Sindicalismo pendenciero: hora de pagar en la Justicia y revisar la cultura interna





Los reporteros gráficos Patricio Rodríguez –de RÍO NEGRO– y Federico Soto, y la trabajadora municipal Elena Cabezas no están muertos de milagro. Otras personas (militantes, vecinos, turistas) podrían haber corrido igual destino. Así y todo, Elena quedó seriamente herida, impactada por una bala en la cadera. Se repone, pero se evaluaba su intervención quirúrgica.

La bestial acción del patotero Pedro Jofré, pistola en mano, disparando a mansalva en pleno centro de San Martín de los Andes, nos ha dejado azorados por su impunidad, para la cual la protección sindical y la inacción policial han sido determinantes.

Jofré corría tiroteando a la multitud, pero particularmente apuntó y disparó al divisar la cámara y el trabajo de los periodistas que cubrían la trifulca.

Carlos Quintriqueo es el principal -no único- dirigente que deberá explicar cómo se permitió desde su vertiente gremial que haya un violento como Jofré, “calzando” un revólver y dirimiendo con él disputas pendencieras de ATE; decidiendo las vidas de las personas.

A la Justicia, a las víctimas, al gremio y a los ciudadanos Quintriqueo deberá explicarles por qué se los ha transportado -a él y a otros sujetos- desde Neuquén a la ciudad turística y con qué fines. Por qué se protegió a Jofré (desde su llegada hasta su regreso a Neuquén en calidad de prófugo). Y, por si fuera poco, por qué lo justificó. Cuando todo el país ya había visto las impactantes fotos de Jofré apuntando y disparando contra los periodistas y los videos corriendo mientras tiroteaba a los militantes y a quien se le cruzara, Quintriqueo dijo: “Lo único que hizo fue defender a las mujeres que estaban siendo agredidas”. Huelgan comentarios.

Otros responsables también adeudan explicaciones precisas acerca del origen de la pelea sindical nacida de un simple reclamo por aguinaldo de una trabajadora y que desembocó en tan temeraria acción: los líderes locales y provinciales tanto de la lista Verde y Blanca, como los de la Verde Anusate. Son las facciones contendoras. Todos ellos esgrimieron enérgicas condenas por lo sucedido, pero se echaron recíprocas culpas. No dijeron convincentemente por qué la violencia anidó en ambas facciones, con palos, piedras y puños, dejando no pocos lesionados. El módico argumento del “derecho” de listas vencedoras versus el “resentimiento” de sus opositores no puede ser considerado a la luz de esta barbarie.

Dirigentes políticos -locales y provinciales– deberán despejar toda duda de que son ajenos a estos patoteros.

Y la policía deberá explicar su inoperancia: por qué no previó un escenario violento, frente a la dimensión de los movilizados y los ánimos beligerantes visibles en ambos grupos. Y por qué no detuvo inmediatamente a Jofré, quien ya había arrojado el arma tras su huida, y permitió que estuviera prófugo unas cuantas horas. ¿Zona liberada? -como dijo Rodolfo Aguiar- o pasividad y torpeza?

Remarcamos: Jofré -pistola en mano- ha sido el ejecutor más extremo de la barbarie. Pero su impunidad tiene el sello y amparo de los popes sindicales. Y quienes blandieron palos y piedras y produjeron destrozos dentro y fuera de la Municipalidad también tienen en sus dirigentes a sus responsables.

Según se sabe, este pistolero no era un desconocido. Trabajó en el gobierno provincial hasta hace pocos meses y hay fotos que lo muestran posando con Quintriqueo y otros caciques de ATE. Se lo señala como custodio del propio dirigente.

La Justicia deberá actuar con todo rigor. Pruebas y testimonios sobran. Deberán pagar Jofré, sus patrocinadores sindicales o políticos, y los demás vándalos.

Al mismo tiempo, la dirigencia sindical y la política necesitan reevaluar su calidad institucional. Plantearse severamente en su interior por qué profesan el culto de la violencia. Por qué en un país que se precia de democrático y donde debiera regir el imperio del derecho, hay facciones que dirimen conflictos con la prepotencia, el patoterismo y el desprecio del diálogo. Hemos tenido suficientes antecedentes que -por su magnitud- debieran haber sido a esta altura aleccionadores; en particular en la región el ataque del grupo de Miguel Báez al diario RÍO NEGRO

Por el contrario, los dirigentes gremiales debieran ser promotores clave en el destierro de las patotas de sus filas e impedir un perfil corporativo que implique un estatus de privilegio y los habilite a ejercer coacción, presión e imposición de políticas, como muchos aún hacen hoy.

Ese Nunca Más debería ya alcanzarlos, de otro modo los violentos siempre tendrán vía libre e impunidad.


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