Techo Digno: Tras la absolución de Gennuso, llegan a juicio otros dos exintendentes de Río Negro

Al juicio de Gustavo Gennuso por la causa Techo Digno en Bariloche -que concluyó ayer con una sentencia absolutoria- le seguirá, a partir del 9 de marzo de 2026, las audiencias orales contra la exintendenta María Eugenia Martini, que está bajo proceso judicial en la provincia desde hace seis años.

La exjefa comunal peronista, que gobernó entre 2013 y 2015, terminó la etapa de control de acusación en abril. Se la imputa por fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta y peculado por presuntas irregularidades en el pago de certificaciones a las empresas Alusa y Oriente Construcciones del plan de casi 900 casas que se inició en su gestión.

Junto a la exintendenta llega a juicio el exresponsable de Obras del municipio, Alfredo Milano.

La causa judicial contra Martini llevó varios años, entre presentaciones de las partes que generaron dilaciones, y por la supuesta cargada agenda de los jueces en Bariloche, donde no se lograba coordinar con tres magistrados para confirmar un tribunal, también la fecha de su juicio es a largo plazo y se realizará casi un año después de que terminó la etapa del control de acusación, que es la instancia previa a las audiencias orales.

Semanas atrás Juan Reggioni, el exintendente de Fernández Oro, también concluyó con esa fase de investigación en la Justicia de Cipolletti y se definió que irá a juicio oral por otro de los expedientes de Techo Digno de similares características al de Martini. Hasta el momento no se conoce la fecha pero podría ser antes del segundo de Bariloche, depende de la agenda de los magistrados y la definición de la Oficina Judicial de la IV Circunscripción.

En la lista de la megacausa Techo Digno quedan más de una docena de exintendentes y una actual jefa comunal (Claudia Montanaro), la mayoría con cargos formulados y muchos próximos a llegar a la etapa previa al juicio. Las acusaciones son similares en todos los casos, por desvío de los fondos destinados a los planes de viviendas o pagos de certificaciones que no se condecían con el estado de avance de las construcciones.