Qué dice el protocolo de actuación profesional

“Cuando un niño, niña o adolescente es víctima de cualquier delito de abuso sexual deben resguardarse los derechos inherentes a cualquier persona, en este caso puntual, el interés superior del niño, el derecho a opinar y ser escuchado, el derecho a ser respetado, a la integridad, dignidad, intimidad y a la privacidad”, destacan las operadoras de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi), Gladys Gzain, licenciada en trabajo social forense, Virginia Ansola, psicóloga, y Graciela Hussein, psicopedagoga.

“La necesidad de un protocolo permite ordenar las prácticas profesionales, porque el discurso del abuso desorganiza no sólo al que lo padece sino también a quienes escuchan. Suelen los niños, niñas y adolescentes, muchas veces, relatarlo en las escuelas o en otros ámbitos como la consulta médica, logran ahí descubrir que hay un adulto que puede escucharlos y protegerlos”, destaca Hussein.

En cuanto a acciones concretas, “se trabaja en la inmediatez del otro, en la protección, en la contención emocional y en las distintas tomas de decisión relacionadas a cómo se hace la denuncia y en qué momento se debe realizar”.

En el ámbito educativo se convoca al consejo directivo, al supervisor y al equipo interdisciplinario de educación (ETAP) que comienzan a diseñar un primer dispositivo. En salud se valora el estado físico y además se da intervención a Trabajo Social y a Salud Mental, se evalúa la pertinencia de la denuncia penal en sede judicial. Corresponde siempre evaluar si hay algún familiar adulto capaz de denunciar.

En el caso del inicio de acciones penales, deben ser entendidas como parte del proceso de intervención, contemplando como eje directriz el interés superior del niño, cuando existen intereses enfrentados con los adultos.

“Un protocolo permite ordenar las prácticas profesionales. El abuso desorganiza al que lo padece y a quienes escuchan”.

Graciela Hussein, de la Oficina de Atención a la Víctima.