Procesaron a Rubén López y círculo íntimo por lavado de dinero
La Justicia Federal les atribuyó movimientos bancarios millonarios, empresas, bienes inmuebles y autos de alta gama. El caso se originó en una investigación de “Río Negro”.
Los principales acusados:el ex secretario general de la Fruta, López, y el titular de la Obra Social del gremio, Lescano.
Movimientos bancarios de millones de pesos sin justificar, beneficiarios apócrifos de dinero, compra de innumerables lotes, empresas fantasmas, adquisición de autos de alta gama, y decenas de movimientos comerciales sospechosos.
Todas esas maniobras sirvieron como base de una investigación que concluyó con el procesamiento dictado por la Justicia Federal al dirigente del Sindicato de la Fruta, Rubén López y a su más estrecho colaborador, Juan Domingo Lescano, por el delito de “lavado de activos agravado”.
También se les trabó embargo por más de un millón de pesos a cada uno de ellos. La medida alcanzó además a Ángel y Karol López, hijos del ahora ex secretario general del sindicato, y a su ex pareja, Silvia Weisser.
Los barones de la fruta (I)
En ese segundo grupo aparecen involucrados Alejandro Lescano, hijo de Juan y la actual pareja del referente gremial Karina Neyroud.
El círculo para conformar este millonario ilícito se cierra con el contador Gustavo Buceta quien también tuvo una activa participación en el armado de la estructura delictiva. A ellos también se le trabó embargo por 200.000 pesos cada uno.
Pingües beneficios
- 24
- propiedades se le atribuyen a la exesposa de López y una sociedad que la mujer formó junto a su hija.
- 16
- cuentas bancarias estaban bajo la administración de Rubén López.
La investigación que duró tres años estuvo a cargo del fiscal Alejandro Moldes quien realizó un estudio pormenorizado de los informes elaborados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y lavado de Activos de la Procuración General de la Nación (Procelac) y de la investigación periodística publicada por “Río Negro” en el año 2015.
Con todos estos elementos y después de que los imputados se negaron a declarar, finalmente el Juez Federal Hugo Greca decidió procesar a las ocho personas involucradas en la causa.
¿Qué se les imputa?
Según la resolución, a los involucrados se les imputa que, de forma organizada y a través de distintas operaciones, pusieron en circulación en el mercado bienes provenientes de diversos “hechos ilícitos”.
Los mismos provendrían de los manejos que los dos principales referentes gremiales (López y Lescano) habrían tenido mientras se encontraban al frente del Sindicato de la Fruta y de la Obra Social de Empacadores de Frutas de Río Negro y Neuquén.
La acción de los imputados al frente de esos organismos ya forma parte de una investigación por “administración fraudulenta” de recursos del sindicato (a partir de la denuncia de los gremialistas Julio Aliaga y Luis Vega), que está en poder de la Unidad Fiscal Temática N° 5, de Cipolletti, desde donde surgieron datos impactantes que sirvieron como estructura para sostener este proceso “por la vado de activos” que se tramita en el fuero de la Justicia Federal.
Sólo en esa causa se investigan los beneficios económicos que habrían logrado y que supera los 1,4 millones de pesos.
Según la investigación federal, los imputados se valieron de las firmas JLK S.R.L, Ohana S.A. y KAV Servicios S.R.L. (conformadas por los parientes de los dirigentes) y de emprendimientos comerciales como el conocido y costoso salón recretativo La Ponderosa (Cipolletti); además de la compra y venta de bienes muebles e inmuebles, para lograr un fin delictivo.
Para el Ministerio Público Fiscal, López y Lescano habrían estado a cargo de coordinar el funcionamiento de “una estructura criminal”.
“Se habrían ocupado de controlar la logística de las operaciones atribuyendo roles, distribuyendo las tareas (administración de los medios humanos y materiales) y disponiendo de las condiciones que permitieron el desarrollo de los hechos”, según indica la investigación.
