¿Quién es quién?

...o el proceso de cooptación del pensamiento educativo y gremial



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HÉCTOR L. RONCALLO (*)

Soy patrón o soy trabajador. El discurso único es confuso, sin bordes y altamente peligroso. El espacio o territorio sindical es y debe ser libre, con capacidad de decidir con independencia, y eso no es posible cuando se confunden los bordes. Todo es confuso... pero en estos tiempos se ve con claridad quién es quién. Se confunde poder gremial con el partidario, el gubernamental con el poder gremial. Todo se refleja en el “café entre amigos”. Sólo la imagen es igual al objeto cuando se observan entre sí en el espejo, pero nunca puede haber imagen igual de objetos diferentes. Nunca pueden ser iguales gremio y gobierno y éste es el problema. No se sabe quién es quién. Hasta ayer nomás un sector de nuestro sindicato –que hoy conduce la organización– decía que nada servía, que todo era indigno y hasta cualquier avance real era considerado una traición. Avances que incluso hoy se siguen usando sin ningún tipo de modificaciones, situación que destruye en la propia práctica los argumentos que por entonces se usaban para rechazar. Se inventa un factor salarial denominado “formación permanente” que “se establece para desarrollar una política de formación docente continua”, según consta en acta paritaria del 12 de marzo del presente año. Es una contradicción de la propia esencia del Estado y de los docentes. ¿No es acaso obligación del Estado garantizarlo y no tener que reconocer un valor monetario como el denominado?, por eso, al pan, pan y al vino, vino, como decía una propaganda. Es decir, el verdadero sentido de la palabra: formación es formación y es obligación de Estado llevarla adelante tal como lo expresa el artículo 62 de la ley Nº 2444. El salario debe ser como corresponde, sin incorporar valores ilegales que degradan el mismo y achatan permanentemente el salario de los trabajadores. Convencido de que en la etapa del nuevo gobierno se dejarían de lado aberraciones pedagógicas y políticas asumidas en el gobierno anterior, en las cuales opuse mi criterio en las funciones en las que me tocó actuar, observo que no se dejaron, se ratificaron y se aclararon como continuidad a pesar de saber siempre, en algunos de los temas, que la Constitución de Río Negro lo prohíbe. En el primer análisis público de la posible reforma de la ley de Educación de la provincia y ante la crítica de una escuela privada, el Ministerio de Educación ratifica la continuidad de subsidios a ese tipo de escuelas cuando en realidad sólo se permite a establecimientos de carácter gratuito y que cumplan una clara función social. Por otra parte se reafirmó la aberrante fragmentación pedagógica en Río Negro, al mantener la estructura de supervisiones para escuelas privadas cuando la ley sólo obliga la existencia de supervisores que acceden a través del sistema concursal o por orden de méritos de acuerdo con listados de puntajes emitidos por la Junta de Clasificación respectiva. Al mantener este sistema se divide al mismo en escuelas privadas y estatales y el Estado se desentiende totalmente del control que le asigna la Constitución provincial, toda vez que quien controla a dichas escuelas es propuesto por los dueños de dichas instituciones. Las opiniones escritas en el artículo “Acerca del nuevo proyecto educativo provincial: verdades y mentiras”, de febrero del corriente año, no sólo hoy son realidad sino que se agravan aún más con las definiciones autoritarias y degradantes hacia la función de directores y supervisores, toda vez que mediante decreto provincial se da autoridad de decisión en suspender actividades educativas a quien tiene un cargo partidario, denostando a quienes viniendo del escalafón docente viven los “detalles” del edificio escolar. En lugar de aplicar las leyes y sancionar a quienes “abusan” de las decisiones según expresiones del gobernador, y/o exigir definiciones sobre las decisiones, se opta por trasladar las mismas al poder partidario, lo que pone en la superficie el verdadero objetivo, el control total y el desapego de las leyes educativas. Cuando se establece como eslogan “todas y todos por una escuela pública popular y democrática” y se niega la capacidad para decidir, se mantiene y agudiza la fragmentación entre educación estatal y educación privada, se arma un supuesto proceso de participación para definir una nueva ley previendo cero tiempo de análisis y debate del texto de los artículos de la ley que se pretende sancionar, ya que está previsto que en septiembre del corriente se sancione en la Legislatura; cuando no se permite elegir por el voto directo a los padres y a los docentes en los “consejos escolares”, entonces el eslogan es realmente una muestra más del cómo sí, el no respeto a las minorías y la presencia de que sólo se piensa como la autoridad o no hay otra forma de pensar. Pensar en una nueva ley de Educación propiciada desde la cúpula, en términos generales y controlar todo y evitar el debate, echa por tierra la tan declamada inclusión. Desde las autoridades educativas centrales se dejaron sin efecto designaciones de sumariantes que contaban con el aval de la organización gremial, teniendo en cuenta la composición de ley de la representación docente, en mayoría, para que la voz de los docentes que viven la escuela puedan analizar los problemas de relaciones, de disciplina y hasta de actos en contra de los derechos y obligaciones de alumnos y docentes. Esa regla de respeto con el gremio “se rompe” este año, designando nuevamente sumariantes ahora desde el poder de gobierno. Todo es confuso ya que los representantes gremiales nada dijeron, pero sí manifestaron expresiones en defensa del maestro ministro-megasueldo, no reconociendo los procedimientos de presión y el intento de silenciar a los trabajadores que pretenden expresar posiciones diferentes, tal como las decisiones de echar a compañeros que acatan medidas de paro y descontar salarios por el mismo motivo, lo que es muy grave y nada dice la conducción central del gremio. Si avalan estas decisiones de sancionar y echar a docentes toda vez que piden permiso al patrón de la conducción para ver si algo pueden decir y aparecen como críticos al castigo del no receso para escuelas que se quejan, pero nada harán para exigir definiciones serias y efectivas a quienes son los verdaderos responsables que aplican la pedagogía de los trailers. Parecen ser una especie de ministro que dicen sí a todo lo que se le ordena desde el poder político partidario gubernamental. Todo es confuso, en las contradicciones de antes y de ahora, de directores de nivel en la defensa de las cargas laborales, en las estrategias pedagógicas, en la reafirmación del facilismo y de las decisiones asumidas por estas autoridades de promocionar con tres asignaturas adeudadas y de avalar trayectorias escolares que tienden al facilismo educativo. Todo es confuso cuando desde la conducción gremial se propician firmas para avalar un salario que fuera rechazado en congreso de la organización, es decir se confunden funciones y nada se dice del megaaumento de los funcionarios. Todo es confuso, claro y evidente a la vez. La ley de Educación que se proyecta en estas condiciones sólo reflejará una posición de dominio y no lo que podría el conjunto definir si se mantienen estas estrategias y procedimientos que sólo definen un cómo sí en la participación. Es claro y evidente que el Poder Legislativo en lugar de propiciar y defender la verdadera democracia en la representación de padres, docentes y alumnos en el gobierno de la educación, convalida con su poder autoritario el dedo y el cómo sí. Es claro y evidente, el poder por el poder mismo es el objetivo, no la inclusión real, social y democrática. Grave error de la democracia. (*) Profesor, ex secretario general de la Unter, ex vocal gremial docente en el Consejo Provincial de Educación de Río Negro


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