Princesa española imputada en caso de corrupción
Sospechan que sabía del desvío de fondos que habría hecho su marido
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Iñaki Urdangarín (izq., junto a la infanta Cristina y el rey Juan Carlos) ha traído dolores de cabeza a una realeza cuestionada en medio de la crisis .
MADRID (AFP/DPA).- La infanta Cristina, hija del rey de España, fue imputada ayer en la investigación por presunta corrupción abierta contra su marido, Iñaki Urdangarín, llevando al corazón de la familia real un escándalo que daña gravemente la popularidad de la monarquía española.
Subrayando su “máximo respecto por las decisiones judiciales”, la Casa Real manifestó “su sorpresa” con la decisión del magistrado, quien en marzo del 2012 había desestimado imputar a la infanta.
Rubia, afable y con imagen de princesa moderna, Cristina, de 47 años, está llamada a declarar el 27 de abril por un delito de tráfico de influencias ante el juez José Castro de Palma de Mallorca, instructor del denominado “caso Nóos” que implica desde 2011 a su marido.
Sin embargo, la hija menor del rey Juan Carlos, séptima en la línea sucesoria al trono de España, podría acabar eludiendo el mal trago, ya que un fiscal anticorrupción decidió recurrir la citación, argumentando “la falta absoluta de indicio de participación en hecho delictivo alguno”.
Primer miembro de la realeza española imputado en un caso de corrupción, la infanta había permanecido hasta ahora al margen de una investigación que se acerca cada vez más peligrosamente al círculo íntimo del monarca, de 75 años, cuya imagen también se vio afectada por el escándalo.
La infanta formaba parte de la junta directiva del Instituto Nóos, la organización a través de la cual Urdangarín y Torres se apropiaron presuntamente de seis millones de euros de dinero público aprovechando contratos adjudicados por los gobiernos regionales de las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana. Además, es propietaria al 50% junto a Urdangarín de Aizoon, una de las empresas supuestamente implicadas en la trama. Alto y apuesto, Urdangarín, de 45 años, excampeón olímpico de balonmano y Duque de Palma, es sospechoso, al igual que su exsocio Diego Torres, del desvío de fondos entre el 2004 y el 2006.
La imputación de la hija del rey –que implica una investigación judicial que podría desembocar o no en una inculpación– tiene lugar después de que su nombre apareciese en antiguos correos electrónicos desempolvados por Torres. Enfrentado con Urdangarín, este facilitó al juez varios paquetes con decenas de comunicaciones, el último de los cuales buscaba demostrar, según la prensa, que el propio rey conocía y respaldaba los negocios de su yerno.
El juez defiende que entre los objetivos de la imputación de la infanta está el de “evitar el descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos”. La imputación supone que la infanta tendrá que declarar ante el juez .
En una España minada por la austeridad y el desempleo, la opinión pública ya no perdona los escándalos que salpican a los más altos símbolos del Estado.
