Vacantes en el TSJ de Neuquén: cómo viene el poroteo en la Legislatura

Tanto Gustavo Mazieres, actual consejero de la Magistratura en representación del peronismo, postulado para ocupar la vacante de vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ), como la ministra de Seguridad de la provincia, Vanina Merlo, nominada al cargo de defensora general, se encuentran por estos días gestionando respaldos a sus candidaturas. El lunes 28 vence el plazo para que la ciudadanía, organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales, entidades académicas se pronuncien a favor de las nominaciones que realizó el gobernador, Omar Gutiérrez, o que las objeten. Hasta ahora la única impugnación que se conoció es la de la Asociación de Magistrados y Funcionarios. ¿Qué pasará cuando los pliegos lleguen a la Legislatura?, ¿Están todos los votos?

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En principio se parte de la premisa de que el gobernador oficializa las candidaturas una vez que selló los acuerdos para que sean aprobadas. El Ejecutivo propone y es la Legislatura la que tiene la última palabra para prestar acuerdo. Se necesita una mayoría agravada: dos tercios de los miembros presentes en el recinto.

Salvo la Izquierda que no acompañará las designaciones porque entiende que el mecanismo de selección debería ser por voto popular, el resto de los bloques no quiso anticipar su postura.

La diputada Soledad Martínez (Frente de Todos), que algunos ya cuentan como un voto negativo, dijo que no se pronunciará hasta que concluya la etapa de adhesiones e impugnaciones, y se realice la entrevista a Mazieres y Merlo en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.

Lo mismo afirmaron otros legisladores cuyos votos están en duda como Carlos Coggiola, de la Democracia Cristiana, y Mariano Mansilla y Teresa Rioseco que aún se encuentran en el Frente de Todos.

Ni siquiera Juntos por el Cambio manifestó un rechazo abierto a la nominación. La legisladora Leticia Esteves se mostró cautelosa y aseguró que estará atenta a las respuestas que brinden ambos en la comisión. Fueron justamente dos diputados del PRO los que denunciaron a Mazieres en 2016 ante la justicia federal por presunto lavado de activos. En esa causa el abogado fue sobreseído en 2021 y la resolución no fue apelada (ver aparte).

La nominación de Germán Busamia, el último vocal en ser designado en 2018, a propuesta de Gutiérrez, cosechó 27 votos positivos. Evaldo Moya y José Gerez 29, Alfredo Elosú Larumbe y Soledad Gennari, 24.

Gustavo Mazieres fue investigado por presunto lavado de activos en la llamada «causa OPS», en referencia a la empresa de servicios petroleros. Las actuaciones comenzaron en 2016, a instancias de una denuncia que realizaron los entonces diputados del PRO, Leandro López (Neuquén) y Sergio Wisky (Río Negro) ante la justicia federal. Luego de cinco años no se encontraron elementos para imputarlo y el juez Gustavo Villanueva lo sobreseyó. La resolución está firme y la consintieron tanto la fiscalía como la querella, que en este caso es la Unidad de Información Financiera (UIF).

El candidato sabe que será consultado por este tema en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura y se prepara para brindar detalles de la causa.

Los cuestionamientos a Vanina Merlo estarán dirigidos a remarcar sus escasos antecedentes, tanto académicos como en materia de litigación, para conducir el ministerio público de la defensa. El grueso de su trabajo, desde 2008 a la fecha, ha sido como funcionaria del MPN.

Escuchá la opinión del consejero titular del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Neuquen, Marcelo Inaudi en «Vos a Diario» por RN RADIO:

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