Presos políticos o detenidos arbitrariamente

La mejor solución sería que los propios tribunales depuren las causas con la mayor imparcialidad, separando la paja del trigo y brindando argumentos sólidos.

En un video que compartió en su cuenta de Twitter, el presidente Alberto Fernández reiteró su conocida posición acerca de la situación de algunos dirigentes políticos procesados o detenidos por la Justicia durante el período del gobierno anterior. Según el presidente “en la Argentina ha habido detenciones arbitrarias que no deben seguir ocurriendo. Mucha de esa gente lleva años de encierro innecesariamente porque la ley procesal les permitiría soportar esos juicios en libertad”. En respuesta, desde Juntos por el Cambio, en un comunicado firmado por Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto, se elevaron críticas afirmando que “el Gobierno ataca la independencia de los jueces y va por la impunidad kirchnerista”. De modo que estamos ante un tema que divide claramente a la opinión pública y grafica la consistente grieta que divide a los argentinos.

En realidad, las afirmaciones del presidente Alberto Fernández van más allá de la simple denuncia de detenciones arbitrarias dado que añade que “en los últimos años el “lawfare” se instaló en Argentina. Entonces cuestioné la complacencia judicial y mediática con el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores”.

De modo que se está denunciando una grave desviación del poder, una vulneración del Estado de Derecho, consistente en la manipulación de unos procesos judiciales para dejar fuera de juego a determinados dirigentes políticos de la oposición e inclinar el terreno electoral a favor de una determinada opción política. Sería una estrategia similar al cuestionado proceso que afectó a Lula da Silva en Brasil, que actualmente pretende proscribir la candidatura de Evo Morales en Bolivia, y que guarda un aire de familia con la larga proscripción que sufrió el general Perón en Argentina.

Como resulta obvio, al tratarse de un hecho político muy controvertido, resulta ilusorio pretender alcanzar prematuramente una síntesis superadora de todas las posiciones. Sin embargo, se pueden sentar algunas bases que sirvan como criterios orientadores en la búsqueda de unas soluciones medianamente aceptables para todas las partes. El punto de partida debiera ser el principio de huir de toda simplificación y entender que, como aconseja Robert Sapolsky, debemos pensar en forma compleja sobre las cosas complejas. Este principio obliga a descartar las condenas anticipadas y los juicios morales descalificatorios de corrientes políticas que solo pretenden deslegitimarlas ante la opinión pública.

En primer lugar, es evidente que estamos ante un cuadro complejo dado que las personas detenidas lo han sido en base a decisiones adoptadas por el Poder Judicial en ejercicio de sus competencias. En un Estado de derecho, las arbitrariedades cometidas por ciertos jueces en el ejercicio de sus competencias, deben ser corregidas por los tribunales de alzada. Pero aquí nos encontramos con una situación peculiar dado que, según opinión de una parte, los tribunales de alzada fueron previamente raleados mediante el desplazamiento forzado de los jueces anteriores para cubrirlos con nuevos jueces promovidos, por su afinidad con el gobierno de turno.

Por otra parte, es evidente que no estamos ante una realidad homogénea. Por un lado existen procesos e incluso condenas por actos indudables de corrupción que se produjeron en el período kirchnerista (por ejemplo las causas de José López y de Daniel Muñoz). Junto a esas causas, ha habido otras promovidas por el juez Claudio Bonadio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de indudable contenido político, hecho reconocido por el propio Miguel Ángel Pichetto para citar una opinión que no puede ser tildada de kirchnerista: causa del Memorándum con Irán que dio lugar a un procesamiento absurdo por “traición a la patria”; causa del Banco Central; etc.

Finalmente, hay otras causas por supuestos actos de corrupción que no han llegado a la etapa de juicio oral y han sido severamente cuestionadas por los abogados defensores por la forma arbitraria en que se instruyeron los procesos. La causa más emblemática es la denominada causa Cuadernos, donde el innegable autoritarismo del fallecido juez Bonadio ha dado lugar a un proceso mal instruido, en especial con el tratamiento a los “arrepentidos”, forzados a un ablandamiento previo mediante el uso arbitrario de la prisión preventiva.

Desde una perspectiva institucional, la mejor solución sería que los propios tribunales de justicia fueran depurando las causas con la mayor imparcialidad, separando la paja del trigo y brindando argumentos sólidos en cada decisión. De allí que no sea conveniente para nadie -incluso para los mismos acusados- que se adopten medidas genéricas de amnistía o indulto, puesto que de ese modo nunca sabríamos si existió la denunciada interferencia política en el Poder Judicial. Cuando el presidente Alberto Fernández utiliza la categoría “detenciones arbitrarias” y señala que no estamos ante “presos políticos” marca claramente su voluntad de que sea el propio Poder Judicial el que se ocupe del tema. Si esa estrategia consigue que la Justicia otorgue “a cada uno lo suyo”, como exigía la regla de Ulpiano, habremos dado un importante paso para el desvanecimiento paulatino de la grieta que separa a los argentinos.

*Abogado