Denunciantes piden «veedores» en el sumario contra la fiscal Cendón en Bariloche y la defensa habla de «presión»

El trámite del sumario disciplinario por maltrato laboral que lleva adelante el Consejo de la Magistratura contra la fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón lleva más de ocho meses, mientras los denunciantes critican la “falta de transparencia” del proceso para el cual piden veedores externos.

En los últimos días, los denunciantes pidieron en forma simultánea al Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro, a la Asociación Civil de la Defensa Pública de Argentina y a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos que se involucren como “veedores institucionales” del sumario para garantizar “el derecho a la información” y evitar que se consagre “la impunidad corporativa”. También les solicitaron que elaboren pronunciamientos públicos sobre el caso.

Para la defensa de la fiscal la insistencia de los denunciantes «es más un mecanismo de presión externo, ya rozando la coacción», opinó ante este diario el abogado Damián Torres que junto a Raúl Ochoa representan a la funcionaria del Ministerio Público.

Las denuncias contra Cendón surgieron a mediados de 2025, impulsadas por el entonces fiscal Tomás Soto (renunció poco después), los fiscales adjuntos María Fernanda Orticelli y Álvaro Viterbori, el jefe de división Germán Torres y la defensora adjunta Mónica Goye.

Le atribuyeron a la fiscal jefe “conductas constitutivas de mobbing laboral severo e injerencia funcional indebida”. El 7 de noviembre de 2025 el Consejo de la Magistratura formalizó la apertura del sumario, designó al legislador Juan Murillo Ongaro (PRO) como instructor sumariante y en paralelo rechazó el pedido de suspensión de Cendón.

El legislador que debe investigar las acusaciones pidió una extensión del plazo para completar el trabajo y quedó obligado a presentar su informe el próximo 19 de agosto.

Los reproches de los denunciantes al proceso

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Los denunciantes dijeron que el instructor sumariante Murillo Ongaro ejecutó un “grosero vaciamiento de la prueba de cargo”, lo que resulta en “un verdadero escándalo jurídico”.

Según señalaron, hasta ahora citó a 23 de los 45 testigos ofrecidos por los denunciantes. El sumario en total prevé el interrogatorio a 49 testigos. Estos datos surgen de la escueta respuesta enviada a la Legislatura ante un pedido de informes del bloque Vamos con Todos.

Allí el presidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Apcarián, negó que se haya coartado “el acceso a la información sobre el avance del expediente disciplinario”, tal como señalan los denunciantes.

La queja principal de los denunciantes es que no se los citó a declarar para aportar detalles de lo que consideran situaciones de maltrato por parte de Cendón, y que ni siquiera se les brindó el cronograma de testigos. En su presentación ante el Colegio de Magistrados y otros organismos, advirtieron que en el proceso “se viola de manera flagrante lo dispuesto por la propia ley del Consejo de la Magistratura y el artículo 40 del reglamento judicial, que consagran expresamente el derecho inalienable de los denunciantes a estar informados de las actuaciones y aportar datos de interés en la etapa investigativa”.

Señalaron que se seleccionó a los testigos “de manera sesgada” y que el sumariante opera “a puertas cerradas y bajo una absoluta opacidad”. Criticaron además que los testimonios se tomen en presencia de Cendón, lo cual “constituye un acto de coacción institucional inaceptable que viola fragramente el Protocolo de Violencia Laboral”.

Los denunciantes destacaron que -a diferencias de otras actuaciones similares del Consejo de la Magistratura- el caso Cendón alcanzó repercusión en ámbitos políticos y motivó “la intervención directa del poder Legislativo”, lo cual a su entender “confirma el desamparo de las víctimas” y demuestra la existencia de “un simulacro procesal diseñado para garantizar la impunidad de la sumariada”.

La defensa habla de «presión» y señala un proceso normal

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El abogado Torres, que representa a la fiscal, opinó: «Pocas veces veo en un tema ejercer tanta presión por fuera del sumario«. Dijo que los plazos del proceso «son normales y habituales» en cualquier cosa que trata el Consejo de la Magistratura y señaló que incluso alguno de los denunciantes que han tenido procesos similares «no se quejaron» de esos plazos en otros expedientes.

Para Torres el Consejo de la Magistratura «trata de la misma manera todos los casos, con más o menos tiempo según la complejidad y este es un caso complejo», afirmó y reprochó que con la insistencia de los denunciantes «quieren limitar o coaccionar el trabajo que el sumariante lleva a cabo».

El defensor explicó que la denuncia contra la fiscal tuvo una arista en el ámbito penal que se debía esperar esa resolución, que llegó hace corto tiempo atrás, para continuar con el expediente en la Magistratura. «A nivel penal se definió que no hay delito«, remarcó y calificó el caso como «un tema completamente político».