Piden investigar a abogados de Río Negro demandantes del Estado

El vínculo de los abogados con el Estado provincial y la delgada línea de incompatibilidad fue puesta en duda -recientemente- por la Cámara Laboral de Viedma, en distintos fallos desfavorables a la aseguradora estatal Horizonte. Esa situación derivó en que la propia Justicia remita sus resoluciones, con sus reparos en el accionar de profesionales, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Fiscalía de Estado para por las normas de incompatibilidades y la ley de Ética Pública.

Puntualmente, el tribunal laboral condenó a la empresa rionegrina al pago de indemnizaciones pero, en forma simultánea, observó que los abogados patrocinados del privado son empleados del Estado provincial.

Dos fallos tienen esa característica mientras que, en un tercero, entrelaza relaciones profesionales y familiares de los representantes del demandante con los letrados de la aseguradora provincial.

La sorpresa de los escritos judiciales fue mayúscula aunque, ciertamente, ese sospechoso entramado entre la dependencia estatal y la representación privada, directa o indirecta, fue un esquema tradicional en Viedma.

El nuevo componente, posiblemente, radica en la ofensiva que el Colegio de Abogados ha planteado contra uno de los tres miembros de la Cámara Laboral, Gustavo Guerra Labayén, a quien denunció por la demora en sus resoluciones y el Consejo de la Magistratura abrió un sumario.

A mediados de abril, entre los múltiples acciones de agentes públicos contra la aseguradora estatal Horizonte, el tribunal laboral resolvió un caso de una maestranza en una escuela, aceptando una lesión laboral en una muñeca. Establece un porcentaje de incapacidad del 1,65% y establece la indemnización en casi 320 mil pesos.

Al final, el voto de Labayén -que después avalaron sus pares Marcelo Villaverde y Rolando Gaitán- indica que se advirtió que “Bruno Giordano (apoderado de la parte actora) subió al sistema “Puma” la contestación del oficio dirigido a la Secretaría de Trabajo (movimiento del 29/03/2021)”, con lo cual, infiere que el profesional “mantendría relación de dependencia con la Provincia”. Recuerda que “aquí ha demandado a una sociedad anónima” estatal y que esa “situación se repite en una pluralidad de causas en trámite”, por lo cual, se traslada el tema a la “Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Fiscalía de Estado a los efectos que estimen corresponder en atención a las disposiciones del decreto 1011/66 -que establece incompatibilidades abogados que presten servicio en la Administración Pública Provincial- y la Ley N° 3550 de Ética Pública”.

Después, en el inicio de mayo, el Tribunal decidió en la demanda de un operador de ARSA por ruptura de menisco. La Cámara concluyó con una incapacidad del 7,6% y estableció una indemnización de casi 4 millones. Después, plantea que el apoderado del operador, Francisco Raúl Diguero “mantendría relación de dependencia con la Provincia (Legislatura de Río Negro) y alude a que la situación se repite “en una pluralidad de causas en trámite”. Resuelve también su envío a la FIA y la Fiscalía de Estado.
En una tercera resolución, la situación planteada es diferente. El damnificado no es estatal aunque igualmente la demanda se plantea contra la ART Horizonte.

El reclamo corresponde a un empleado de una empresa ganadera que se cayó y tuvo una lesión en una rodilla. El cuerpo judicial reconoció una incapacidad del 3,2% y una indemnización de 1,1 millón de pesos.

En el punto final, el Tribunal pidió también la actuación de la FIA y la Fiscalía de Estado ya que el representante del demandante, Gastón Suracce “tiene el mismo domicilio profesional que el Gerente de Siniestros” de la ART Horizonte, Leonardo Fantón (“surge de los datos de la página del Colegio de Abogados y de los expedientes en los que actúan en conjunto”) y que, “en la instancia previa ante la Comisión Médica” intervino Pedro Fantón, también con “el mismo domicilio profesional”. Agrega, además, que en “la etapa administrativa previa” en “representación de Horizonte se le ha otorgado poder a quien sería esposa” de Suracce .

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El sumario que abrió la mirada crítica de la Justicia

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Hay un proceso en desarrollo que no puede soslayarse de los fallos de la Cámara Laboral que ponen vínculos y relaciones en evidencia.

Se trata de un sumario iniciado al juez Guerra Labayén, que abrió el Consejo de la Magistratura a partir de una presentación de la Cámara de Abogados de Viedma, que cuestionó la labor del magistrado por no respetar los tiempos procesales para el dictado de las sentencias.

La ofensiva de la entidad de los letrados, que preside Nicolás Fantón (mencionado en los fallos), tuvo resultado y se avanzó en la investigación.

Además, el sumariante elegido fue Santiago Güenumil, que es miembro del Consejo por el Colegio viedmense. En esa reunión de mediados de marzo, el Consejo fue presidido por el titular del STJ, Sergio Ceci y participaron los legisladores Facundo López, Lucas Pica y Juan Martín mientras la terna de abogados se conformó con Güenumil, Andrea Morón y Luciano Perdriel.

En el inicio de mayo, el Consejo deliberó por la recusación que presentó Guerra Labayén de los miembros del Colegio, que fueron los denunciantes. No fue aceptada, el proceso sigue y Güenumil tendrá 90 días para su informe, estimándose que en septiembre y octubre habrá resolución.