener esta gestualidad institucional«, remarcó. Tanto el mandatario como el intendente de la ciudad, Mariano Gaido, se fotografiaron luego del resultado negativo. Mazieres recién lo reveló en esta entrevista.
–¿La gestualidad es para la comunidad o es para el gobernador? -preguntó este diario.
-No, nosotros no tenemos gestualidades para con el gobernador. Compartimos la mirada y por eso adherimos como Poder Judicial a lo que establece la ley. Nos parece que cuando uno lo comparte tiene que mostrar con hechos que está dispuesto a ser el primero en cumplir.
Sobre los cruces que se produjeron entre legisladores y jueces penales a raíz de fallos u opiniones sobre la ley de reiterancia, Mazieres evitó ingresar en la polémica. Dijo que el Tribunal le dará «tratamiento institucional» sólo en el caso de que un juez «sienta que agreden su independencia y hace una petición concreta».
Señaló que cuando hay conflictos de esa naturaleza y se pide la intervención del Tribunal (lo llamó, en lenguaje técnico, «se incita al Poder Judicial»), «lo que debemos hacer es velar porque se admiten las instancias institucionales para asegurar que esa nota tenga debida tratamiento. Pero no creo que tengamos que opinar sobre ese tipo de temas, sino resolver las instancias administrativas que están sometidas a nuestra consideración».
«Es sano que se puedan debatir todas estas cosas, pero en el rol institucional que nos toca debe primar la prudencia, la atención institucional de los temas, y sólo expresarnos en ese marco en las peticiones formales que se nos hagan», agregó.
«Forma parte del debate público»
Este diario le consultó cómo se conjuga el pedido de explicaciones a un juez por un fallo con el principio de que las magistradas y los magistrados no pueden ser molestados por el contenido de sus sentencias, y si lo interpretaba como una afectación a la división de poderes.
«Si le piden explicaciones a un juez forma parte de ese debate público. Si el Tribunal Superior de Justicia está incitado a emitir una opinión, lo que tenemos que hacer es tramitar ese pedido por los canales institucionales que tengamos. En modo alguno estoy abdicando de la defensa de la división de poderes. Por el contrario, justamente por la división de poderes y por el respeto a la institucionalidad, por la cual yo tengo mucho apego, es que debe primar la prudencia, empezando por la propia», contestó.
–¿Le parece institucional que un diputado le pida por mail explicaciones a un juez por su fallo?-insistió este diario.
-Forma parte de la esfera de decisión del legislador que lo hace, del juez de querer o no explicarlo y si eventualmente siente que esto agrede su independencia y formula una petición concreta en salvaguarda de ella, en esa oportunidad tendremos, si corresponde, que darle tratamiento institucional.

También se le preguntó en qué debería mejorar la respuesta judicial que obtienen las mujeres cuando denuncian violencia de género. Sobre el tema, el presidente del TSJ afirmó: «este año me entrevisté con todos los actores del sistema: jueces, funcionarios, organizaciones que están incluidas en la materia. Con mi equipo de trabajo identificamos, por supuesto no con todos ni con todas, pero sí con muchos, un patrón común: de sentarnos en una mesa a analizar oportunidades de mejora, hay un diagnóstico de que hay cosas que se pueden y que se deben mejorar».
Planteó que «el proceso de trabajo en la Oficina de Violencia hay que mirarlo y tal vez vincularlo con el proceso de reforma legislativa en materia de familia. Y ahí hay que ver qué temas trata en sí mismo la Oficina de Violencia, cuáles están desligados a las decisiones jurisdiccionales. Eso hay que revisarlo».
«Tal vez la reforma del Código de Familia, anclado con todo esto, nos dé una excelente oportunidad para trabajar sobre este tema, pero forma parte de nuestra agenda, hemos tenido muchas intervenciones, por supuesto interpelados porque da la sensación que siempre la respuesta estatal es insuficiente«, sostuvo.
La deuda con la ciudadanía
En cuanto a las deudas del Poder Judicial de Neuquén con la ciudadanía, manifestó: «no creo que sea sólo una cosa. En todos los fueros y en todas las instancias tenemos la necesidad y la oportunidad de mejorar, empezando por estar más cerca de donde están los sectores más vulnerables. Por eso trabajamos en dispositivos de cercanía. Forma parte de un eje central. Revisamos todos nuestros nuestros procesos internos de trabajo. Nos abocamos a la escucha, a la escucha activa, no solo de quienes este trabajan dentro del Poder Judicial, sino a los usuarios, a la comunidad, los escuchamos».
«En general hay una insatisfacción de la comunidad con el servicio de justicia. En la provincia de Neuquén también se percibe y nos hacemos cargo de eso. Todas nuestras acciones de este ciclo institucional están precedidas de esta interpelación que tenemos de brindar un servicio más accesible, más eficiente, más cercano, más humano», enfatizó.
Respecto a la relación entre vocales, que en último tiempo estuvo marcada por tensiones, Mazieres mencionó que mantienen un vínculo «muy cordial» aunque aclaró que las unanimidades que cosechan en las reuniones de acuerdo de los miércoles no significa que no debatan.
Sobre la posible salida el año próximo de alguno de sus compañeros fue escueto: «yo no tengo ninguna información, ni ninguna presunción que me haga pensar de que nos compartamos el 2026 los vocales que hoy estamos».
Negociación salarial y financiamiento de Figueroa
El próximo martes 23 de diciembre el sindicato Sejun y representantes del Tribunal se sentarán en el contexto de la paritaria salarial. Habrá una oferta de recomposición para 2026, que probablemente no diste mucho de la que le hizo el gobierno provincial a los gremios estatales: aumentos por inflación cada tres meses.
El presupuesto judicial está atado a la suerte del Poder Ejecutivo: aporta el 53% de los ingresos.
«Nosotros lo que tenemos que hacer es administrar con los recursos que disponemos y tiene que ser una gestión austera, razonada», manifestó Mazieres. Consideró que los recursos que se aportan del Tesoro Provincial ya son «una fuente de financiamiento, diría yo, regular del Poder Judicial».
Subrayó que este «esquema de financiamiento del gasto» no «lesiona la indepedencia del Poder Judicial». «Lo que no quiere decir que no sea saludable propender a un mecanismo que le dé autonomía plena respecto de la percepción de fondo directo», afirmó.
El gabinete del presidente
El equipo de gobierno está conformado así:
• Asistente Letrada de Presidencia: Isabel Van Der Walt.
• Secretario de Superintendencia: Manuel Fuertes.
• Directora de Planificación y Modernización: María Celeste Bolan Reina.
• Director de Gestión Humana: Ramiro Flores.
• Administradora General: Karina Reina.
• Responsable de Comunicación Institucional: Carolina Montagna Delvo.
• Responsable de la Red de Justicia y Acceso Comunitario: German Cazeneuve.
Gustavo Mazieres tiene su despacho en el cuarto piso del edificio de Alberdi 52, como el resto del Tribunal Superior de Justicia, pero pasa más tiempo en el segundo. Allí se instaló desde que asumió la presidencia en febrero de este año -y retendrá hasta principios del 2027- junto a un equipo que cumple las funciones de un gabinete político. Se reúnen todos los jueves a la mañana con una regla de acero: los celulares quedan afuera. "Para que nada nos distraiga", aclaró el juez.
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