Ofensiva K sobre la Justicia independiente

AnÁlisis

Claudio Rabinovitch

Las sonrisas de los “aplaudidores” de siempre, la ausencia de casi toda la oposición (apenas se observó al senador radical “Nito” Artaza) y el rostro tenso del titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, fueron el marco en que la presidenta Cristina Kirchner realizó su discurso de los seis puntos que integran el denominado proyecto de “democratización de la Justicia”. Como señaló el diputado de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, lo bueno que puede haber en modernizar el Poder Judicial queda empañado por la “politización” de la iniciativa. En el contenido del “paquete” hay tres aspectos muy preocupantes: • La regulación de las medidas cautelares, “inspirada” en la causa Clarín –que planteó ese recurso en la ley de medios– conlleva un notable peligro. El constitucionalista Daniel Sabsay deslizó un ejemplo: si se otorga una obra de infraestructura mediante un procedimiento irregular (como falta de una licitación pública regular) no se podría plantear una cautelar, ya que de acuerdo a lo afirmado para la presidenta solo se habilita en casos de peligro de vida o de la libertad. Ese caso hipotético se podría extender favoreciendo la posición de empresas o particulares cercanos al oficialismo (en la aplicación de la ley de medios, según numerosos observadores hubo “hijos y entenados”, ya que ciertos grupos quedaron exentos de cumplir con la desregulación que exige la norma. • La reforma del Consejo de la Magistratura es otro punto muy peligroso: si bien la jefa de Estado aseguró que no es necesario modificar la Constitución Nacional para habilitar la elección popular de los consejeros, la ley suprema indica que la elección la tiene que hacer cada uno de los estamentos, es decir, en el caso de los jueces, abogados y académicos por sus organismos competentes. “Lo que quiso la Constitución del 94, es impedir la politización de los miembros no políticos”, explicó el experto Félix Lon. Los más críticos avizoran que la intención del oficialismo es conseguir la mayoría que le permita ir conformando una justicia adicta. • La creación de tres cámaras de casación, aun cuando se argumentó que servirán para descomprimir a la Corte Suprema, podrían dañar la función del más alto tribunal ya que en Casación se unificarían los criterios en cada materia.. “Las causas previsionales pueden aletargarse”, advirtió Andrés Gil Domínguez. Aunque puede ser positiva la exigencia de la declaración jurada de los magistrados, es sabida la dificultad que tiene la prensa para conseguir la actualización de las declaraciones juradas, por ejemplo de los legisladores. Muchas veces se trata de buenas intenciones que quedan en el papel, y que permiten poner una especie de cortina sobre las maniobras que al poder le importan.