Rafecas y Stornelli enfrentados por una causa contra la abogada del Ejército en Bariloche
La letrada local fue denunciada por diputados de Juntos por el Cambio, por apelar tarde un fallo a favor de una comunidad mapuche. El juez quiere remitir la causa a Río Negro.
La denuncia penal que un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentó contra la abogada y apoderada del Ejército Argentino Silvia Cristina Vázquez por prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al no haber apelado dentro de los plazos legales una sentencia contra el Estado Nacional en un litigio por tierras con una comunidad mapuche de Bariloche, originó una disputa entre el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal federal Carlos Stornelli.
Fuentes judiciales informaron este lunes que Rafecas declinó su competencia y dispuso que el expediente con la denuncia contra la abogada del Ministerio de Defensa y del Ejército se tramite en el juzgado federal de Bariloche.
Sin embargo, destacaron que Stornelli, titular de la Fiscalía Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires, quien había requerido al juez investigar los hechos denunciados, apeló esa decisión ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que deberá estudiar y resolver el litigio.
“Si bien se deslizan tanto en la denuncia como en el requerimiento fiscal, sospechas acerca de la posible actuación dolosa de otros funcionarios ubicados en la línea jerárquica por encima de la abogada denunciada, que operarían desde áreas jurídicas del Ejército y/o del Ministerio de Defensa de la Nación, lo cierto es que, de momento, se trata de meras conjeturas, que deberán ser despejadas con el correr de la pesquisa”, señalo Rafecas al contestar los argumentos de la apelación de Stornelli, en el escrito al que accedió RÍO NEGRO.
“Pero de corroborarse eventualmente alguna de dichas posibles responsabilidades penales adicionales, ellas no harían cambiar el eje de la investigación, ya que la comisión del delito, su ejecución y consumación, habrá tenido lugar en Bariloche, por parte de una abogada radicada en esa ciudad, en un expediente judicial de esa jurisdicción, y respecto de unos terrenos existentes en esa región del país”, observó Rafecas.
“Es decir, que la posible instigación o inducción de superiores jerárquicos, respecto de la única funcionaria pública en condiciones de poner en peligro el bien jurídico (la abogada Vázquez, presentada formalmente en la causa), no modifica el ámbito espacial donde se cometió el delito, que fue la ciudad de Bariloche, debido al carácter accesorio de todas las formas de complicidad (incluyendo la instigación)”, afirmó el juez federal.
“De modo tal, de que tanto por el hecho de que la única imputada y el único presunto delito del que se tiene “notitia criminis” hasta el momento haya sido cometido en extraña jurisdicción, como por el hecho de que otros posibles aportes de otros intervinientes que en el futuro puedan develarse, no modificaría ni trasladaría el lugar de comisión del presunto hecho delictivo (los tribunales de Bariloche), me convence de mantenerme en la decisión de decretar la incompetencia territorial”, afirmó Rafecas.
“Retener este expediente en esta sede, más allá de lo estrictamente necesario en función de realizar medidas impostergables, sólo estaría justificado en base a meras conjeturas y sospechas, frente a un evento central y concreto, principal y determinante, así reconocido en la denuncia y en el requerimiento fiscal, acaecido en extraña jurisdicción”, sostuvo.
Stornelli señaló en su apelación que lo decidido por Rafecas le causa agravio en primer lugar “pues luce palmaria la afectación del principio de juez natural constitucionalmente consagrado, siendo que la competencia por razones territoriales –sabido es- es improrrogable”.
“En segundo lugar, porque la declaración de incompetencia, además de errónea, se exhibe a todo evento prematura en esta instancia embrionaria de la instrucción y ello podría conllevar un claro perjuicio a la investigación frente a la necesidad de realizar otras medidas urgentes para asegurar la prueba, tales como las solicitadas por esta Fiscalía el día sábado 14 de mayo, mismo día en el que, horas más tarde, se declinara la competencia, omitiéndose proveerlas debidamente”, advirtió el fiscal federal.
Las fuentes señalaron que en la fiscalía federal de Bariloche habían recibido una denuncia similar, que remitieron a Comodoro Py para que se anexe a esa otra denuncia presentada por un grupo de diputados nacionales de la oposición, para que se tramite todo junto.
Explicaron que en ese caso también la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal decidirá si tramita en esa jurisdicción o en Bariloche.
Vázquez representó al Ministerio de Defensa y al Ejército en la causa civil que se originó tras el amparo que la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue presentó a finales del 2020, en el juzgado federal de Bariloche contra el Estado.
En el amparo demandó que la justicie le ordene al Estado Nacional entregar a esa comunidad “el título de propiedad comunitaria conforme el plano de mensura de la ocupación”. Se trata de unas 180 hectáreas, ubicadas en la zona de Villa Los Coihues y Virgen de las Nieves que ocupan desde hace varias décadas.
La jueza federal Silvina Domínguez, que subrogaba el juzgado de Bariloche, admitió el 2 de febrero pasado el amparo y ordenó al Estado a adjudicar en 60 días el título de propiedad comunitaria sobre esas tierras a la comunidad Millalonco Ranquehue. El Ministerio de Defensa y el Ejército apelaron esa sentencia, pero la abogada Vázquez lo hizo fuera de los plazos procesales. Por eso, la Cámara Federal de Apelaciones de Roca desestimó a finales de abril pasado los recursos.
Días atrás el Ejército recurrió a la Corte Suprema para tratar de dejar sin efecto la sentencia de Domínguez.
Comentarios