Prioridades distintas
Desde el colapso del gobierno de Fernando de la Rúa a raíz de la decisión de una parte muy poderosa de la «clase política» nacional de abandonarlo a suerte, la relación de la Argentina con el mundo desarrollado representado por el FMI y Estados Unidos se ha caracterizado por la incomprensión mutua. Si bien es del interés del propio FMI que se firme lo antes posible un acuerdo destinado a poner fin a la virtual expulsión de nuestro país del sistema financiero mundial, el gobierno interino de Eduardo Duhalde, la Corte Suprema, varias docenas de jueces y muchos legisladores parecen resueltos a asegurar que quedemos en el limbo muchos meses más. Sin embargo, para que sea posible cualquier acuerdo, es necesario que haya un mínimo de confianza en cuanto a la voluntad y la capacidad de las partes de honrar sus compromisos. En el caso del FMI, este requisito no plantea demasiados problemas: puede que sus exigencias sean tan atroces como dicen sus críticos más furibundos, pero no le es tan fácil negarse a cumplir sus promesas. En el de la Argentina, en cambio, las dificultades parecen insuperables. Toda vez que el gobierno duhaldista se afirma dispuesto a tomar una medida determinada, la Corte Suprema, alguno que otro juez federal o un grupo de legisladores se las arreglan para frustrarla en nombre de su interpretación particular de la ley o de los supuestos intereses populares.
El resultado de la situación así creada está a la vista. No es posible acordar nada con «la Argentina» porque nadie tiene la autoridad suficiente para comprometerla a ningún curso de acción. En lugar de un gobierno, en el sentido lato de la palabra, lo que tenemos es una mezcla caótica de corporaciones rivales que están más interesadas en hacer tropezar a sus adversarios, que en cerrar filas en torno de una estrategia común. Puede entenderse, pues, la frustración que sienten sus interlocutores en el exterior. Como el secretario del Tesoro norteamericano Paul O»Neill señaló hace poco, Estados Unidos «no puede, y no debe, imponer una solución para la gente argentina», pero tampoco puede ayudar mucho hasta que «se desarrollen políticas económicas confiables», empresa ésta que el país no parece estar en condiciones de intentar.
El diálogo de sordos entre «la Argentina» y «el mundo» se debe a que las prioridades de los participantes son muy distintas. Como es natural, los técnicos fondomonetaristas y los funcionarios norteamericanos y europeos tienen sus propios intereses concretos e ideológicos que están procurando defender, pero a esta altura concordarán en que todos perderán, a menos que la Argentina deje de constituir una especie de agujero negro económico que plantea riesgos financieros y políticos a los demás países de la región y también del resto del planeta. Aunque es de suponer que la mayoría de los dirigentes nacionales también quisiera que el país se recuperara pronto, pocos están dispuestos a subordinar sus propios intereses inmediatos al bien común.
Por lo tanto, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, se ve jaqueado repetidamente por las sinuosas maniobras políticas de Duhalde, por las intrigas internas de presuntos oficialistas, por la hostilidad virulenta de muchos jueces, por la voluntad de «diferenciarse» de los radicales, de los seguidores de Elisa Carrió, de los izquierdistas y de la cantidad creciente de peronistas que se comprometen con precandidatos resueltos a oponerse al gobierno actual. En este contexto, la mera sospecha de que el gobierno esté por improvisar una estrategia coherente es más que suficiente como para asegurar que buena parte del arco político se combine para impedirlo. Para colmo, para la mayoría abrumadora de los integrantes de la clase política nacional, desbaratar los planes oficiales de turno ya se ha convertido en un hábito, motivo por el que todo hace prever que la parálisis resultante seguirá siendo «normal» hasta que se hayan producido muchos cambios políticos fundamentales. Puesto que lo más probable es que el país recaiga en el populismo descerebrado de los que prefieren protestar a intentar solucionar los problemas por entender que la demagogia les será más provechosa que la racionalidad, el aislamiento al que nos condenamos hacia fines del año pasado parece destinado a prolongarse mucho tiempo más.
