Ushuaia resiste la intervención del puerto: «Es una excusa para quedarse con los dólares»
El administrador desplazado salió al cruce de la medida nacional y negó las fallas de seguridad. Denunció que el gobierno de Javier Milei busca apropiarse de los ingresos del turismo antártico y habló de un "ataque al federalismo".
La intervención del gobierno de Javier Milei al Puerto de Ushuaia desató una tormenta política en una región clave de la Patagonia. Luego de la oficialización del desplazamiento, autoridades locales cruzaron los argumentos técnicos del Gobierno Nacional. Atribuyeron la maniobra a un intento de confiscar la «caja» de una de las terminales más rentables del país.
En una entrevista concedida a Ámbito Financiero, el administrador desplazado, Roberto Murcia, planteó que la medida esconde un fin netamente recaudatorio. Según explicó al medio económico, Nación utiliza supuestos problemas operativos como pantalla para tomar el control de los fondos en divisa extranjera.
Murcia fue tajante al desestimar la preocupación oficial por la infraestructura: «Vinieron por la caja y por la posición estratégica», aseugró.
Para el administrador, la prueba de que el argumento de la seguridad es falso radica en que el puerto no fue clausurado, sino que sigue operando bajo nueva gestión.
«Si había tantos defectos de infraestructura y seguridad, entiendo que el puerto no debería funcionar. Y sigue funcionando», argumentó el funcionario para exponer la contradicción. Además, enmarcó la decisión en una embestida política, calificando la resolución como «una apretada del Gobierno nacional» y preguntándose: «¿Dónde quedó el federalismo?».
Los argumentos de la resolución que dio luz verde para intervenir el Puerto de Ushuaia
El conflicto escaló luego de que el Gobierno nacional publicara ayer la Resolución 4/2026, donde justificó la toma de control en dos ejes: el desmanejo de fondos y el riesgo operativo.
Tal como informó este medio, la auditoría de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) detectó irregularidades financieras graves.
El organismo nacional denunció que la administración local había transferido sumas millonarias del superávit portuario para cubrir el déficit de la obra social provincial (OSEF) y gastos generales, en lugar de reinvertirlos en la terminal.
Además, el documento oficial advirtió sobre un «deterioro significativo» en el muelle comercial y la falta de sistemas contra incendios adecuados, lo que motivó el desplazamiento de las autoridades por el plazo de un año.
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