Por fin alcanzado

El general Augusto Pinochet abandonó el poder hace diez años con la seguridad de que si bien su gestión sería criticada por sus muchos enemigos a nadie se le ocurriría obligarlo a rendir cuentas por crímenes cometidos tres lustros antes. Pero, desgraciadamente para él pero afortunadamente para la inmensa mayoría de sus compatriotas, la democracia limitada que Pinochet legó a sus sucesores elegidos continuó madurando hasta que, por fin, un juez pudo ordenar su arresto por secuestro y homicidio calificado. Si bien la decisión en tal sentido del juez Juan Guzmán entraña muchos riesgos – la democracia chilena aún no se ha liberado por completo de la amenazadora tutela militar -, el que se haya animado a tomarla es evidencia de que Chile no dista mucho de ser, conforme a los criterios occidentales, un “país normal” en el que ningún ex dictador pueda considerarse por encima de la ley. Irónicamente, es de suponer que el propio Pinochet esperaba que ello ocurriría un día aunque, huelga decirlo, le ha indignado sobremanera el hecho de que se haya aproximado a la meta tan pronto.

Puesto que el ex dictador ya tiene 85 años, le habrá parecido razonable dar por descontado que su país alcanzaría la madurez cuando ya estuviera a salvo de cualquier manifestación de la justicia terrenal. Antes del 16 de octubre de 1998, todo hacía pensar que la evolución política chilena seguiría siento tan lenta que la revisión de los crímenes perpetrados por su régimen carecería de consecuencias concretas. Sin embargo, su detención en aquel día por integrantes de la policía británica a pedido de un juez español sirvió para acelerar los cambios. Aunque muchos chilenos, incluyendo a antipinochetistas, sintieron indignación por lo que a su juicio fue un alarde de imperialismo judicial, los más terminaron aceptando que les correspondía adecuar sus propias prácticas a las internacionales. En efecto, durante su enfrentamiento con la Justicia británica los defensores de la soberanía chilena daban a entender que Pinochet debería ser juzgado en Santiago de Chile, no en Londres o Madrid.

En vista de la edad avanzada del reo y de la lentitud de los procesos judiciales, no es demasiado probable que Pinochet pase mucho tiempo entre rejas por sus crímenes. Con todo, sería difícil subestimar la importancia de lo que acaba de sucederle. Lo mismo que en nuestro país, en Chile está consolidándose el principio de que las “emergencias” políticas no justifican los delitos de lesa humanidad y que en última instancia los jefes son legalmente y no sólo hipotéticamente responsables por lo perpetrado por sus subordinados, sobre todo cuando, como en el caso de Pinochet, sabían muy bien lo que hacían.

Por motivos evidentes, las fuerzas armadas chilenas se sienten agredidas por la orden de arresto contra su ex comandante en jefe y sus simpatizantes políticos han protestado con vehemencia. Siempre y cuando su ira no provoque una convulsión, es muy positivo que tantos se hayan creído tocados por la humillación de su “tata”. Significa que los propensos a compartir las actitudes truculentas de personajes como Pinochet comprenden que lo que está en juego no es el destino de un solo hombre, por notorio que éste sea, sino de toda una subcultura política que ha contribuido enormemente al atraso de los pueblos latinoamericanos. Mientras que en nuestro país los que pensaban como los pinochetistas se las arreglaron para alejarse de los militares antes de celebrarse los juicios contra los protagonistas de la guerra sucia, en Chile la mayoría les ha permanecido leal, atribuyendo su compromiso emotivo con ellos al éxito de los cambios económicos que pusieron en marcha, de manera que era forzoso enseñarles que la impunidad para cometer crímenes horrorosos es incompatible no sólo con la democracia sino también con el respeto por las normas civilizadas. ¿Se darán por aludidos los habituados a considerar anecdóticos los secuestros, los asesinatos y la tortura institucionalizada? Ya no les será tan fácil como antes continuar minimizando la gravedad de los crímenes perpetrados por la dictadura y, por este motivo, parece probable que la orden de arresto dictada por el juez Guzmán contribuya a la consolidación de la democracia chilena.