Procesaron a escribana de Bariloche por presunta estafa al Estado

JUDICIALES

La Cámara Criminal Primera rechazó un recurso de apelación y confirmó el procesamiento contra la escribana local María Alejandra Aguirrezabala como presunta autora del delito de defraudación contra la administración pública por un monto que ronda el millón de pesos. Los jueces Marcelo Barrutia y Gregor Joos desestimaron el recurso de apelación que el abogado defensor Raúl Ochoa presentó para revocar el procesamiento sin prisión preventiva dispuesto por el juez de primera instancia. El tercer juez del Tribunal Héctor Leguizamón Pondal se abstuvo. A la mujer se le imputa que entre diciembre de 2001 y junio de 2006, en su doble carácter de escribana pública titular del Registro 84 de esta provincia y agente de recaudación tanto del impuesto provincial de sellos como de las tasas retributivas de servicios del Registro de la Propiedad Inmueble, tras recaudar de los particulares los importes correspondientes a los impuestos y tasas, en vez de depositar el dinero en la cuenta abierta a nombre del impuesto de sellos y de la DGR en el Banco Patagonia retuvo indebidamente los fondos. Luego, según la acusación fiscal, sustrajo distintas sumas de dinero. A la imputada se le atribuyeron 48 hechos, según la acusación fiscal, que suman alrededor de un millón de pesos. Las presuntas maniobras quedaron al descubierto a partir de la denuncia que radicó el 8 de octubre de 2007 Graciano Bracalente, en su carácter de subsecretario de Ingresos Públicos a cargo de la Dirección General de Rentas provincial (hoy Agencia de Recaudación Tributaria) ante la Fiscalía 4 de Bariloche. La escribana se abstuvo de declarar cuando fue indagada. Al ampliar su declaración, manifestó que no le interesaba lo que se le estaba leyendo y que no estaba anímicamente bien para decir nada al respecto, según consta en el procesamiento al que accedió “Río Negro”. El Fiscal de Cámara subrogante Sergio Picheto dictaminó por rechazar el recurso de apelación. Barrutia en su voto, al que adhirió Joos, sostuvo que “la imputada tuvo y tiene asegurado su derecho de defensa, ya que los hechos que se le atribuyen han sido detallados con descripción de todas las circunstancias de personas, tiempo, lugar, modo, en definitiva, de la maniobra que le permitipó apoderarse de estos montos dinerarios que debió percibir la Administración Pública”. Señaló que “la abundante prueba” incorporada a la causa, “permite tener por probada con el grado de probabilidad requerido por la etapa, tanto la materialidad del hecho, como la autoría y la responsabilidad de Aguirrezabala”. rionegro.com.ar con información de DeBariloche