Multas «cajoneadas» en el gobierno de Omar Gutiérrez: Jorge Lara comprometió al exfuncionario imputado
En la primera jornada del juicio oral los testigos más destacados fueron el exministro Jorge Lara y el exsubsecretario Ricardo Esquivel. Se trata de determinar quién era responsable de aplicar la multa contra la Cooperativa de Plottier por los transformadores con PCB.
Uno de los transformadores enterrados tenía 420 partes por millón de PCB. El máximo autorizado es 50. (Archivo/Matías Subat)
El hecho es relativamente sencillo de explicar pero difícil de entender. En 2016 el departamento de Legales del ministerio de Ambiente de la provincia de Neuquén redactó un proyecto de multa para aplicarle a la Cooperativa de Servicios Eléctricos de Plottier, porque no retiró transformadores con niveles de PCB prohibidos por ley. En 2023 se descubrió que ese expediente estuvo cajoneado siete años. ¿Quién, dentro de la burocracia del Estado, es el responsable?
La pregunta de quién -ni siquiera «por qué», que también sería muy interesante- es la que se intentará responder en tres jornadas de juicio oral que comenzaron este martes. Según el fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, la responsabilidad es de Juan de Dios Lucchelli, que fue subsecretario de Ambiente entre el 1 de noviembre del 2016 y abril del 2023. Lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El abogado defensor, Eduardo Sebastián Illescas, responde con dos argumentos. Primero, que no existió delito. Y en segundo lugar, que «la autoridad de aplicación» es el ministro o el secretario, en este caso, el polifuncional Jorge Lara.
Illescas se cuidó de aclarar: «no estamos tirando la responsabilidad para arriba ni para abajo. Decimos que no hay delito».
Lucchelli dijo a diario RÍO NEGRO, en una charla informal, que declarará el jueves en la última jornada del juicio y hará las aclaraciones necesarias.
El juez es Juan Guaita, y la pena en expectativa para el caso de que lo encuentren culpable es menor a tres años.
Los transformadores enterrados
Al expediente «cajoneado» se llegó en 2023 como resultado de una investigación que empezó cuando allegados a la entonces intendenta Gloria Ruiz denunciaron en la fiscalía de Delitos Ambientales que la Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier había enterrado tres transformadores con niveles de PCB por encima de los permitidos por la ley. Otros fueron vaciados y trasladados a Mendoza.
El fiscal jefe Breide Obeid imputó a directivos de la Cooperativa que terminaron sobreseídos porque no se logró probar la contaminación, pero como parte de su trabajo encontró una intimación que en 2016 le había hecho llegar la secretaría de Ambiente a la entidad.
A raíz de numerosos incumplimientos por parte de la Cooperativa, y de intimaciones sin respuesta -vinculadas con los transformadores con PCB- el área Legales elaboró un proyecto de multa que quedó a la firma del subsecretario de Ambiente.
En esa época de 2016 se produjo un recambio: Ricardo Esquivel renunció a la subsecretaría por razones personales y asumió Lucchelli. El proyecto de multa quedó en eso, un proyecto.
Secretaría o subsecretaría
Ricardo Esquivel fue el primer testigo de la fiscalía. Dijo que «por cuestión de organigrama», la repartición a su cargo «a veces era secretaría, a veces subsecretaría», pero siempre «fue autoridad de aplicación» en materia de control a las empresas con generadores con PCB. Sus jefes directos fueron los exministros Guillermo Coco y luego Jorge Lara.
Lara, que ahora es presidente de Corfone, fue el siguiente testigo. Declaró por zoom desde Zapala, ya que está abocado al trabajo contra los incendios.
«Era Lucchelli»
Categórico, afirmó ante preguntas del fiscal que «la autoridad de aplicación era la subsecretaría a cargo de Lucchelli». Aclaró que «yo intervenía como alzada, si había un recurso jerárquico, si alguien estaba en desacuerdo con la multa que se le aplicaba».
Sobre los transformadores con PCB de la Cooperativa de Plottier dijo que «me enteré por los diarios, nunca me llegó ninguna actuación. Eso estaba a cargo de la subsecretaría».
Lara explicó que «por una cuestión de cupo» en una época se reformó la ley de ministerios y él quedó a cargo de «una secretaría con rango de ministerio pero no cambió nada, fue una cuestión burocrática».
El decreto de Omar Gutiérrez
El defensor Illescas le preguntó si recordaba haber tenido alguna discusión con Lucchelli en torno a quién era la autoridad de aplicación. «No, porque era claro, la autoridad de aplicación era la subsecretaría», machacó el exministro.
Como parte de las pruebas en su favor, el abogado exhibe un decreto de Omar Gutiérrez del 2019. Está referido al reclamo administrativo de un grupo de empleados por el pago de un fondo estímulo. Entre los considerandos, esa pieza legal menciona que la autoridad de aplicación es la «secretaría» y desautoriza una resolución de la «subsecretaría».
El hecho es relativamente sencillo de explicar pero difícil de entender. En 2016 el departamento de Legales del ministerio de Ambiente de la provincia de Neuquén redactó un proyecto de multa para aplicarle a la Cooperativa de Servicios Eléctricos de Plottier, porque no retiró transformadores con niveles de PCB prohibidos por ley. En 2023 se descubrió que ese expediente estuvo cajoneado siete años. ¿Quién, dentro de la burocracia del Estado, es el responsable?
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