Radiografía de la crisis del transporte urbano en Río Negro

Aumentos de tarifas, eliminación de recorridos, protestas de los choferes, días de colectivos cruzados en las calles como forma de protesta, suspensión de trabajadores. Ni los 350 millones de pesos que entre Nación, Provincia y municipios entregaron en forma de subsidios a las empresas de micros urbanos de Río Negro lograron garantizar que este servicio público funcione como corresponde. Con el recambio de autoridades políticas en los tres niveles, esos aportes serán revisados.

Hasta el año pasado era el Estado Nacional el que garantizaba los beneficios a las distintas jurisdicciones, tanto provinciales como municipales.

Los criterios de cálculo eran varios (índice pasajero por kilómetro, zona geográfica, variaciones en las estructuras de costos, entre otros puntos) y se distribuía a través de distintos mecanismos: Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), Compensaciones Complementarias Provinciales (CCP) y Cupo Gasoil.

Desde enero, Nación modificó el esquema de envíos, exigiendo a la provincia a garantizar el 50% de los importes transferidos en el 2018 y se dejó a cada jurisdicción que disponga cómo equiparar los beneficios recibidos hasta el año anterior “siempre con la premisa de hacer eficientes los servicios”, aseguró el subsecretario de Transporte de la provincia Juan Ciancaglini.

Este año los montos de los subsidios se modificaron con la retracción federal y lo que motivó la aparición en escena de Provincia, que firmó acuerdos con cada municipio, logrando consensos para el pago del 50%, en 12 cuotas mensuales. Pero no todos los municipios “pusieron” en la misma proporción.

Para equiparar las pérdidas las empresas restringieron frecuencias, aumentaron tarifas y redujeron cantidad de vehículos y choferes.

El desembolso mayor para el transporte urbano fue del Estado rionegrino, que desembolsó este año unos 183,5 millones, contra unos 100 que envió Nación. El resto corresponde a la mayoría de los municipios con servicio urbano. Por ejemplo, Viedma invirtió 15 millones de sus arcas para garantizar la continuidad del servicio.

Una radiografía hacia el interior de la distribución permite detectar las distorsiones en que se desenvuelve al transporte automotor de pasajeros frente a la última explosión inflacionaria.

El servicio urbano en Río Negro se presta en Allen, Cinco Saltos, Cipolletti, Roca, San Antonio, Bariloche, Sierra Grande y Viedma, y concentra unos 290 millones con los aportes entre Nación y Provincia. El resto es de municipios, aunque no todos lo hacen en la misma proporción.

Paralelamente, para las líneas interurbanas, Río Negro compensó con un 20% los montos que se recibían hasta el 2018, y se otorgó subsidios a cuatro líneas que no habían recibido nunca. “Así se garantizó el cumplimiento sin interrupciones de todas y cada una de las prestaciones provinciales”, dijo Ciancaglini.

El funcionario señaló que no existen novedades sobre cómo será la administración de subsidios en la nueva gestión.

Además aclaró que en el presupuesto provincial se fijaron importes actualizados, y se está analizando un sistema general y equitativo de repartos, teniendo como piso los importes que se repartieron en 2019, haciendo más eficientes los servicios y utilizando parámetros objetivos, como el índice pasajero por kilómetro recorrido.

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Bariloche: millonario aporte municipal y el boleto más caro

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El servicio de transporte urbano en Bariloche debió adecuarse a la desaparición del subsidio aportado por el gobierno nacional hasta diciembre de 2018 y hoy se mantiene en equilibrio inestable gracias a un millonario aporte municipal que no estaba presupuestado, el recorte en algunas frecuencias y un aumento tarifario que superó el 52%.

El sistema en Bariloche está a cargo de la empresa Mi Bus, perteneciente al grupo sanjuanino Semisa, y comprende un total de 22 líneas.

Una de las decisiones del gobierno municipal fue el rediseño de recorridos y frecuencias para achicar los kilómetros recorridos, que se redujeron más de un 10%. El director municipal de Tránsito y Transporte, Carlos Catini, explicó que “por contrato” la empresa sólo está obligada a cubrir 544.000 kilómetros mensuales. El año pasado, demandas vecinales de por medio, llegó a extender sus servicios a 650 mil kilómetros. En la actualidad y luego de varios recortes, los colectivos de Mi Bus recorren entre 580 mil y 610 mil kilómetros cada mes. Algunas líneas que circulaban cada 30 minutos ahora tienen esquemas de 40 minutos (como la 21) y otras también han sufrido achiques similares como la 61 y la 80/81.

