Poner la cara
Para extrañeza de muchos e indignación de algunos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo mismo que su marido fallecido, siempre ha preferido guardar silencio frente a desastres luctuosos. Por temor a ver deslustrada su imagen pública o por falta de empatía, es notoriamente reacia a cumplir lo que es una de las funciones básicas de su cargo cuando la ciudadanía quiere sentirse acompañada por los dirigentes políticos. Comparten su actitud los demás integrantes del gobierno nacional. Desde que la combinación nefasta de una red eléctrica precaria con una ola de calor intensa provocó una serie de apagones, algunos muy prolongados, en diversos puntos del país, en especial en el conurbano bonaerense, el jefe del Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Planificación, Julio De Vido; el secretario de Energía, Daniel Cameron, y otros funcionarios están procurando convencer a la gente de que el gobierno de Cristina no tiene nada que ver con las deficiencias del sistema energético, que todos los problemas se deben ya a las empresas de distribución, Edenor y Edesur, ya a la irresponsabilidad de aquellos usuarios que no apagan los aires acondicionados cuando la temperatura se acerca a los 40 grados. Según De Vido, les corresponde a los directivos de las empresas eléctricas “poner la cara”, de tal modo eximiendo a Cristina y los funcionarios de su gobierno de la necesidad de hacerlo. En todos los países, incluyendo a los menos propensos a entregarse al populismo sensiblero, la gobernabilidad depende en buena medida del vínculo emotivo de la ciudadanía con los líderes políticos. Es por eso que, aun cuando la presencia física de un presidente o primer ministro pueda provocar más problemas que beneficios, como suele ser el caso al producirse desastres naturales como terremotos o inundaciones, los mandatarios se saben obligados a visitar las zonas afectadas y hablar con algunas víctimas, de tal modo brindando la impresión de que ellos también se han visto perjudicados. Aunque el desafío así supuesto es mucho mayor cuando los funcionarios pueden ser acusados de ser responsables de una catástrofe determinada, entienden que negarse a “poner la cara” les sería peor que procurar defenderse contra sus críticos ensayando explicaciones destinadas a minimizar su propio aporte a lo ocurrido. Para el gobierno nacional, los cortes de luz no programados han sido costosos en términos políticos porque se deben, en parte por lo menos, a la estrategia energética irracional del kirchnerismo. Pero, lejos de minimizar tales costos haciendo gala de su autoridad, los funcionarios, encabezados por Cristina, se las han arreglado para aumentarlos al reaccionar ante la crisis de forma tan torpe. Como ya les es habitual, se han esforzado por esquivar el bulto trasladándolo a las provincias y municipalidades, además de las empresas. No sólo se trata de un grave error de comunicación, lo que de por sí motivaría sorpresa en vista de la obsesión kirchnerista con “el relato”, sino también de un síntoma del escaso interés del gobierno en temas prácticos relacionados con la administración. La ausencia de Cristina, luego de un período posoperatorio breve en que trató de reconciliarse con la ciudadanía, ha sido motivo de muchas críticas por parte de dirigentes opositores y de malestar entre sus propios simpatizantes, lo que es comprensible por ser cuestión de una presidenta que, durante años, hizo de la comunicación sin intermediarios mediáticos con la gente la base de su popularidad personal, aprovechando en toda oportunidad la cadena nacional de radio y televisión para mantenerla informada de sus actividades, sus pensamientos y su estado de ánimo. Si bien le ha sido necesario descansar, como jefa de un gobierno unipersonal en que ningún funcionario quiere correr el riesgo que le supondría desviar un milímetro de la línea presidencial, Cristina no puede darse el lujo de asumir una postura prescindente. Si está a cargo, tendrá que mostrarlo; si ya no se siente en condiciones de asumir todas las responsabilidades presidenciales, sería mejor que las delegara explícitamente a sus subordinados, aunque hacerlo significaría un cambio tan radical de su “estilo” que podría ser suficiente como para modificar drásticamente el panorama político del país.
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