En esta línea, la investigación apuntó a establecer que “como parte del plan criminal, el aporte del resto de los nombrados (y también de López y Lescano) habría estado destinado a alejar los bienes de su origen ilícito”.
“En este sentido, los aportes de todos ellos habrían sido escenciales para la concreción del delito”, indica.
¿Qué es lavado de activos?
Se denomina lavado de activos al proceso por el cual se intenta transparentar fondos o activos que han sido obtenidos de forma ilícita.
A partir de esta maniobra, el juez Greca encontró suficientes elementos probatorios para imputarles el “lavado de activos agravado” por ser realizado por una asociación formada para la comisión continuada de estos hechos.
Este delito está previsto en el artículo 303 inciso segundo del Código Penal y establece una pena que va desde los 3 a los 10 años y, en caso de tener agravantes, la condena a imponer podría ir desde los 4 años y medio hasta los 13 años.
Cuentas bancarias, empresas, propiedades y vehículos
Los datos surgidos de la investigación del Fiscal Alejandro Moldes son fuertes. Por sólo nombrar un ejemplo, a Rubén López se le imputa que, a pesar de tener un sueldo de 20.000 pesos en el 2015, el exdirigente del Sindicato de la Fruta tenía la administración de 16 cuentas bancarias.
Entre los años 2011 y 2017, administró los fondos del gremio que oscilaban entre los 2 y los 13 millones de pesos; y los de la obra social que iban desde los 21 a los 75 millones de pesos.
Esa estructura, según la investigación, les sirvió para montar firmas en las cuales sus familiares más directos eran los propios socios accionarios. Los mayores ingresos provenían de la venta de bienes muebles e inmuebles.
Entre los imputados surge el caso de la ex esposa de López, Silvia Waiser, quien tuvo una participación muy significativa. “Prestó su nombre para la compra de bienes muebles e inmuebles” con un patrimonio que nunca pudo justificar.
A pesar de que tenía un sueldo que apenas superaba los 15.000 pesos en el año 2013, tiene a su nombre ocho vehículos, y en sólo un año compró 10 lotes en Fernández Oro por un monto cercano a los 560.000 pesos. En ese mismo acto, donó los bienes a la firma Ohana, que integraba ella y su hija, Karol López.
La otra firma KAV también las tiene como socias, y fue conformada en el 2013 con el objetivos de plantar peras y manzanas. Como segunda actividad se estableció el alquiler y explotación de bienes inmuebles para fiestas. Y allí aparece el famoso salón La Ponderosa ubicado en Fernández Oro. En un principio lo explotaron López y Weisser, y de una investigación de campo realizada por la Policía Federal, en el 2017, surgió que era administrado por el marido de la hermana del dirigente gremial.
Todo lo que investigó “Río Negro”
La investigación “Los barones de la fruta”, de los periodistas Ítalo Pisani y Diego von Sprecher, reveló en tres ediciones consecutivas la trama de enriquecimiento de los dirigentes de la Fruta, deudas millonarias del gremio y extorsiones a empresarios frutícolas para negocios particulares.
Describió cómo Rubén López y Juan Lescano no solo acumularon poder en el Sindicato y la Obra Social. También prosperaron en negocios particulares.
El trabajo desarrolló las propiedades, testaferros y beneficios para todo el clan familiar y un selecto círculo, el saqueo de las arcas de las entidades que manejaron y cómo lograron ser ellos mismos empresarios para doblegar a tradicionales firmas frutícolas a fuerza de coerción.
La investigación obtuvo el primer premio Periodismo de Investigación de Fopea en 2015.
Los gremialistas frutícolas Luis Vega y Julio Aliaga fueron los primeros en animarse a denunciar el desmanejo de fondos del Sindicato por parte de la conducción de López.
A raíz de toda la información expuesta en esa denuncia y por “Río Negro”, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) radicó la denuncia ante la Justicia Federal contra López, Lescano, familiares y alllegados de ambos.
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