Catini dijo que la reprogramación apunto a eliminar servicios en los horarios “que eran muy poco demandados” y también hubo refuerzos en otros. Y extensión de algunos recorridos como el de la línea 51.

Dijo que el objetivo es mantener en todos los casos una ecuación rentable en el índice de pasajeros/kilómetro, que no debería bajar de 2,5. Aseguró que el promedio en Bariloche es 1,8.

Hubo intentos del municipio por suprimir, por ejemplo, los servicios nocturnos de la linea 20, pero debió retroceder ante las protestas de los usuarios.

Subsidios

Hasta el año pasado el sistema de transporte barilochense recibía de la Nación un subsidio de 16 millones de pesos mensuales. Desde que desapareció la mayor carga fue absorbida por el municipio, que comenzó en febrero a transferir 6 millones por mes a la empresa para “aportar al pago de sueldos” y aún así, por las demoras en las liquidaciones, en la primera mitad del año no pudieron evitar las medidas de fuerza.

Desde agosto el municipio aumentó la asignación a 8 millones de pesos y ya incluyó en el presupuesto 2020 una partida de 100 millones para mantener el subsidio.

Provincia participa con un subsidio propio de 7,5 millones que mantuvo fijo todo el año, mientras que la Nación deriva a Bariloche 2,5 millones de pesos. Una suma que también permaneció sin cambios. Desde el municipio admiten que el sistema necesita “una reforma de fondo” todavía pendiente, que incluirá un nuevo esquema de recorridos para evitar superposiciones y otras ineficiencias. En este caso no hubo suspensiones ni despidos.

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En Roca, el servicio pende de un hilo

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El último año fue el más conflictivo para la empresa de colectivos urbano de Roca, 18 de Mayo.

La reducción del subsidio desde Nación complicó las arcas de la empresa que tuvo algo de oxígeno con una refinanciación de AFIP y de los trabajadores, en una primera etapa. “Los empleados aguantaron hasta cinco meses el no pago de la actualización de los salarios (fijado un 20%), pero llegó un momento en que no aguantaron más y explotó todo”, comentaron desde la empresa.

El subsidio compartido propuesto por Nación no dio los resultados esperados y la empresa entró en crisis. Desde principios de año comenzó a recibir sólo el 25% de Nación y un 50% de la provincia. En total ese dinero fue de $3.300.000. El 25% restante, que debería aportar el municipio, nunca lo hizo. Sólo aportó en el último mes, la primera de cuatro cuotas de subsidio por un monto de $1.250.00 cada una. Este aporte destrabó el conflicto con los trabajadores, que realizaron retención de servicios durante 13 días seguidos. Por ahora la empresa sigue hasta marzo.

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En Cipolletti, dos aumentos de tarifas en lo que va del año

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El recorte al subsidio del transporte público generó muchas diferencias entre el Ejecutivo y la firma Pehuenche. Recién con el incremento que se fijó en noviembre y que se puso en vigencia días atrás hubo cierto alivio por parte de la empresa. La tarifa actual es de $34,74.

Fue un 26% de aumento, el segundo del año. El anterior se dio en marzo y estuvo relacionado con la quita de subsidio, ya que el municipio decidió no aportar dinero extra. El argumento en ese momento del intendente Aníbal Tortoriello fue que no estaba previsto en le presupuesto. El Ejecutivo entregó 6.200 litros de combustibles por mes. En diciembre se incrementaron 1.000 más.

El resto se compensó con el aumento de tarifa y el aporte de provincia que se hizo cargo del 40% aproximadamente.

Además, para evitar un nuevo incremento en mayo, el municipio subsidió con 35 mil pesos durante seis meses.

La tarifa hace un año era de $17.66 pesos. En diciembre de 2018 se incrementó un 24% y trepó a 22. En marzo aumentó un 25% y llegó a 27,50 que era el valor hasta el mes pasado. La quita de subsidio representó cerca del 70%, alrededor de 20 millones de pesos. Tras varias negociaciones se resolvió que provincia aporte el 50% de lo que se subsidió en 2018 pero que este año representa alrededor del 40% Nación colaboró con un 20%.