Un diputado de Río Negro pidió a Milei anular la ley que frena los desalojos de pueblos originarios
Sergio Capozzi (PRO) envió una nota al Presidente. Solicitó que se derogue un DNU que firmó el expresidente Alberto Fernández en 2021.
El relevamiento de comunidades indígenas fue ordenado en 2006 y aún está incompleto en Río Negro y Neuquén. Archivo
El diputado del PRO de Río Negro Sergio Capozzi presentó una nota al presidente Javier Milei para que derogue un decreto de necesidad y urgencia firmado por el expresidente Alberto Fernández en noviembre de 2021, mediante el cual se prorrogó hasta 2025 la Ley de Comunidades Indígenas.
La medida pedida por Capozzi apunta a dejar sin efecto la normativa vigente que ordena el relevamiento y frena los desalojos de comunidades indígenas.
La Ley 26.160 de Comunidades Indígenas fue sancionada en 2006 y tuvo varias prórrogas, pero en 2021 la falta de consenso obligó al expresidente Fernández a extender su vigencia hasta noviembre de 2025 mediante un DNU, el número 805/21.
El diputado de Bariloche recordó en la nota enviada días atrás al Presidente que esa normativa es el instrumento mediante el cual “se suspendieron las ejecuciones de sentencia, los actos procesales judiciales y administrativos que tuvieran por objeto el desalojo o desocupación de esas tierras” para atender un reclamo pendiente mencionado en la Constitución Nacional referido a la preexistencia de pueblos originarios en Argentina, entre ellos el mapuche y tehuelche en la Patagonia.
Capozzi señaló que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tenía la misión de realizar un relevamiento territorial pero “vencido ese plazo y visto el magro resultado, se procedió a prorrogar la vigencia de la ley en tres oportunidades” y la última, en noviembre de 2021, se aplicó por decreto debido a que no prosperó en la Cámara de Diputados.
“Se adujo, se otorgaba seguridad jurídica. La realidad es exactamente al revés: particulares ven afectados sus derechos, eventualmente su propiedad privada, los Estados Nacional, Provinciales y Municipales se ven impedidos de realizar intervenciones las tierras que, en muchos casos ni siquiera están en disputa. El dispendio administrativo y judicial es enorme y se generan conflictos sociales graves que no deberían existir”, apuntó el diputado en la nota enviada a Milei.
Indicó que “estas prórrogas indefinidas han provocado, entre otras cosas, que el INAI en el plazo que va desde fines del mes de agosto de 2023 hasta principios de diciembre del mismo año, procediera al reconocimiento de posesión a más de 80 comunidades, algunas de ellas sin personería jurídica, se haya avanzado sobre tierras que tradicional y legalmente ocupa el Ejército Argentino, se altere la posesión de Parques Nacional, se impida la libre circulación (incluidas rutas provinciales) y se generen hechos de violencia que son harto conocidos”.
Capozzi le pidió al Presidente que “para llevar paz, tranquilidad y certeza a los miles de ciudadanos que se ven afectados por el alcance del DNU 805/2021, proceda a su inmediata derogación”.
En la vereda opuesta, organizaciones mapuches habían fundamentado años atrás la necesidad de prorrogar la ley que impulsó la entonces titular del INAI, Magdalena Odarda, actual legisladora de Río Negro. Según se conoció en ese momento, más de 1.700 comunidades integraban el Registro Nacional de Comunidades Indígenas pero aún faltaban muchas por relevar.
En Neuquén el relevamiento indígena tuvo más avances que en Río Negro donde no se logró plasmar un acuerdo para su concreción durante la gestión a Arabela Carreras.
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