Promesas en tránsito

adrián pecollo adrianpecollo@rionegro.com.ar

Siete meses es tiempo suficiente para dar respuestas”. Una simple evaluación que, además, conlleva una notificación de las demoras. La frase pertenece al gobernador Alberto Weretilneck, quien trasladó a miembros del gabinete. Él, también, lo anotó. Esa valoración muestra el problema central: la acción del Estado. Aun los lógicos imprevistos, el frente político se encuentra amarrado y, ahora, las urgencias están en los asuntos de la gente común. La atención salarial vuelve a ser el mayor logro gubernamental. Se pagarán en las próximas tres semanas los haberes y aguinaldos. Luego se prevé para julio un aumento del 7%. No es poco. Sin aporte federal y sin descubiertos, se repite, con limitada verdad. No lo hubo todavía, pero Economía gestiona y prevé una asistencia de Nación por 60 millones. Las cuentas provinciales en el Banco Patagonia promedian descubiertos de 500 a 600 millones. Sí, hay eliminación del costo financiero, a partir de que esos faltantes se cubren temporalmente con los depósitos para fines específicos o de las sociedades. Su uso bancario es contable, pero el descubierto persiste. Otra versión es fantasía pura. En el resto hay ofrendas pero pocas “respuestas”. Inexperiencia, impericia e indecisión. Son las circunstancias que explicarían el letargo. Los noveles funcionarios requieren siempre la orden del gobernador. No se conocen, dudan de su pensamiento, están desacoplados y, temerosos por su lugar, esperan. Este estado produce otras dos claras complicaciones: los conflictos reclaman siempre la presencia personal de Weretilneck y ni el tiempo ni el cuerpo le permiten semejante centralización del poder. Ya el Estado generó una etapa de desaciertos. El oscurantismo burocrático multiplicó las trabas y se salió con trámites anómalos. El “legítimo abono” –un mecanismo de pago de servicios o bienes ya recibidos– es un contrato directo y, totalmente, irregular. Esa excepcionalidad administrativa se transformó hoy en un trámite habitual. Sin timidez, el ministro de Obras Públicas, César Del Valle, admite ese camino para formalizar arreglos escolares. Tal criterio es paradójico cuando Del Valle designó como directora legal a Silvina Pesado, contratada en la Fiscalía de Estado en el 2011 por “legítimo abono”, y el nuevo Tribunal de Cuentas abrió una sanción al exfiscal Alberto Carosio por esa “irregularidad”. El ejemplo de desvarío está en el despacho más próximo. Hay demandas reales y Weretilneck tiene siempre su respuesta. Pero esa sucesión de promesas en tránsito ya se traduce en contrariedades, porque son más incumplimientos que concreciones. Esa inquietud llegó a los productores frutícolas. Allí emerge otro compromiso roto, ya que existen dificultades para obtener nuevos fondos para el sector. Aún alteradas, las cámaras aceptaron aguardar hasta la semana próxima por resultados gubernamentales, aún por verse ante Nación. Pero esta movilización sigue dañando la fuerte relación de Weretilneck con el senador Miguel Pichetto, a partir de la exposición del ministro Juan Manuel Pichetto. La primera alarma se detectó cuando apareció la divergencia entre ellos por la posible creación de una estructura estatal de comercialización (Corpofrut), que Weretilneck impulsó por una propuesta del dirigente díscolo Carlos Carrascós. Ambos cipoleños mantienen un viejo y sólido trato. El ministro fue fustigado el viernes por algunos productores (se pidió incluso su renuncia), aunque la crítica más perturbadora se originó en Carrascós. ¿Pichetto sabrá despegar a ese dirigente de Weretilneck? ¿Algo habrá ocurrido que rápidamente el gobernador salió a defender a su funcionario? El apremio frutícola viró en brete político. Otros anuncios siguen aferrados a la ambigüedad, como el tratamiento de la deuda. Falta claridad sobre qué ocurre con los expedientes anteriores al 10 de diciembre. La meta de revisión desapareció pero, por lo menos, habrá que exigir un procedimiento transparente. El listado de acreedores totalizó 137 millones, exponiendo una merma llamativa