¿Qué están pidiendo?

Claramente resueltos a continuar desempeñando un papel protagónico en el drama argentino, los cuatro integrantes de la Comisión Ejecutiva del Episcopado, liderados por el arzobispo Estanislao Karlic, acaban de sorprender a tirios y troyanos pidiendo a la presuntamente piadosa representante del FMI, la italiana Teresa Ter Minassian, un «alivio del peso» de la deuda externa que, como subrayaron, nos está costando 25 millones de dólares por día. Para muchos, se habrá tratado de un gesto muy positivo que, además, refleja la actitud del papa Juan Pablo II, quien también está reclamando la condonación de las deudas de los países más pobres, aunque preferirían pasar por alto el hecho de que, por ahora cuando menos, la Argentina no se incluye en esta categoría. Antes bien, por ser un país de ingresos medianos, en buena lógica debería estar ayudando a sus «hermanos» menos desarrollados, posibilidad ésta que por alguna razón los eclesiásticos nunca han pensado en plantear.

Pero, como los obispos mejor informados sabrán, sólo era cuestión de un gesto, porque el FMI no figura entre los acreedores significantes que, en el caso de la Argentina, consisten en decenas de miles de tenedores de bonos. ¿Reaccionarán estos inversores grandes y pequeños, muchos de los cuales son argentinos, arrepintiéndose de su codicia para entonces entregar una parte de sus ahorros al Estado? ¿O decidirán que dadas las circunstancias les convendría vender los bonos que tienen cuanto antes no porque les moleste «oprimir» al pueblo argentino poseyéndolos sino porque sospechan que el país está haciéndose cada vez más riesgoso? Si optan por la primera alternativa, los obispos podrán felicitarse por el éxito en el corto plazo de sus súplicas; si, como es de prever, se sienten aún más preocupados por las perspectivas del país, su actitud hará subir algunos puntos más los costos del dinero, de suerte que la insólita intervención episcopal resultará contraproducente.

Por cálculo o por ingenuidad, los obispos están colaborando con los políticos y sindicalistas más demagógicos en un esfuerzo por exportar la responsabilidad por la extrema desigualdad que caracteriza a la sociedad argentina. Hablan como si creyeran que si no fuera por la influencia maligna de los países avanzados la Argentina sería un dechado de equidad y prosperidad en el que no habría ni «ajustes» ni «impuestazos». Por motivos evidentes, esta tesis es compartida por muchos «dirigentes», sobre todo los que se las han ingeniado para vivir maravillosamente bien en las provincias más pobres. Aunque no lo expresarían así, lo que ellos quieren es que la Argentina reciba un subsidio internacional generoso para que cada legislador formoseño pueda continuar manejando más de un millón de dólares anuales.

No se equivocan los obispos cuando lamentan la «enorme inequidad social» que se da en la Argentina, pero su resistencia a considerar la posibilidad de que se trate de un problema netamente interno al cual los acreedores han hecho escaso aporte supone que, lejos de contribuir a remediar los males que denuncian, sólo atinan a consolidar el statu quo. Por supuesto, es más fácil y más simpático culpar a los «neoliberales» neoyorquinos o los funcionarios del FMI por todo cuanto sucede aquí de lo que sería enfrentarse con políticos, sindicalistas, evasores impositivos y otros, la mayoría de los cuales no deja pasar una sola oportunidad de llamar la atención proclamando la «profundidad» de su fe católica, pero tal actitud hace pensar que en muchos casos sus inquietudes sociales tienen más que ver con su afán de cumplir un rol político destacado que con la solidaridad auténtica. Mal que les pese a estos obispos, los problemas planteados por la extrema pobreza en un país semidesarrollado como la Argentina no son tan sencillos como les gusta creer. Están íntimamente vinculados con una cultura política determinada con la cual la Iglesia Católica local siempre se ha sentido comprometida y que, a juzgar por su actuación reciente, los obispos están decididos a seguir respaldando, valiéndose de la virtual inmunidad contra las críticas ajenas que les supone su investidura.