Proponen prohibir descuentos de entidades crediticias en salarios de empleados municipales en Bariloche
La medida, propuesta por Leandro Costa Brutten, apunta a evitar el sobreendeudamiento de los trabajadores del ámbito público de la ciudad.
El concejal del bloque Incluyendo Bariloche presentó un proyecto de ordenanza para prohibir el sistema de códigos de descuentos mediante el cual los agentes de la administración pública municipal pueden pagar las cuotas de préstamos tomados en entidades financieras mediante la retención directa de sus haberes. La normativa exceptúa de esta restricción a los descuentos vinculados a financiaciones otorgadas por la misma Municipalidad de Bariloche, o bien por entidades bancarias de capital estatal nacional o provincial.
La ordenanza establece 30 días para que la Secretaría de Hacienda del Municipio proceda a dar de baja los códigos de descuento, mientras que deberá avisar con al menos 15 días de antelación a las entidades acreedoras, quienes seguirán cobrando las correspondientes deudas de forma autónoma o deberán recurrir a vías judiciales en caso de falta de pagos.
Desde la Subsecretaría de Recursos Humanos municipal aseguraron que los convenios, heredados de la gestión anterior, son con entidades puntuales y que “ciertos convenios ya se dieron de baja en el último período”. Florencia Galeani, quien está a cargo de la Subsecretaría, explicó que “al no ser un embargo no hay un límite de descuento. Ese es el problema que existe con los agentes municipales”, y afirmó que “hay algunos que tienen descuentos de hasta 800 mil pesos”.
El debate también se asentó a nivel provincial, donde el proyecto de Ley 790/2026 apunta a regular las condiciones bajo las cuales las entidades financieras pueden gestionar los préstamos del personal de la provincia de Río Negro, a través del sistema de códigos de descuento. El proyecto, firmado por Leandro García, Alejandra Mas, Daniel Belloso, Luis Ivancich y Pedro Dantas, ingresó en la Legislatura provincial el pasado 6 de agosto.
En el ámbito municipal, el proyecto de ordenanza “es una medida protectiva”, afirmó Leandro Costa Brutten. “Si el trabajador se endeuda, lo debe hacer por fuera del Municipio, en forma consciente y con su propia determinación. El Estado no debe ayudar al trabajador a ser parte del mecanismo de deuda”, señaló el concejal y remarcó que “el Municipio debe tener una relación de trabajo y pago de haberes por ese trabajo, sin interferencias”.
El texto del proyecto aclara que esta prohibición del sistema de códigos de descuentos no implica el cese de la deuda con la entidad financiera, y también alista la serie de descuentos que seguirán deduciéndose del salario, como los aportes previsionales, las cuotas sindicales, las retenciones y embargos determinados por vía judicial, y los descuentos previstos por leyes provinciales o nacionales. La ordenanza espera aún el dictamen de la asesoría letrada del Concejo Deliberante, y luego deberá pasar por las comisiones de Economía y Gobierno y Legales.
Según Soyem, el 50% del personal municipal está endeudado
En Bariloche, 2095 personas cobran su salario a través de la Municipalidad. Al 93% del poder ejecutivo -secretarías e intendencia- se le suman los agentes del Concejo Deliberante, el Tribunal de Contralor, la Junta Electoral, el Instituto de Tierra y Vivienda y la Defensoría del Pueblo.
Según señalan desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soyem) de Bariloche, el 50% de los trabajadores se encuentra actualmente endeudado. “Estas casas financieras tienen directa influencia en el salario del trabajador. Tenemos casos graves de gente que prácticamente no está cobrando nada. Es una metodología perversa, donde se juega con la necesidad de la gente”, enfatizó Brenda Morales, secretaria general del Soyem.
Las casas crediticias, que se presentan bajo diversas figuras jurídicas -mutuales, cooperativas, financieras-, ofrecen préstamos de forma rápida, que se pueden solicitar por chat desde el celular, o bien personalmente en los locales de atención al público. CreditNow, Transfer SA y Urquiza -integrante de la Red Mutual-, son algunas de las entidades financieras que cobran a través del sistema de códigos de descuento. “A nosotros directamente nos llega la orden de retención, es decir, obligan al municipio como agente de retención”, explicó la subsecretaria Galeani, sobre el funcionamiento del sistema que el concejal propone cancelar.
Si bien la normativa que se debate a nivel provincial apunta a regular este sistema, dentro de los límites legales y estableciendo condiciones para controlar a las entidades financieras, el proyecto a nivel municipal propone directamente prohibir los códigos de descuento ya que considera que los créditos personales que se otorgan actualmente establecen “tasas de interés y costos financieros que pueden resultar excesivos y comprometer de manera significativa los ingresos de los trabajadores”.
En este sentido, Morales explicó que “la realidad es que a pesar de los números oficiales de inflación, el salario cada vez alcanza menos y la gente cada vez se endeuda más”.
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