Se abre el debate por los honorarios de los abogados del Estado en Bariloche

En Bariloche intenta meterse en la agenda pública el debate por la presunta “doble percepción” de los abogados que litigan en nombre del Estado municipal y reciben honorarios definidos por el juez en las causas que intervienen.

El tema no es nuevo, ni del ámbito local exclusivamente. A nivel provincial en más de una oportunidad esta situación ha sido expuesta y también es el trasfondo de un expediente en el Consejo de la Magistratura por la actuación del juez laboral de Viedma Gustavo Guerra Labayén, que en septiembre tendrá su juicio político.

Meses atrás se conoció, por un pedido de informes del legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos), que en la Fiscalía de Estado de Río Negro hay un staff de 44 abogados que intervienen en los expedientes -administrativos y judiciales- que tienen al Estado, en cualquiera de sus organismos, como parte.

El mismo legislador lo propuso cuando se debatió el Código Procesal Constitucional el año pasado pero no prosperó, también acusó -a través de una opinión pública- que el Poder Judicial aplica cargas costosas a los ciudadanos que intentan demandas contra el Estado y ese pago va a los abogados de la Fiscalía de Estado. Habló en esa oportunidad de las ganancias de los letrados: “El Estado, que se financia con nuestros impuestos, paga abogados que después les cobran a los mismos ciudadanos que con esos impuestos sostienen el sistema. Un circuito perverso donde siempre pierde el pueblo”, acusó.

En parte con el mismo argumento, el concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), actual candidato a diputado por Fuerza Patria, plantea que en Bariloche se genere un “alivio fiscal a los contribuyentes”, prohibiendo por ordenanza que los abogados del municipio perciban honorarios regulados por su intervención judicial, extrajudicial o administrativa.

El municipio de Bariloche, al igual que la Fiscalía de Estado, tiene un importante staff de abogados, que perciben un salario del Estado por su actividad, señala Costa Brutten. Tienen una relación contractual y laboral con el Estado.

En la ordenanza que promueve acota el ámbito de aplicación con el impedimento de cobrar honorarios a todos los abogados “que desempeñen funciones vinculadas al Municipio, cualquiera sea la modalidad de contratación o designación y en cualquier Departamento del Estado municipal”; y exceptúa “aquellos casos en los que los honorarios correspondan a actividades realizadas fuera del ámbito de representación del Municipio, siempre que: a) No exista conflicto de intereses; b) No se utilicen recursos públicos del Municipio para tales actividades”.

El incumplimiento de lo dispuesto configurará en una “falta grave” con posibles acciones administrativas, disciplinarias o judiciales.

En Bariloche, el Concejo Deliberante pondrá en agenda la propuesta para su análisis en comisiones y promete ser un arduo debate.