sobre las estimaciones oficiales. A los pocos días, el gobierno incorporó planillas en la Comisión de Transacciones por otros 27 millones. Allí figura un expediente del Ipross de 18 millones del Colegio de Farmacéuticos con una solicitud de excepción del presidente de la obra social, Fabián Zgaib. Equivale a su apartamiento para un pago diferencial. ¿Por qué? Los farmacéuticos fueron los únicos prestadores que –entre diciembre y enero– cortaron el servicio, que exigió un plan de emergencia. No hay razón conocida para semejante concesión de parte del Estado. Además, hay innovaciones de hombres pensadas aunque Weretilneck, primero, tendrá que concretar los cambios dispuestos y postergados. El reginense Oscar Díaz y el viedmense Roberto Meschini esperan el mandato final para asumir en Canal 10 y en la Secretaría de Empresas Públicas. En contrapartida, funcionarios corridos subsisten en sus lugares, como Juan Pablo García, el gerente del Tren Patagónico que quedó inmolado por su enfrentamiento con el intendente Javier Iud. Tendría en trámite un puesto en la planta de esa sociedad, burlando que lo suyo ya no es un cargo político. Esas reacciones afloran frente al diferimiento de las formalidades. Así, Julián Goinhex sabe de su desplazamiento de la Secretaría General y, frente a la dilación, el roquense se ubicó al mando de Canal 10. Weretilneck se adelantó y quiso cerrar un capítulo judicial. Convocó al Consejo de la Magistratura para aceptar la renuncia de Víctor Sodero Nievas, aunque su fecha de retiro recién se concretará en siete meses (31 de enero del 2013). Alentó e introdujo un claro límite en el acta del Consejo: Sodero no podrá cobrar sus vacaciones. Registra 128 días hábiles, es decir, más de seis meses. Su alejamiento –en los hechos– se daría en agosto si decide acogerse a esa licencia o, de lo contrario, perderá ese beneficio. En cambio, el monto pretendido rondaba los 300.000 pesos. El pago del STJ de vacaciones en favor del renunciado Luis Lutz originó una denuncia de “administración fraudulenta” contra Sodero Nievas y, entre otros, Alberto Balladini. La distinción vacacional del Consejo derivó en dos disímiles interpretaciones: “se muestra que el STJ se extralimitó al abonar esas licencias” o, la visión opuesta, si no existía restricción –como se fijó– es que se podían pagar. Este último análisis es el pensamiento defensivo de Sodero Nievas frente a la imputación. El magistrado persiste en el corrimiento de las fronteras del sentido común cuando pregona, además, que dispondría de margen todavía para acceder al cobro de las vacaciones después de enero del 2013. Todo es posible igual en el enmarañado criterio de un Poder que permite toda conclusión, como desechar 1.200 fojas de investigación penal, centrada sólo en dilucidar la presunta “compra fraudulenta de 42 neumáticos y de 40 baterías” de Altec, bajo la presidencia del imputado Guillermo Campbell. El fiscal Enrique Sánchez Gavier desestimó todo en favor de los acusados. Entendió que la denuncia fue “plantada” por la posterior conducción de Adrián Brusino, que el legislador Carlos Peralta –hoy vicegobernador– “no denunció nada sino que presentó lo que salió en los diarios”, que el fiscal de Investigación Pablo Berraz actuó con intencionalidad, que la instrucción del juez Miguel Gaimaro Pozzi fue deficiente y que un testimonio central resultó “huérfano”. Consideró que no existían pruebas, azotando la presentación de Peralta, que sólo calló. Hoy, ocho años después, parece que nada ocurrió y nadie es responsable. Este descarnado resultado se compara con las cuestionadas revisiones –en su mayoría, formales– de la Cámara de Viedma (Sala A) en tres expedientes con procesamientos de ex funcionarios de Gobierno, Ipross y Deportes. El bloque del Frente, que preside Pedro Pesatti, elabora una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra los camaristas. Ocho años destinados a una investigación hoy irreverente o siete meses en la preparación de un nuevo gobierno. Los tiempos, siempre los tiempos. Las promesas también tienen plazos limitados.