Femicidio de una joven en Santa Cruz: sospechan negligencia policial y lanzan investigación interna
Las autoridades provinciales buscan determinar si el personal policial actuó conforme al protocolo ante una situación de violencia extrema y flagrancia.
La joven asesinada en Santa Cruz. Foto: gentileza.
Tras el brutal femicidio de Antonella Aybar en Caleta Olivia, el gobierno de Santa Cruz dispuso una investigación interna para determinar si existieron fallas en el accionar policial durante el procedimiento.
La joven, de 23 años, fue asesinada a puñaladas por su pareja, Nicolás Moyano, también de 23, quien luego se suicidó dentro de la vivienda que compartían en la esquina de las calles Escocia y Egipto, en el barrio 13 de Diciembre. Antes del crimen, Moyano también atacó y dejó gravemente herida a su madre, Stella Maris Ganga, de 53 años, quien logró pedir ayuda.
Las directivas, que tienen carácter de urgente cumplimiento, fueron anunciadas este miércoles por el titular de la citada cartera ministerial, Pedro Pródromos.
El ministerio de Seguridad provincial ordenó a la Jefatura de Policía que active la intervención de la Sección Asuntos Internos, a fin de determinar con precisión cómo actuó el personal que intervino en la madrugada del viernes 16 de mayo. La decisión fue comunicada oficialmente este miércoles por el ministro Pedro Pródromos, quien subrayó el carácter urgente de las medidas.
La decisión oficial surge en medio de versiones cruzadas y posibles omisiones de los policías
Según el comunicado difundido por la secretaría de Comunicación Pública, «la decisión se funda en atención a la gravedad institucional que podría derivarse del hecho en cuestión». A la vez, se enfatizó que el ministerio «reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto irrestricto a los derechos de todos los ciudadanos».
Ese mismo viernes, Pródromos se encontraba en Caleta Olivia y se hizo presente en el sitio del crimen alrededor de las 11 de la mañana. Aunque «no se lo vio ingresar a la casa del horrendo suceso», informaron medios locales.
La intervención de Asuntos Internos surge como respuesta a serias inconsistencias en torno al proceder de los agentes. Stella Maris Ganga, madre del agresor, declaró desde el hospital zonal que, tras ser apuñalada por su hijo, logró salir de la casa y pidió a los policías que ingresaran rápidamente, ya que su nuera estaba siendo atacada. Esta declaración fue respaldada por el primer vecino que la auxilió y que, además, fue quien llamó al 911.
Pese a estas advertencias, los efectivos que arribaron al lugar no habrían ingresado de inmediato al domicilio. En el ámbito judicial se analiza si esto podría constituir una omisión grave, ya que la situación correspondía a un delito en flagrancia, lo que habilita a las fuerzas de seguridad a actuar sin necesidad de una orden judicial. La hipótesis que cobra fuerza es que, de haber ingresado a tiempo, la policía podría haber evitado el desenlace fatal.
En contraposición, ese mismo día, un comunicado oficial de la fuerza indicó que los agentes no ingresaron a la casa porque «se tenía entendido» que la pareja se había retirado en una moto. En función de esa versión, los uniformados esperaban una orden para requisar el inmueble, donde finalmente encontraron los dos cuerpos sin vida.
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